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11.04.2025 Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no hay nada ilegal en los más de 10 mil millones de pesos de los fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal que ayer transfirió Nacional Financiera a la Tesorería de la Federación pues dijo se utilizarán principalmente para el ISSSTE.
Al respecto de la queja de JUFED en comunicado emitido desde anoche Sheinbaum Pardo, señaló que la transacción se ejecutó sin su consentimiento. “No tiene razón, no hay nada irregular”, refirió.
“En vez de que se queden en unos cuantos de la Corte… Ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte, como estaba. Es falso que era para los trabajadores del Poder Judicial, como muchas otras falsedades que han dicho algunos ministros y ministras de la Corte” advirtió la mandataria federal.
Durante la “Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum explicó que estos recursos se destinarán principalmente al ISSSTE, con el fin de mejorar los servicios de salud para trabajadores del Estado, incluidas las y los empleados del propio Poder Judicial.
Sheinbaum aseguró que los derechos laborales están garantizados, cuestión por la que dijo: “que quede claro que se garantizan los derechos laborales de todos los empleados de la Corte, sus salarios y todo”.
Explicó que “no tiene razón la Corte; de todas maneras pedimos a la secretaria de Gobernación que envíe un comunicado a la Corte para decirle cuál es el sustento jurídico, para lo que se está haciendo, entonces no hay nada irregular, no hay ningún problema” agregó al confundir la situación.
“Que quede claro, resaltó, que se garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores de la Corte, sus salarios y todo. “Los propios trabajadores del Poder Judicial son trabajadores del Estado, y también para beneficio de los maestros, las maestras, con el objetivo de que los servicios de salud del Issste puedan mejorar sustantivamente, ese es el objetivo que está planteado”, insistió.
Destacó que los recursos “van a ser para beneficio de los trabajadores del Estado, de todas y de todos, para poder mejorar los servicios de salud del Issste, y va a ser muy transparente, cómo se usa y para qué se dedique” .
La jefa del ejecutivo abundó que una parte de los fideicomisos se le dio al INE y de eso no dijo nada ni el Tribunal Electoral ni el Consejo de la Judicatura.
El CJF reportó que Nafin le informó de la transferencia de los 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos, que el consejo “había encomendado para su administración a esa Sociedad Nacional de Crédito”.
Denunció que esta entrega de recursos se hizo sin que se le consultara en su calidad de fideicomitente. “Sin que de manera previa fuera consultado al respecto, y sin que hubiera girado instrucción alguna a Nafin para la transferencia de los recursos atendiendo a las propias cláusulas del Contrato”.
Por separado, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, envió una carta al Pleno del CJF donde manifestó que las personas juzgadores que se retiraron por jubilación o de manera voluntaria resultado de la inconvencional reforma, no han recibido la indemnización correspondiente que debió haberse cubierto a las personas juzgadoras que ya se separaron del ejercicio de la función, a más tardar en el mes de diciembre del año 2024.
“En una nueva violación de derechos, el Estado Mexicano por conducto de sus instituciones, entre ellas este Consejo de la Judicatura Federal, ha incumplido con el pago extraordinario a los juzgadores que ya se han separado con motivo de la reforma y lo han solicitado, lo que implica una reiteración a la transgresión de los derechos fundamentales de las personas titulares.
“Estimamos que el oficio SEPLE./27/GEN./003/1333/2025, no sólo debe ordenar la formación de bases de datos, sino determinar dar cabal cumplimiento al pago extraordinario, para aquellas personas juzgadoras que ya se encuentren en el supuesto, esto es, la declinación a participar en cualquier proceso electoral, que ya se hubieran separado del cargo por ese motivo o que lo hagan a partir de agosto de 2025 o 2027, lo que debe acontecer, de manera inmediata para quienes ya han dejado el cargo y a más tardar el último día de funciones para quienes serán sustituidos por la elección judicial”.Por separado, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, envió una carta al Pleno del CJF donde manifestó que las personas juzgadores que se retiraron por jubilación o de manera voluntaria resultado de la inconvencional reforma, no han recibido la indemnización correspondiente que debió haberse cubierto a las personas juzgadoras que ya se separaron del ejercicio de la función, a más tardar en el mes de diciembre del año 2024.
“En una nueva violación de derechos, el Estado Mexicano por conducto de sus instituciones, entre ellas este Consejo de la Judicatura Federal, ha incumplido con el pago extraordinario a los juzgadores que ya se han separado con motivo de la reforma y lo han solicitado, lo que implica una reiteración a la transgresión de los derechos fundamentales de las personas titulares.
“Estimamos que el oficio SEPLE./27/GEN./003/1333/2025, no sólo debe ordenar la formación de bases de datos, sino determinar dar cabal cumplimiento al pago extraordinario, para aquellas personas juzgadoras que ya se encuentren en el supuesto, esto es, la declinación a participar en cualquier proceso electoral, que ya se hubieran separado del cargo por ese motivo o que lo hagan a partir de agosto de 2025 o 2027, lo que debe acontecer, de manera inmediata para quienes ya han dejado el cargo y a más tardar el último día de funciones para quienes serán sustituidos por la elección judicial”.
La directora de la Jufed, advirtió que se trata de una obligación constitucional que debió contemplarse como parte de la implementación de la reforma, por lo que la falta de suficiencia presupuestal no puede ser un impedimento a cumplir con el pago.
“Las Directivas Nacional y Regionales de Jufed solicitan a este Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que de manera inmediata se realice el pago contemplado en el artículo Décimo Transitorio de la Reforma Constitucional al Poder Judicial a quienes ya se encuentren en los supuestos legales de procedencia y, en caso de que exista algún impedimento para ello, se de la razón que funde y motive dicha imposibilidad para realizar el pago correspondiente, a efecto de que esta Asociación pueda determinar lo procedente para la defensa de los derechos de las personas juzgadoras asociadas”.
