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21.03.2026 Ciudad de México.— En medio del debate legislativo por la reforma electoral impulsada por el gobierno federal, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su llamado Plan B será modificado para incluir de manera explícita la paridad de género, luego de que autoridades reconocieran una omisión en el diseño inicial de la propuesta.
La mandataria explicó que, tras las críticas surgidas en torno a la ausencia de medidas específicas para garantizar la participación de las mujeres, se decidió incorporar ajustes que fortalezcan este principio constitucional. “Se va a fortalecer la parte de igualdad para las mujeres”, afirmó en declaraciones recientes, al referirse a los cambios que se integrarán a la iniciativa.
El reconocimiento de esta omisión por parte de la Secretaría de Gobernación abrió un nuevo frente de discusión dentro de la reforma electoral, considerada una de las principales apuestas políticas del actual gobierno tras el rechazo de su propuesta original en el Congreso.
El Plan B, que se tramita mediante cambios a leyes secundarias para evitar la necesidad de mayoría calificada, busca principalmente reducir costos del sistema electoral, limitar gastos en congresos locales y modificar diversos aspectos operativos de los comicios.
Sin embargo, la falta de un apartado claro sobre paridad generó cuestionamientos desde sectores legislativos y organizaciones vinculadas a los derechos políticos de las mujeres. En respuesta, Sheinbaum confirmó que ya se trabaja en una propuesta concreta para subsanar ese vacío.
En ese proceso destaca la participación de la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, quien elabora una iniciativa específica para reforzar la inclusión femenina en candidaturas y cargos de representación popular. La propia presidenta señaló que la legisladora “ya trabaja en crear la propuesta para reforzar la participación de las mujeres en los procesos electorales”.
El ajuste al Plan B ocurre en un momento políticamente complejo. La reforma electoral ha enfrentado resistencias incluso entre los partidos aliados del oficialismo, particularmente el Partido del Trabajo, que mantiene diferencias internas sobre puntos clave como la revocación de mandato y el calendario electoral. En ese contexto, Sheinbaum ha llamado a cerrar filas y avanzar en los acuerdos necesarios para su aprobación.
“Se tiene que poner de acuerdo el PT si va a apoyar o no va a apoyar”, expresó la mandataria, al tiempo que manifestó su confianza en que la coalición legislativa respalde finalmente la iniciativa.
Más allá de la coyuntura política, la incorporación de la paridad de género en el Plan B responde también a una evolución normativa en México. Desde la reforma constitucional de 2019, el principio de “paridad en todo” obliga a garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los tres poderes del Estado y en los distintos niveles de gobierno, lo que ha convertido a México en uno de los países con mayor representación femenina en el ámbito legislativo.
En este sentido, la eventual inclusión de mecanismos específicos en la reforma electoral podría traducirse en reglas más estrictas para la postulación de candidaturas, sanciones por incumplimiento y esquemas de vigilancia para asegurar que la paridad no solo sea formal, sino efectiva.
El debate sobre el Plan B también se inscribe en una discusión más amplia sobre el modelo electoral mexicano. La iniciativa original de Sheinbaum, presentada en febrero de 2026, proponía cambios estructurales como la reducción de legisladores plurinominales y del presupuesto electoral, pero no logró reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados, lo que obligó al Ejecutivo a replantear su estrategia.
Ahora, con las modificaciones anunciadas, el gobierno busca no solo rescatar la viabilidad política de la reforma, sino también atender demandas sociales clave, como la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la vida pública.
La discusión continuará en el Senado en los próximos días, donde además de la paridad de género, seguirán en debate temas como la revocación de mandato, el financiamiento de partidos y la organización de las elecciones de 2027, consideradas estratégicas para el rumbo político del país.
