Cinco maneras de garantizar que mujeres con discapacidad lideren iniciativas para eliminar la discriminación y violencia de género.

Al mantener a las mujeres y niñas en el centro del diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas orientadas a eliminar la violencia contra las personas con discapacidad, se garantiza la efectividad y el verdadero alcance de estos programas en la formulación de políticas.

Esta estrategia ayudará también a confrontar las percepciones erróneas de que las mujeres y niñas con discapacidad no pueden tomar decisiones por su cuenta ni participar en la vida cívica, lo que alimenta la violencia, la invisibilización y un menor estatus social, y limita la solidaridad entre las mujeres y niñas con discapacidad.

El capacitismo, ya sea consciente o inconsciente, puede enquistarse profundamente en las instituciones, sistemas o la cultura general de una sociedad.

Incluso las organizaciones que trabajan para terminar con la violencia contra las mujeres pueden desconocer las actitudes y los supuestos subyacentes que ubican en desventaja a las mujeres y niñas con discapacidad. Las arraigadas percepciones erróneas de pasividad, incapacidad, dependencia y desamparo se interrelacionan con las normas sociales sobre las mujeres y niñas, lo que crea un círculo vicioso de exclusión.

Por tanto, los Gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, el activismo y todas las partes interesadas deben confrontar sus propios sesgos y garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad sean vistas con todas sus características humanas, y no sean infantilizadas ni marginadas.

La mejor manera de hacerlo es volver a la primera estrategia: garantizar la participación de las mujeres y niñas con discapacidad en la elaboración de las políticas que afectan sus vidas. Tal como reza uno de los eslóganes del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad: “nada sobre nosotras sin nosotras”.

Los sistemas jurídicos y políticos deben atender las causas profundas de la violencia y discriminación de género que afectan a las mujeres y niñas con discapacidad, como el aislamiento social y el estigma.

Los Estados deben garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder en pie de igualdad a esquemas de protección social, trabajo de cuidados remunerado, programas para reducir la pobreza, educación y otras formas de apoyo. Estos programas deben adoptar un enfoque interseccional y tomar nota de los desafíos superpuestos a los que se enfrentan las mujeres.

Los Gobiernos, el sector empleador y otras partes interesadas —como las organizaciones de personas con discapacidad— deben garantizar que las personas con discapacidad no queden segregadas de la sociedad. Las mujeres y niñas con discapacidad, ya sean estudiantes, trabajadoras o adultas mayores, deben estar integradas a las sociedades donde viven.

Asimismo, sus familias deben participar en el trabajo de estas organizaciones para poder profundizar en los desafíos que pueden enfrentar y en la creación de un entorno amoroso y propicio para su desarrollo.

Al reducir el aislamiento y estigma, y atender la discriminación, las mujeres y niñas con discapacidad pueden llevar vidas más seguras y plenas.

Los organismos gubernamentales, como los ministerios de salud, de políticas sociales y de educación, deben colaborar estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquéllas de personas con discapacidad, así como otras partes interesadas, para garantizar que sus servicios lleguen a las mujeres y niñas con discapacidad.

Las organizaciones, instituciones y redes involucradas en la eliminación de la violencia y discriminación contra las mujeres y niñas deben buscar activamente aliarse con grupos que trabajan para las personas con discapacidad. De este modo, podrán incluir en sus programas contra la violencia de género derechos relativos a la discapacidad y aprender mutuamente sobre las complejidades de la intersección del género, la discapacidad y la violencia.

Las mujeres y niñas con discapacidad son un grupo diverso de personas que viven en una amplia variedad de contextos. Algunas políticas que parecen perfectas en el papel en ocasiones fallan en el mundo real, ya que pueden pasar por alto los desafíos específicos que enfrentan determinadas mujeres y niñas.

Por ejemplo, las mujeres —en especial aquellas con discapacidad— asumen una desproporcionada carga de responsabilidades de cuidados no remunerados, lo que limita su acceso a oportunidades económicas. Los sistemas de cuidados deben ser capaces de dar respuesta a las necesidades de las mujeres con discapacidad para promover su seguridad económica.

Deben revisarse las leyes sobre cuidados y otros temas a fin de garantizar el reconocimiento de todos los derechos de las personas con discapacidad. Las leyes deben tener en cuenta las experiencias y necesidades específicas de las mujeres con discapacidad, y atender todas las formas de violencia que enfrentan, ya sean físicas, sexuales, psicológicas o económicas.

Con estas cinco estrategias en mente, las políticas públicas, las organizaciones de la sociedad civil y de personas con discapacidad y todas las partes interesadas pueden centrar sus programas para eliminar la violencia de género en las mujeres y niñas con discapacidad.

El trigésimo aniversario de la Declaración de Beijing presenta una oportunidad única para fortalecer las iniciativas para eliminar las formas de discriminación y violencia contra todas las mujeres y niñas con discapacidad. Todo el mundo, sin importar su género ni su condición respecto a la discapacidad, tiene derecho a vivir sin violencia ni discriminación.