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18.08.2026 Ciudad de Mexico.- La presidenta Claudia Sheinbaum salió nuevamente al paso de las versiones que relacionan a Andrés Manuel López Beltrán con presuntas actividades delictivas y aseguró este martes que el Gobierno de México no cuenta con ninguna prueba que vincule al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador con algún delito.
Durante su conferencia matutina de este 18 de agosto, la mandataria fue cuestionada sobre las versiones que han circulado en torno a una posible relación de López Beltrán con investigaciones por el llamado huachicol fiscal, particularmente después de que Estados Unidos revocó su visa y de que el propio hijo del expresidente hiciera pública la decisión del gobierno estadounidense.
La respuesta de Sheinbaum fue categórica.
“Nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito. Ninguna”, afirmó.
La presidenta explicó que, de acuerdo con la información que le ha proporcionado la Fiscalía General de la República, López Beltrán no ha sido considerado como una persona bajo investigación dentro de las indagatorias relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos.
“No estuvo”, respondió Sheinbaum al ser interrogada sobre si el hijo del expresidente había estado bajo sospecha de las autoridades mexicanas dentro de las investigaciones por huachicol fiscal.
La mandataria insistió en que una decisión administrativa tomada por otro gobierno, como la cancelación de una visa estadounidense, no constituye por sí misma una prueba de la comisión de un delito ni obliga a las autoridades mexicanas a iniciar una carpeta de investigación.
“¿Que el quitar una visa tenga que ver con iniciar una investigación, de cuándo?”, cuestionó durante la conferencia.
Sheinbaum sostuvo que si existieran elementos que permitieran presumir la comisión de un delito, las autoridades mexicanas tendrían que actuar, independientemente de quién fuera la persona señalada.
“Si hay algún delito que perseguir contra una persona, pues tiene que haber pruebas y tienen que utilizarse los mecanismos legales correspondientes”, señaló.
La presidenta también rechazó que el Gobierno de México vaya a abrir una investigación contra López Beltrán únicamente a partir de la decisión tomada por Washington. Explicó que las instituciones mexicanas requieren elementos propios para iniciar una indagatoria y que la Fiscalía es la autoridad facultada para determinar si existen datos suficientes para proceder.
La discusión ocurre pocos días después de que Andrés Manuel López Beltrán confirmó públicamente que Estados Unidos había revocado su visa. En una carta dirigida al presidente Donald Trump, el hijo del exmandatario mexicano calificó la decisión como políticamente motivada y negó tener vínculos con actividades ilícitas.
La Casa Blanca y la Embajada de Estados Unidos en México no han hecho públicos los motivos específicos de la cancelación de la visa de López Beltrán. En este tipo de procedimientos, las autoridades estadounidenses generalmente no divulgan información individual sobre expedientes de visas debido a las disposiciones de confidencialidad aplicables.
La decisión estadounidense provocó una respuesta política inmediata de Sheinbaum, quien desde la semana pasada ha sostenido que las cancelaciones de visas tienen un componente político y que no deben confundirse con una acusación penal.
Este martes, la presidenta volvió a cuestionar la interpretación de que una revocación de visa pueda utilizarse como indicio suficiente para iniciar una investigación en México.
“Una visa no define a un mexicano o a una mexicana”, afirmó Sheinbaum, de acuerdo con lo reportado durante su conferencia.
El caso de López Beltrán se ha colocado en el centro de la discusión política debido a que su nombre ha aparecido en versiones periodísticas y señalamientos de actores de oposición relacionados con el llamado huachicol fiscal, una modalidad de contrabando y evasión fiscal vinculada al comercio ilegal de combustibles.
Sin embargo, una distinción resulta fundamental: que existan investigaciones sobre redes dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos no significa que todas las personas mencionadas en versiones periodísticas estén formalmente bajo investigación ni que exista responsabilidad penal acreditada.
En el caso específico de López Beltrán, Sheinbaum afirmó que la información que posee el Gobierno federal no contiene elementos que permitan establecer ese vínculo.
La presidenta también cuestionó que se pretenda convertir la revocación de una visa en una especie de prueba de culpabilidad.
“Si hay pruebas, pues que se presenten”, sostuvo en relación con cualquier acusación de carácter delictivo.
La postura del gobierno mexicano coincide con lo informado por la Fiscalía General de la República, según los reportes difundidos este martes, en el sentido de que no existen elementos de prueba para iniciar una investigación penal contra López Beltrán por su presunta participación en el huachicol fiscal.
La controversia se ha desarrollado además en un contexto de creciente presión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Durante las últimas semanas, Washington ha aplicado cancelaciones o restricciones de visas a diversos políticos y funcionarios mexicanos, mientras el gobierno de Sheinbaum ha reclamado que las decisiones estadounidenses deben sustentarse en información verificable si existen acusaciones de carácter criminal.
En el caso de López Beltrán, el asunto adquirió una dimensión política adicional debido a su condición de hijo del expresidente López Obrador y a su trayectoria dentro de Morena. López Beltrán ocupó la Secretaría de Organización del partido y tuvo un papel relevante en la estructura política de Morena antes de dejar ese cargo. Reuters reportó que la revocación de su visa se produjo dentro de una campaña más amplia de Washington que ha alcanzado a otros políticos mexicanos.
Sheinbaum ha insistido en que México no puede sustituir sus procedimientos judiciales por decisiones tomadas en el extranjero.
La mandataria señaló que si una autoridad mexicana recibe información que aporte elementos suficientes sobre la posible comisión de un delito, entonces corresponde a las instituciones competentes investigar. Pero, enfatizó, eso no ocurre automáticamente porque otro país haya decidido cancelar una visa.
El planteamiento coloca nuevamente sobre la mesa la diferencia entre una medida migratoria o administrativa y una acusación penal. La revocación de una visa puede responder a criterios de seguridad nacional, migración o política exterior de Estados Unidos, pero no equivale por sí misma a una sentencia ni a una determinación judicial de culpabilidad.
En este punto, Sheinbaum buscó separar el caso político de cualquier eventual responsabilidad penal.
“Nosotros no tenemos ninguna prueba”, reiteró.
La presidenta también señaló que, si en algún momento aparecen elementos que acrediten una conducta ilícita, las instituciones mexicanas deberán actuar conforme a sus atribuciones.
Mientras tanto, el caso permanece como un nuevo punto de tensión en la relación entre México y Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha endurecido sus medidas contra funcionarios y figuras políticas mexicanas en el contexto de su estrategia de seguridad, mientras el gobierno de Sheinbaum ha defendido la cooperación bilateral, pero ha rechazado lo que considera acciones unilaterales que puedan interpretarse como presión o injerencia.
Por ahora, el dato oficialmente sostenido por la presidenta mexicana es que no existe una investigación de la FGR contra Andrés Manuel López Beltrán por huachicol fiscal y que el Gobierno federal no posee pruebas que lo vinculen con algún delito. Cualquier cambio en esa situación tendría que derivar de nuevos elementos de investigación y de una determinación formal de las autoridades competentes, no únicamente de la cancelación de una visa estadounidense.