*
21.09.2026 EUA.-Informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que exponen la estructura operativa mediante la cual el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utiliza estaciones de servicio en Jalisco, Veracruz y Michoacán para ingresar combustible robado a la red comercial formal.
Veracruz fue ubicado por dependencias estadounidenses en el centro de una de las redes de comercialización de combustible atribuidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La investigación estadounidense describe un esquema en el que hidrocarburos obtenidos de manera ilícita eran almacenados y posteriormente colocados en el mercado mediante empresas y estaciones de servicio en Jalisco, Veracruz y Michoacán para ingresar combustible robado a la red comercial formal.que, en apariencia, funcionaban dentro de la economía formal.
El embajador de EU en México Ronald Johnson ha advertido este lunes que los cárteles operan en múltiples frentes. “Nosotros también. Las sanciones de la OFAC nos ayudan a atacar toda la red y hacer responsables a aquellos que ayudan a estas organizaciones criminales a operar”, escribió al dar a conocer el reporte de OFAC.
El caso veracruzano fue expuesto de manera detallada por el Tesoro estadounidense en septiembre de 2024 cuando OFAC sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 empresas relacionadas con una estructura de robo de combustible que, de acuerdo con esa dependencia, generaba decenas de millones de dólares anuales para el CJNG. La operación fue coordinada con agencias estadounidenses y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
El principal operador señalado en Veracruz fue Iván Cazarín Molina, identificado por OFAC con el alias de “El Tanque”. De acuerdo con el expediente estadounidense, Cazarín era un integrante de alto nivel del CJNG que reportaba directamente a Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y tenía actividades relacionadas con el robo de combustible en Jalisco y Veracruz.
La particularidad del esquema estaba en que el combustible sustraído no terminaba necesariamente en un mercado clandestino. OFAC documentó que Cazarín utilizaba familiares, colaboradores y prestanombres para controlar empresas vinculadas con la venta de hidrocarburos. Parte del combustible era almacenada en instalaciones ubicadas cerca de la ciudad de Veracruz, en tanques con capacidad para millones de litros, antes de ser distribuida mediante establecimientos de venta al público.
La dependencia estadounidense identificó 11 empresas dedicadas a la venta minorista de combustible que formaban parte de esa estructura en Veracruz. Entre ellas se encuentran Biocombustibles El Jícaro, Dos Océanos Paso del Toro, Etanofuel —que utilizaba comercialmente el nombre G Energy—, Rapicombustibles de Veracruz, Magnocombustibles de Veracruz, Ahorrocombustibles de Veracruz, Econocombustibles de Veracruz, Carburantes Dos Océanos, Dos Océanos Combustibles y Carburantes, Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Océanos y Suministros Combustibles Océanos.
Los registros de OFAC identifican a varias de esas compañías como negocios dedicados formalmente a la venta de combustibles para automotores. Por ejemplo, Etanofuel, S.A. de C.V., constituida en 2015 y ubicada en Veracruz, aparece en la lista de sanciones estadounidenses con el nombre comercial G Energy y con actividad económica correspondiente a la venta minorista de combustible.
La red no se limitaba a las estaciones de servicio. OFAC también señaló a Traver Permisionarios, una empresa veracruzana dedicada al transporte de materiales peligrosos, y a Máquinas EDJA, compañía del sector de la construcción, como empresas que apoyaban las actividades relacionadas con el combustible. Además, la autoridad estadounidense identificó otras 13 compañías establecidas en Veracruz que, según su investigación, estaban vinculadas con José Saúl Rodríguez Hernández, señalado como uno de los operadores que fungían como rostro empresarial de la estructura.
Los registros oficiales de OFAC ubican a algunas de estas empresas fuera de la ciudad de Veracruz. Dos Océanos Paso del Toro aparece registrada en Medellín de Bravo; Multiservicios en Combustible Maye de Veracruz tiene domicilio en Jamapa, mientras que varias sociedades aparecen relacionadas con Veracruz y otras con Alvarado. En este último municipio figuran, entre otras, Combustibles y Lubricantes Maye y Etanoplus, ambas registradas en la calle Úrsulo Galván, en la colonia Las Bajadas.
La estructura descrita por Estados Unidos tenía varios niveles. En el primero estaba la obtención del combustible mediante tomas clandestinas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). En el segundo aparecía el almacenamiento, para lo cual se utilizaban instalaciones con capacidad para concentrar grandes volúmenes. Posteriormente intervenían empresas de transporte y sociedades comerciales. Finalmente, el producto llegaba a establecimientos que operaban como estaciones de servicio.
Ese último paso permitía introducir el combustible de procedencia ilícita a un circuito comercial que, hacia el consumidor final, podía presentarse como una operación ordinaria de compra y venta de gasolina o diésel. OFAC describió expresamente a las gasolineras como negocios aparentemente legítimos utilizados para comercializar el combustible robado.
La investigación también señaló una dimensión familiar y de relaciones personales. OFAC identificó a César Cazarín Molina, “Tornado”, hermano de Iván Cazarín, como otro integrante del CJNG relacionado con las operaciones en Veracruz. También señaló a Domingo Medina Díaz, “El Mingo”, suegro de “El Tanque” y con antecedentes de participación en el sector energético, como beneficiario de parte de las ganancias derivadas de la actividad ilícita. Jahir Cazarín Ramos, sobrino de Iván Cazarín e hijo de “Tornado”, fue identificado como prestanombre o directivo en empresas relacionadas con el combustible.
El mecanismo descrito por OFAC muestra que la operación dependía de algo más que la extracción ilegal de hidrocarburos. El combustible debía ser transportado, almacenado, documentado, comercializado y finalmente convertido en ingresos que pudieran circular dentro de empresas. Por ello, las sanciones estadounidenses alcanzaron tanto a personas como a sociedades de sectores distintos al energético.
El caso de Veracruz también forma parte de una estrategia más amplia atribuida por el Tesoro estadounidense al CJNG. En mayo de 2025, OFAC volvió a sancionar integrantes y empresas relacionados con actividades de robo de combustible y contrabando de petróleo, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta sobre esquemas de contrabando de crudo.
En junio de 2026, el Tesoro estadounidense amplió nuevamente sus acciones contra redes relacionadas con el combustible y describió otro mecanismo vinculado al CJNG: empresas fachada, documentación aduanera falsa y operaciones transfronterizas destinadas a evadir impuestos. En ese expediente, OFAC señaló que determinadas compañías importaban combustible de Estados Unidos hacia México mediante documentación alterada y que las estaciones de servicio recibían los productos para su posterior venta al público.
Aunque ese caso de 2026 corresponde a una modalidad distinta —el contrabando de combustible y la evasión fiscal mediante operaciones transfronterizas—, coincide con el patrón señalado anteriormente en Veracruz: la utilización de compañías aparentemente comerciales para colocar hidrocarburos dentro de circuitos legales de distribución.
La actividad relacionada con combustible también aparece en las acciones de OFAC de julio de 2026 contra el CJNG, que incluyeron a más de 50 personas y entidades vinculadas con distintas actividades del grupo criminal en México. El Tesoro estadounidense ha señalado que el robo y contrabando de hidrocarburos constituyen una fuente alternativa de ingresos para la organización, paralela a sus actividades de narcotráfico.
En el caso específico de Veracruz, la información oficial disponible permite reconstruir una cadena que comenzaba con la extracción ilegal de hidrocarburos de infraestructura de Pemex, continuaba con su concentración en depósitos de gran capacidad y posteriormente utilizaba empresas de transporte, sociedades mercantiles y estaciones de servicio para llevar el producto al mercado.
Las designaciones de OFAC no equivalen por sí mismas a una sentencia emitida por tribunales mexicanos contra cada una de las empresas señaladas. Se trata de medidas financieras del gobierno estadounidense basadas en las investigaciones de sus agencias y en las facultades de sanción de esa oficina. La propia lista de OFAC mantiene a las compañías identificadas dentro de su régimen de sanciones, mientras que en México pueden existir procedimientos administrativos, fiscales o judiciales distintos para determinar responsabilidades.
El expediente sobre Veracruz, sin embargo, dejó documentada una característica central del modelo investigado por Estados Unidos: el combustible robado podía recorrer prácticamente toda una cadena empresarial antes de llegar al consumidor, utilizando sociedades constituidas formalmente, infraestructura de almacenamiento, transporte y estaciones de servicio para transformar una mercancía obtenida ilegalmente en ingresos dentro del mercado comercial.