*ALMA GRANDE
/ POR ÁNGEL ÁLVARO PEÑA /
La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de iniciar el reparto de enseres domésticos pendientes en la zona norte de Veracruz ha sido la tendencia del día. Se trata de una señal política clara: el compromiso con las familias afectadas por las lluvias e inundaciones no quedó en el discurso ni en la coyuntura mediática, sino que se mantiene como una responsabilidad activa del Estado mexicano.
Durante meses, miles de hogares han esperado la conclusión de un proceso que comenzó tras las severas inundaciones registradas el 10 de octubre pasado. De acuerdo con el censo levantado por la Secretaría de Bienestar, fueron 56 mil 532 viviendas afectadas en la región. La cifra no sólo dimensiona la magnitud del desastre, sino también el reto logístico y presupuestal que implica responder con justicia y orden.
De ese total, 14 mil viviendas fueron clasificadas como pérdida total; 19 mil con pérdida mayor; 10 mil con pérdida media y 12 mil con pérdida menor. No se trata de números fríos. Detrás de cada registro hay historias de familias que lo perdieron todo o casi todo: muebles, electrodomésticos, patrimonio construido con años de esfuerzo. La política pública, cuando es eficaz, tiene precisamente esa misión: traducir estadísticas en soluciones concretas.
La intervención coordinada con la titular de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, refuerza un modelo de atención basado en censos directos y clasificación por nivel de daño, lo que permite asignar apoyos económicos proporcionales. Este criterio evita discrecionalidad y fortalece la transparencia en la distribución de recursos.
En el norte veracruzano —una región históricamente golpeada por fenómenos hidrometeorológicos y rezagos estructurales— el inicio del reparto pendiente también representa un mensaje de presencia federal. Gobernar implica continuidad, seguimiento y cumplimiento. Si algo distingue a una administración comprometida es su capacidad de cerrar procesos, no de dejarlos inconclusos.
La próxima semana comenzará, según lo anunciado, la entrega de los enseres faltantes. Más allá del calendario, el fondo del asunto es político y social: el Estado no se desentiende. En tiempos donde la desconfianza institucional suele ocupar el debate público, cumplir la palabra empeñada adquiere un valor estratégico.
Veracruz sabe de adversidades climáticas, pero también de resiliencia. El acompañamiento federal, cuando es oportuno y organizado, contribuye a reconstruir no sólo viviendas, sino confianza. Y en la ecuación del desarrollo regional, la confianza ciudadana es tan importante como el recurso económico.
La reconstrucción no siempre es inmediata, pero cuando hay voluntad política y seguimiento administrativo, los pendientes se convierten en acciones. Ese es el mensaje que hoy se envía al norte del estado: los apoyos llegan, el compromiso permanece y la atención continúa.
PEGA Y CORRE: Esta semana resurgió un video de 2016 en el que la hoy gobernadora de Rocío Nahle calificaba a Veracruz como “el mismísimo infierno” por la crisis de inseguridad que atravesaba el estado. La grabación, difundida nuevamente en redes, corresponde a su etapa como diputada federal y volvió a circular tras los recientes operativos federales contra el crimen organizado.
En aquel mensaje, Nahle hablaba de un “Estado fallido”, cuestionaba la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán —al señalar que detener a una persona no resolvía el problema de fondo— y criticaba la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Incluso planteaba declarar en estado de emergencia a Veracruz ante la violencia y las desapariciones.
Diez años después, el contexto es otro. Hoy, desde la titularidad del Ejecutivo estatal, Nahle ha reconocido y respaldado la coordinación con la Federación y las Fuerzas Armadas en operativos recientes, destacando la importancia del trabajo conjunto para garantizar la paz. Esa diferencia de posturas fue lo que muchos señalaron como un “resbalón” político: las palabras del pasado contrastan inevitablemente con las responsabilidades del presente.
La circulación del material deja una lección clara: en política, cada palabra permanece. Más que una polémica pasajera, el episodio reabre el debate sobre seguridad, memoria y congruencia en la vida pública veracruzana.
