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29.07.2026 Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las críticas surgidas en torno al proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al asegurar que la propuesta no busca censurar a los medios de comunicación ni limitar la libertad de expresión, sino garantizar el derecho de las audiencias a recibir información y fortalecer los mecanismos de autorregulación previstos en la legislación mexicana.
Durante su conferencia de prensa de este martes, la mandataria respondió a los cuestionamientos formulados por periodistas, especialistas en telecomunicaciones, organizaciones civiles y usuarios de redes sociales, quienes han advertido que algunos apartados del proyecto sometido a consulta pública podrían abrir la puerta a restricciones sobre los contenidos informativos y de opinión, así como a una eventual intervención de la autoridad en el trabajo periodístico.
la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo que esas interpretaciones no corresponden al contenido de la propuesta y afirmó que “es absolutamente falso que se trate de una ley de censura”. Añadió que el proyecto se encuentra precisamente en consulta pública para recibir observaciones, propuestas y críticas antes de su eventual aprobación definitiva.
La Presidenta de México explicó que los lineamientos derivan de la legislación vigente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y tienen como propósito hacer efectivos los derechos de las audiencias, entre ellos recibir información identificable, distinguir con claridad los contenidos noticiosos de la opinión y de la publicidad, así como contar con defensorías de audiencia y códigos de ética en los medios de comunicación.
“El objetivo no es censurar a nadie”, expresó la mandataria, al insistir en que la propuesta busca fortalecer la autorregulación de los concesionarios de radio y televisión y no imponer controles sobre las opiniones de periodistas o comunicadores. También señaló que la consulta representa un mecanismo para escuchar a empresas del sector, especialistas, académicos y ciudadanos antes de emitir una versión definitiva de los lineamientos.
El proyecto fue puesto a consulta pública por el órgano regulador el pasado 27 de julio y permanecerá abierto hasta el 21 de agosto. Durante ese periodo podrán participar concesionarios de radio y televisión, organizaciones, especialistas y cualquier persona interesada mediante la presentación de observaciones y propuestas.
Entre los aspectos que mayor debate han generado se encuentra la disposición que plantea como derecho de las audiencias recibir información “veraz y oportuna”, así como la obligación para los concesionarios de evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o de hechos históricos presentados como acontecimientos actuales. El proyecto también establece la obligación de contar con un Código de Ética, mantener una Defensoría de las Audiencias y atender las quejas presentadas por el público dentro de plazos específicos.
Diversos analistas, periodistas y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión han manifestado preocupación porque conceptos como “información falsa” o “descontextualizada” podrían resultar ambiguos y dar lugar a interpretaciones que afecten el ejercicio periodístico o la libre circulación de ideas.
Asimismo, han advertido sobre el alcance que podrían tener algunas disposiciones respecto de contenidos difundidos en plataformas digitales y redes sociales, por lo que han solicitado una revisión más precisa de la redacción del proyecto.
Frente a esos señalamientos, Sheinbaum reiteró que el Gobierno federal no pretende controlar los contenidos informativos ni establecer mecanismos de censura previa. Afirmó que la intención es garantizar un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho de las audiencias a recibir información de calidad, conforme a los principios previstos en la Constitución y en la legislación en materia de telecomunicaciones.
La discusión ocurre en un contexto particularmente sensible para la libertad de prensa en México y en medio de serias críticas sobre la información falsa que se evidencia en las mañaneras presididas por la misma mandataria Mexicana.
Organizaciones nacionales e internacionales han documentado que el país continúa siendo uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo y han insistido en que cualquier modificación al marco regulatorio de los medios debe preservar plenamente las garantías constitucionales de libertad de expresión y de acceso a la información.
En ese escenario, el proceso de consulta pública sobre los nuevos lineamientos ha colocado nuevamente en el centro del debate el equilibrio entre la protección de los derechos de las audiencias y las salvaguardas indispensables para el ejercicio libre e independiente del periodismo.