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22.08.2026 Alamo, Ver.- Cinco elementos activos de la Secretaría de Marina y un agente de la Policía Estatal de Veracruz fueron capturados por su presunta participación en un caso de secuestro exprés y extorsión contra un hombre y una mujer en el municipio de Álamo Temapache, al norte de Veracruz.
Los seis servidores públicos fueron capturados el 20 de agosto de 2026 y quedaron a disposición de las autoridades judiciales. La investigación los relaciona con hechos ocurridos en noviembre de 2025, cuando presuntamente interceptaron a las víctimas durante un patrullaje sobre la carretera Álamo-Tihuatlán.
Los detenidos fueron identificados como Ángel de Jesús “N”, de 23 años; Gabriel “N”, de 32; Yahir “N”, de 24; Pedro “N”, de 44; Omar David “N”, de 23, todos ellos elementos de la Secretaría de Marina, además de Noé Alberto “N”, de 32 años, integrante de la Policía Estatal de Veracruz. Los seis permanecían en activo cuando fueron detenidos.
De acuerdo con los datos de la investigación difundidos hasta ahora, los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detuvieron a la pareja. Durante la revisión presuntamente localizaron entre sus pertenencias una pistola de fabricación casera calibre .22.
La acusación sostiene que, en lugar de trasladar a las personas ante la autoridad correspondiente, los agentes habrían utilizado el hallazgo del arma para exigirles dinero a cambio de permitirles continuar su camino.
Según las indagatorias, inicialmente se habría solicitado un pago de 100 mil pesos. Posteriormente, las víctimas habrían realizado una transferencia de 30 mil pesos a una cuenta relacionada con uno de los elementos señalados.
La investigación establece que el episodio no terminó con el supuesto pago. La pareja habría sido trasladada en una patrulla hacia un camino de terracería ubicado entre las comunidades de La Reforma y Estero del Ídolo, dentro de Álamo Temapache.
En ese lugar, de acuerdo con la versión incorporada a la investigación, las víctimas permanecieron retenidas mientras los presuntos responsables se comunicaban con familiares para solicitar una cantidad adicional de dinero a cambio de dejarlas en libertad.
La suma señalada en las indagatorias habría llegado a 130 mil pesos, integrada por una transferencia de 30 mil pesos y un pago posterior de 100 mil pesos realizado para conseguir la liberación de la pareja. También se reporta que los afectados habrían sido despojados de teléfonos celulares y otras pertenencias.
Existe una diferencia en los reportes públicos sobre la fecha exacta de los hechos. Algunas publicaciones ubican el caso el 2 de noviembre de 2025, mientras que la Secretaría de Marina, al informar sobre la investigación, hizo referencia al 3 de noviembre de ese año. La coincidencia entre los reportes está en que el episodio ocurrió en noviembre de 2025 sobre la carretera de Álamo a Tihuatlán.
La detención de los seis elementos se produjo casi diez meses después de los hechos investigados. Su caso quedó en manos de un juez de control del distrito judicial de Tuxpan, quien deberá determinar su situación jurídica conforme avance el procedimiento penal.
La Secretaría de Marina confirmó que sus cinco elementos son objeto de una investigación y manifestó su disposición para colaborar con la Fiscalía General del Estado de Veracruz y con las autoridades competentes.
En un pronunciamiento difundido tras las detenciones, la institución señaló que no tolera conductas contrarias a la legalidad, la ética, la disciplina y los valores que rigen el servicio naval. También estableció que cualquier integrante que incurra en conductas ilícitas deberá responder ante las autoridades, independientemente de las posibles responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales.
El caso ocurre mientras Álamo Temapache atraviesa otro episodio relacionado con cuestionamientos al desempeño de corporaciones de seguridad. Días antes de estas detenciones se registraron protestas de habitantes contra la Policía Municipal, en las que se denunciaron presuntos abusos, detenciones arbitrarias e intimidaciones. A raíz de esa situación, fueron anunciados cambios en la corporación municipal.
La investigación contra los cinco marinos y el policía estatal corresponde a un caso distinto, aunque ambos episodios han colocado bajo revisión la actuación de los cuerpos encargados de la seguridad en la zona.
Por ahora, los seis detenidos conservan su calidad de personas imputadas y será la autoridad judicial la que determine si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso y bajo qué medidas cautelares deberán enfrentar las siguientes etapas del procedimiento.
La Fiscalía deberá presentar ante el juez los datos de prueba que, según su investigación, relacionan a los seis servidores públicos con la privación de la libertad, las exigencias económicas y el resto de los hechos denunciados por la pareja.
El proceso judicial permitirá establecer también el grado de participación que habría tenido cada uno de los detenidos y determinar si las acusaciones formuladas por las víctimas encuentran respaldo en los elementos reunidos durante la investigación.
Mientras tanto, la Secretaría de Marina mantiene su colaboración con las autoridades veracruzanas y los seis elementos quedaron sujetos al procedimiento judicial iniciado por los hechos ocurridos en Álamo Temapache.