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19.08.2026 Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de restituir prestaciones de seguros médicos privados con cargo al presupuesto del Poder Judicial y sostuvo que quienes integran el máximo tribunal cuentan con ingresos suficientes para cubrir de manera personal ese tipo de servicios.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue interrogada sobre la determinación adoptada por la nueva integración de la Corte, que incluyó nuevamente seguros de gastos médicos mayores dentro de las prestaciones contempladas en el proyecto presupuestal para 2027.
Sheinbaum manifestó su desacuerdo con que recursos públicos sean destinados a cubrir seguros médicos privados para ministros y otros funcionarios de alto nivel, al considerar que quienes ocupan esos cargos reciben remuneraciones que les permiten contratar por cuenta propia una póliza de atención médica si así lo deciden.
“Algo pasa cuando entran a ese edificio. Se transforman. Debe de estar embrujado, los espíritus del pasado”, expresó la presidenta al referirse a las decisiones presupuestales de la Suprema Corte.
La mandataria vinculó nuevamente la discusión con la política de austeridad que ha defendido su administración y con la eliminación de prestaciones consideradas privilegios para servidores públicos de alto nivel.
“No está bien. No a los privilegios”, afirmó Sheinbaum, quien recordó la figura de Benito Juárez y su lucha contra los fueros y prerrogativas asociadas a determinados sectores del poder.
“Juárez luchó contra los fueros y privilegios. El mejor presidente de México. Hay que recordar la historia por qué se llega”, agregó.
La controversia ocurre mientras la SCJN define su presupuesto para 2027. El Pleno aprobó un anteproyecto por 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos, cifra que representa un incremento nominal de 17.2 por ciento respecto de los recursos autorizados para el máximo tribunal durante 2026. La ministra Lenia Batres votó en contra del proyecto y cuestionó, entre otros aspectos, la recuperación de seguros de gastos médicos mayores para cientos de funcionarios.
La discusión no se limita a las prestaciones de los ministros. De acuerdo con información difundida a partir del debate interno en la Corte, la restitución de los seguros médicos mayores alcanza a más de 300 mandos medios y superiores. Batres también cuestionó la existencia de seguros médicos privados y seguros de separación individualizada para integrantes de su propia ponencia.
El proyecto presupuestal todavía debe seguir el procedimiento correspondiente antes de convertirse en el gasto definitivo del Poder Judicial para el próximo ejercicio fiscal. El anteproyecto aprobado por el Pleno fue remitido al Órgano de Administración Judicial para continuar con el trámite presupuestario.
La propia SCJN tiene establecido en sus documentos administrativos que existen esquemas de seguros de gastos médicos mayores para determinadas personas servidoras públicas y que su estructura presupuestal contempla recursos destinados a seguridad social y seguros. En el manual de remuneraciones publicado en el Diario Oficial de la Federación se identifican partidas correspondientes a cuotas de seguros, aunque las reglas y beneficiarios varían de acuerdo con el puesto.
Para 2026, la Cámara de Diputados autorizó a la Suprema Corte un presupuesto de 5 mil 208 millones 743 mil 404 pesos. De ese monto, 4 mil 289 millones 319 mil 105 pesos corresponden al capítulo de servicios personales, que comprende remuneraciones y otras prestaciones vinculadas con el personal. ([Transparencia Ciudadana][4])
La presidenta utilizó esos datos para insistir en que los altos funcionarios del Poder Judicial no deberían trasladar al erario gastos que pueden cubrir con sus propios ingresos.
“Yo creo que deben comportarse con humildad”, señaló Sheinbaum al referirse a los integrantes de la Corte.
Añadió que los ministros tienen un salario que, de acuerdo con la Constitución y las reglas presupuestales, debe mantenerse dentro de los límites establecidos para los servidores públicos y que, desde su perspectiva, sus ingresos son suficientes para contratar directamente un seguro médico privado.
“Tienen un buen salario, les alcanza para pagar esos seguros”, sostuvo.
La presidenta también planteó que, como servidores públicos, los integrantes de la Corte pueden recurrir a las instituciones públicas de salud. Mencionó expresamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al sistema IMSS-Bienestar como alternativas de atención médica.
“Son servidores públicos y pueden atenderse en el ISSSTE o en el IMSS-Bienestar”, afirmó.
La discusión sobre las prestaciones de los ministros ocurre además en medio de una revisión más amplia de los gastos del Poder Judicial. Desde el inicio de la nueva etapa de la Suprema Corte, encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, se han planteado cambios relacionados con remuneraciones, pensiones y beneficios para integrantes actuales y anteriores del máximo tribunal.
En septiembre de 2025, el presidente de la Corte anunció que se revisaría el esquema de pensiones de ministros en retiro y sus viudas para adecuarlo a las disposiciones constitucionales. Información de la propia SCJN citada entonces por medios señaló que algunos exintegrantes recibían pensiones y prestaciones adicionales, entre ellas seguros de gastos médicos mayores.
La administración de Sheinbaum ha colocado la reducción de privilegios de los altos funcionarios como uno de los argumentos centrales de su política de austeridad. En el caso del Poder Judicial, el debate adquirió una nueva dimensión después de la reforma constitucional que modificó su estructura y dio paso a una nueva integración de la Suprema Corte.
La presidenta sostuvo que la función de impartir justicia no debe traducirse en beneficios personales cubiertos con recursos públicos y volvió a establecer una diferencia entre el derecho a recibir una remuneración por desempeñar un cargo público y el uso del presupuesto para cubrir prestaciones adicionales.
“Hay que recordar la historia por qué se llega”, insistió al recuperar la referencia a Juárez.
El señalamiento presidencial se produce además cuando dentro de la propia Corte existen diferencias sobre el proyecto presupuestal. La ministra Lenia Batres ha cuestionado el aumento solicitado para 2027 y ha planteado reducir partidas relacionadas con seguros, prestaciones y estructuras administrativas. La SCJN, por su parte, ha defendido la elaboración de su presupuesto con base en sus necesidades de operación y en las obligaciones laborales correspondientes.
Sheinbaum evitó plantear una intervención directa del Ejecutivo sobre las decisiones administrativas de la Corte, pero dejó clara su posición frente al uso de recursos públicos para seguros médicos privados.
“No estoy de acuerdo con que haya privilegios”, sostuvo.
El debate continuará conforme avance el proceso de aprobación del presupuesto federal para 2027, mientras la Corte deberá justificar ante las instancias presupuestarias correspondientes las partidas contempladas para remuneraciones, prestaciones y servicios personales. La discusión sobre los seguros médicos se suma así a las diferencias que ya existen dentro del Poder Judicial sobre el tamaño de su presupuesto, sus prestaciones y la aplicación de las políticas de austeridad.