/Yamiri Rodríguez Madrid /
Tras el anuncio de la cancelación de 10 de las 20 Ciudades Judiciales en Veracruz, el tema ha vuelto a agarrar mecha. El gobernador Cuitláhuac García dejó en claro hace unos días que la intención no era ahorcar las finanzas ni del Poder Judicial ni de su administración. Pero vamos más atrás.
Primero, en octubre de 2017, con el respaldo del entonces gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, y el aval del Congreso del Estado, presidido por Mariely Manterola Sainz, Edel Álvarez Peña, quien fungía como magistrado presidente del PJE, anunció que se construirían 17 ciudades judiciales, con lo que se concluiría el rezago de más de 50 años en materia legal.
El 3 de junio de 2019, acompañado ahora del mandatario morenista, Álvarez Peña anunció la construcción de 26 Ciudades Judiciales. En el evento público, donde estuvo también el presidente del Congreso, José Manuel Pozo Castro, detalló que 21 de los 26 proyectos, que se construirían en solo un año, serían bajo el esquema de asociación público-privado y que las obras se pagarían una vez que fueran entregadas, teniendo un plazo de 25 años para hacerlo. El resto saldría del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y con recursos del propio poder.
Sin embargo, en 2021, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), detectó entre un cúmulo de irregularidades, entre éstas que cada ciudad pasó de un costo promedio de 13 millones de pesos a 44. Incluso, la ex magistrada presidenta, Isabel Inés Romero declaró que once de las ciudades judiciales eran innecesarias. Pese a que el tema ya llegó a la mañanera presidencial, Edel Álvarez Peña no ha dicho ni esta boca es mía.
Por eso las reacciones no se han hecho esperar. El Partido del Trabajo, por ejemplo, subrayó que debe haber responsables y que estos deben pagar las consecuencias legales. Han pasado ya casi seis años desde el primer anuncio y, las dichosas ciudades judiciales lejos de cumplir su cometido, se están convirtiendo en otro símbolo de la corrupción en Veracruz.
@YamiriRodriguez
