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17.06.2026 Quintana Roo.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una aplicación de “justicia selectiva” en la investigación y detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y sostuvo que el proceso que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR) no responde a motivaciones políticas, sino a una indagatoria iniciada hace más de un año por una presunta red de contrabando de hidrocarburos.
Durante su conferencia matutina de este 17 de julio, la mandataria respondió a las críticas formuladas por dirigentes del Partido Acción Nacional y por el expresidente Felipe Calderón, quienes acusaron al gobierno federal de utilizar la justicia con fines políticos tras la captura del primer gobernador de oposición en la historia contemporánea de México. Sheinbaum desestimó esos señalamientos y aseguró que la investigación se sustenta en hechos documentados y en evidencia reunida durante meses por las autoridades federales.
“Es falso. No es un asunto político, es un asunto de una investigación de la Fiscalía General de la República que inició hace más de un año”, afirmó la presidenta al ser cuestionada sobre las acusaciones de persecución contra el exmandatario bajacaliforniano.
Sheinbaum explicó que la investigación comenzó luego de que autoridades federales detectaran un buque tanque con combustible en Tamaulipas que presuntamente ingresó al país de manera irregular. A partir de ese aseguramiento, dijo, las pesquisas llevaron al decomiso de 19 carrotanques cargados con hidrocarburos, lo que permitió ampliar la investigación sobre una red dedicada al llamado “huachicol fiscal”.
“La investigación inicia por un buque que llega a Tamaulipas; posteriormente se encuentran 19 carrotanques con combustible y de ahí se deriva toda la investigación”, señaló la titular del Ejecutivo.
La presidenta indicó que las indagatorias identificaron a Ernesto Ruffo Appel como socio mayoritario de la empresa importadora involucrada en las operaciones bajo investigación. Sin embargo, insistió en que corresponderá al proceso judicial determinar las responsabilidades individuales y garantizó que el exgobernador tendrá pleno acceso a su derecho de defensa.
“Si él tiene documentación que acredite otra cosa, pues que la presente ante el juez. Para eso son los procesos judiciales”, expresó Sheinbaum al insistir en que la administración federal no interviene en las decisiones de la Fiscalía General de la República ni del Poder Judicial.
La mandataria añadió que la actuación de las instituciones debe ser imparcial y basada exclusivamente en las pruebas disponibles.
“Los jueces van a actuar con imparcialidad. No se trata de un asunto político; se trata de una investigación sustentada en evidencias”, sostuvo.
Las declaraciones de Sheinbaum surgieron después de que Felipe Calderón calificara la detención de Ruffo Appel como un ejemplo de “justicia selectiva”, al considerar que el gobierno federal actúa con severidad contra opositores mientras, afirmó, protege a funcionarios cercanos al oficialismo señalados por distintos casos. El PAN también manifestó su respaldo al exgobernador y exigió que el proceso se conduzca con estricto apego al debido proceso y sin presiones políticas.
La FGR acusa a Ernesto Ruffo de presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de combustibles, como parte de una investigación sobre una estructura empresarial que habría importado hidrocarburos desde Estados Unidos mediante maniobras para evadir impuestos y ocultar la verdadera naturaleza de la mercancía. De acuerdo con el gabinete de seguridad, la investigación ha derivado hasta ahora en diversas órdenes de aprehensión y forma parte de uno de los mayores casos de combate al denominado huachicol fiscal registrados durante la actual administración.
Ernesto Ruffo Appel ocupa un lugar relevante en la historia política del país al haber sido electo en 1989 como el primer gobernador de oposición que derrotó al PRI en una elección estatal, marcando el inicio de la alternancia política en México. Precisamente por ese antecedente, su detención provocó un intenso debate entre el gobierno federal y la oposición sobre la imparcialidad de la justicia y el combate a la delincuencia organizada.
Pese a la controversia, la presidenta reiteró que el caso deberá resolverse exclusivamente en los tribunales.
“Que se presenten todas las pruebas. Si hay elementos para demostrar inocencia, se harán valer ante el juez. Eso es lo que corresponde en un Estado de derecho”, concluyó.