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22.10.2026.Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó al dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, de intentar capitalizar las inconformidades de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que el líder opositor acudiera a la movilización realizada el miércoles 21 de octubre en la Ciudad de México.
Durante su conferencia matutina de este jueves 22 de octubre, la mandataria cuestionó la presencia del panista en una protesta que reúne demandas laborales, reclamos por las condiciones de atención médica y desacuerdos con la dirigencia sindical. La presidenta consideró que una cosa es respaldar las exigencias de los trabajadores y otra aprovecharlas para obtener dividendos políticos.
“Otros que se pasan con el oportunismo político y ridículo. ¿Cómo irse a montar oportunistamente en trabajadores que al final dicen: ‘No, eso no’?”, expresó Sheinbaum al referirse a la participación de Romero en la movilización.
La jefa del Ejecutivo federal también lanzó una crítica directa a la estrategia opositora: “El ridículo del oportunismo político, la gente no es tonta”, sostuvo, al cuestionar que dirigentes partidistas busquen colocarse al frente de una inconformidad surgida dentro del Seguro Social.
Las declaraciones se producen en medio de una serie de movilizaciones de trabajadores activos y jubilados del IMSS, quienes reclaman mejores condiciones laborales, un incremento salarial mayor al inicialmente ofrecido, solución a los problemas de abasto de medicamentos e insumos, más personal para hospitales y clínicas, así como cambios en la representación sindical y en el régimen de jubilaciones y pensiones.
La controversia política, sin embargo, no elimina el fondo del conflicto: sectores de la plantilla del Seguro Social mantienen su rechazo a las propuestas salariales y cuestionan que sus demandas hayan quedado resueltas mediante acuerdos entre la administración del instituto y la dirigencia sindical.
La presidenta sostuvo que su gobierno distingue entre los reclamos que considera legítimos y la intervención de actores políticos que, a su juicio, buscan utilizarlos para confrontar a la administración federal. No obstante, sus críticas al PAN se producen en un escenario en el que las manifestaciones han expresado inconformidades que van más allá de la disputa partidista.
“Es un esfuerzo muy grande el que está haciendo el IMSS”, afirmó también Sheinbaum al defender la propuesta de incremento salarial presentada por la dirección del organismo. La mandataria destacó que se ha buscado una salida mediante la negociación y la consulta a los trabajadores, aunque las expresiones de rechazo muestran que el acuerdo todavía no ha logrado cerrar la controversia entre todos los sectores sindicales.
La posición presidencial consiste en atender las peticiones laborales que considere justificadas, al tiempo que cuestiona el aprovechamiento político de las movilizaciones. En ese sentido, ha insistido en que las demandas de las y los trabajadores deben analizarse por separado de las acciones de partidos y organizaciones que se suman a las protestas.
Un aumento salarial que no convenció a los inconformes
El conflicto se intensificó después de que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunciara el miércoles una nueva propuesta de incremento de 8 por ciento, distribuido en un aumento de 4 por ciento al salario tabular y otro 4 por ciento destinado a la ayuda para renta y gastos de vivienda.
La oferta elevó el planteamiento previo, que contemplaba un incremento global de 6.8 por ciento. Sin embargo, sectores inconformes sostienen que la nueva propuesta no responde a su exigencia de un aumento directo de 10 por ciento al salario.
Las diferencias no son únicamente porcentuales. Los trabajadores cuestionan el impacto real del incremento en sus ingresos, particularmente porque una parte corresponde a un apoyo para vivienda y no se incorpora directamente al salario tabular.
Mientras la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social dio por concluida la revisión salarial de 2026, las corrientes disidentes rechazaron que el acuerdo cierre el conflicto. Los inconformes han insistido en que las decisiones deben contar con el respaldo efectivo de las bases y no limitarse a los entendimientos alcanzados entre los representantes sindicales y las autoridades.
La marcha del 21 de octubre volvió a exhibir esa fractura. Además de las demandas salariales, los manifestantes reclamaron la destitución del dirigente sindical Rafael Olivos Hernández, mejoras en las condiciones de trabajo, mayor disponibilidad de medicamentos e insumos y la contratación de personal para cubrir las necesidades de los servicios médicos.
Tras la movilización, los sectores inconformes anunciaron una nueva marcha nacional para el próximo 30 de octubre, con la intención de mantener la presión sobre las autoridades y la dirigencia sindical.
El debate sobre las pensiones también está en el centro de las protestas
Uno de los puntos de mayor alcance es la exigencia de regresar al antiguo esquema de jubilaciones, frente al sistema de cuentas individuales administradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro, conocidas como Afores.
Este reclamo debe distinguirse de la negociación salarial: se trata de una demanda relacionada con las condiciones de retiro, la seguridad económica durante la vejez y las diferencias entre los regímenes pensionarios que pueden corresponder a los trabajadores según su fecha de ingreso y las disposiciones aplicables.
El sistema de cuentas individuales vincula el monto de la pensión con los recursos acumulados durante la vida laboral y las condiciones establecidas para el retiro. Los esquemas anteriores, por su parte, operaban bajo reglas diferentes y no pueden recuperarse de manera automática sin considerar las disposiciones legales y los derechos adquiridos de cada grupo.
Por ello, la exigencia de volver al régimen anterior plantea un debate de mayor complejidad que el incremento salarial. Para los trabajadores inconformes, las condiciones de jubilación forman parte de la seguridad laboral que esperan obtener después de años de servicio en el instituto.
Hasta ahora, las declaraciones de Sheinbaum sobre las protestas han puesto el acento en la legitimidad de las demandas laborales, la respuesta institucional y el cuestionamiento a quienes buscan aprovechar políticamente el movimiento. No debe interpretarse esa postura como un anuncio de que su gobierno haya aceptado restablecer el antiguo sistema de pensiones.
La discusión sobre las jubilaciones tampoco puede reducirse a una confrontación entre Morena y el PAN. Las diferencias entre los regímenes pensionarios, la suficiencia de los recursos para el retiro y las condiciones de quienes trabajan en el sector público constituyen asuntos que requieren información clara y respuestas específicas.
Entre el reclamo laboral y la disputa política
La participación de Jorge Romero en la movilización abrió un nuevo frente de confrontación entre la Presidencia y la oposición. Para Sheinbaum, la presencia del dirigente panista representa un intento de sacar provecho de una inconformidad ajena a su partido. Para los trabajadores que continúan protestando, en cambio, el problema central sigue siendo la respuesta a sus demandas.
La diferencia es relevante porque la movilización no surgió exclusivamente por la intervención de actores partidistas. Las protestas se desarrollaron después del rechazo de trabajadores a una oferta salarial previa y han incorporado reclamos sobre personal, insumos, representación sindical y pensiones.
El gobierno federal enfrenta así dos tareas distintas: responder a las inconformidades dentro del IMSS y sostener su argumento de que determinados actores políticos pretenden obtener beneficios de ellas. La primera requiere acuerdos verificables, medidas laborales y soluciones a los problemas denunciados; la segunda forma parte de la confrontación política entre el oficialismo y la oposición.
La nueva marcha convocada para el 30 de octubre será otro indicador de la capacidad de las autoridades y de la dirigencia sindical para contener el conflicto mediante acuerdos aceptados por las bases.