*Irregularidades podrían derivar en denuncias penales
03.11.2026., Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya realiza revisiones sobre el manejo de recursos y las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en contratos millonarios con empresas proveedoras de materiales electorales. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la fiscalización no se limite a la administración más reciente, encabezada por Guadalupe Taddei, sino que alcance también los periodos anteriores, incluido el de Lorenzo Córdova, para establecer desde cuándo operan las relaciones con las compañías cuestionadas y quiénes autorizaron las contrataciones.
Durante su conferencia matutina de este martes 3 de noviembre, la mandataria sostuvo que corresponde a la ASF, por sus atribuciones constitucionales, revisar las cuentas del organismo electoral y determinar si existen elementos para iniciar procedimientos por responsabilidades administrativas o presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Sheinbaum fue enfática en que el resultado de las auditorías debe traducirse en consecuencias institucionales cuando se acrediten irregularidades. Explicó que el Ejecutivo no puede ordenar directamente una investigación penal contra una persona por señalamientos públicos, ni anticipar responsabilidades antes de que concluya la fiscalización.
“Una vez realizada esa auditoría, pues si hay un asunto penal, pues se presenta a la Fiscalía General de la República. Si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal de Justicia Administrativa”, señaló.
La presidenta insistió en que el propósito es conocer el destino de los recursos públicos, transparentar los contratos y esclarecer si existieron beneficios indebidos para determinadas empresas o funcionarios.
La revisión, dijo, debe abarcar todos los señalamientos que han surgido y no concentrarse exclusivamente en el periodo de Guadalupe Taddei. En su planteamiento, también deben examinarse las contrataciones realizadas durante la presidencia de Lorenzo Córdova, quien estuvo al frente del entonces Instituto Nacional Electoral entre 2014 y 2023.
La exigencia de ampliar la auditoría tiene como antecedente las denuncias periodísticas sobre una presunta concentración de contratos en un grupo reducido de proveedores, así como posibles relaciones entre empresarios y personas que trabajaron dentro del organismo electoral.
La instrucción presidencial incluye conocer la antigüedad de los vínculos entre el instituto y las empresas que han obtenido contratos, así como verificar si las mismas compañías participaron en procedimientos de contratación durante distintas administraciones.
“Se audite todo. Tiene que auditarse y tiene que transparentarse todos esos contratos”, planteó Sheinbaum al insistir en que no debe quedar fuera ningún periodo en el que existan señalamientos sobre el manejo de los recursos.
La mandataria también cuestionó que un grupo reducido de empresas haya concentrado durante años las contrataciones para fabricar materiales electorales, particularmente boletas, urnas y otros insumos utilizados en los procesos comiciales.
Contratos por más de mil 800 millones de pesos bajo revisión
La controversia se intensificó después de que se conocieran señalamientos sobre contratos superiores a mil 800 millones de pesos relacionados con proveedores del INE durante la administración de Guadalupe Taddei.
Entre las empresas mencionadas en las investigaciones periodísticas se encuentran Corporativo ZEG, Cajas Graf y Seriplast de México, vinculadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Las indagatorias difundidas apuntan a posibles mecanismos de simulación de competencia en licitaciones, relaciones entre proveedores y antiguos colaboradores del instituto, así como presuntas irregularidades en la facturación y triangulación de recursos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también ha investigado a empresas relacionadas con estos señalamientos. Uno de los antecedentes es el congelamiento de cuentas de Cajas Graf, medida que posteriormente fue revertida mediante una resolución judicial de amparo.
Sheinbaum recordó ese episodio para explicar por qué considera necesario revisar los antecedentes de las compañías y no únicamente los contratos más recientes.
La investigación deberá determinar si existieron procedimientos simulados, conflictos de interés o intervención de funcionarios para favorecer a determinados proveedores. Hasta ahora, los señalamientos no constituyen por sí mismos una sentencia ni acreditan responsabilidad penal de las personas mencionadas.
También deberá revisarse la administración de Lorenzo Córdova
La presidenta pidió que la fiscalización se extienda a la gestión de Lorenzo Córdova, quien encabezó el INE de 2014 a 2023, pues considera necesario conocer si las relaciones comerciales con los proveedores cuestionados comenzaron antes de la llegada de Taddei.
El planteamiento busca evitar que la revisión se convierta exclusivamente en una investigación sobre la expresidenta del organismo electoral y permita identificar si las prácticas denunciadas tienen antecedentes de varios años.
Sheinbaum recordó que Guadalupe Taddei también tuvo responsabilidades electorales en Sonora antes de llegar a la presidencia del INE y mencionó que su nombramiento como presidenta del organismo estatal ocurrió durante el periodo en que Córdova encabezaba la institución nacional.
La mandataria ha cuestionado, además, que se pretenda atribuir toda la estructura interna del instituto a la administración de Taddei, cuando una parte considerable de su personal ya trabajaba ahí desde años anteriores.
En ese contexto, insistió en que la auditoría debe establecer quién autorizó los contratos, qué empresas participaron, bajo qué condiciones fueron asignados y si existieron beneficios particulares.
Córdova asegura que su gestión ya fue auditada y dispuesto a otra auditoría
Ante la propuesta de revisar su administración, Lorenzo Córdova rechazó que existan irregularidades pendientes de aclaración y defendió los mecanismos de fiscalización que operaron durante su presidencia.
El exconsejero presidente sostuvo que el INE fue una de las instituciones más auditadas del país y recordó que, además de la ASF, el organismo contaba con un Órgano Interno de Control encargado de supervisar el ejercicio presupuestal.
También señaló que el titular de ese órgano, designado por la Cámara de Diputados, revisó las operaciones del instituto y que, según su versión, no encontró irregularidades relevantes en su gestión.
A través de un posicionamiento público, Córdova respondió a la petición presidencial con una frase que resume su postura:
“Y si, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante. Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”.
En otra de sus declaraciones sostuvo: “Tengo las manos limpias, yo duermo tranquilo”.
El exfuncionario también cuestionó que se pretenda realizar una nueva revisión de periodos que, aseguró, ya fueron fiscalizados, y consideró que los señalamientos contra su administración buscan desviar la atención de la crisis que actualmente enfrenta el instituto.
Sin embargo, la existencia de auditorías anteriores no impide que la ASF examine nuevamente contratos o aspectos específicos cuando existan elementos que justifiquen una revisión adicional.
Este martes, Sheinbaum volvió a precisar que la investigación debe seguir las vías institucionales y que no corresponde al Ejecutivo ni a los legisladores ordenar que se procese penalmente a una persona sin elementos que sustenten esa decisión.
La Auditoría Superior de la Federación deberá determinar, a partir de sus resultados, si existen observaciones que puedan solventarse administrativamente, responsabilidades de servidores públicos o indicios de hechos posiblemente constitutivos de delito.
En este último supuesto, la documentación tendría que remitirse a la FGR para que investigue y determine si procede ejercer acción penal. Las faltas administrativas, por su parte, deberán turnarse a las autoridades competentes, entre ellas el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando corresponda.
La presidenta también se refirió al informe presentado por el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, ante la Cámara de Diputados, en el que se expusieron los avances de las revisiones al instituto. Explicó que se contempla examinar las administraciones anteriores a 2023 y fortalecer la revisión correspondiente al periodo posterior.
Sheinbaum sostuvo que el objetivo no es debilitar al organismo electoral, sino recuperar la confianza pública mediante la rendición de cuentas.
“Queremos un INE fuerte”, expresó, al señalar que la institución debe responder a los principios democráticos y no a intereses particulares o de grupos que pudieran haberse beneficiado de sus recursos.
La revisión adquiere especial relevancia ante la cercanía de las elecciones federales de 2027, cuando el instituto tendrá nuevamente la responsabilidad de organizar los comicios y garantizar condiciones de competencia entre las fuerzas políticas.
El caso coloca bajo escrutinio no solamente la administración de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del INE el pasado 26 de octubre, sino también los mecanismos de contratación que han operado durante diferentes periodos de la autoridad electoral.
La exigencia presidencial es que se conozca toda la ruta del dinero público: desde el origen de los contratos y las empresas beneficiadas hasta los funcionarios que participaron en su autorización. Si las auditorías encuentran irregularidades, las denuncias deberán presentarse ante las instancias correspondientes y las responsabilidades tendrán que acreditarse mediante los procedimientos legales.