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08.10.2026. Ciudad de México.- La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad llegó a la mesa de diálogo en Palacio Nacional este jueves 8 de octubre, con la presencia del embajador estadounidense Ronald Johnson en un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y empresarios vinculados con el intercambio económico entre ambos países.
La reunión se produjo días después de que la mandataria cuestionara que el diplomático participara en el arranque de una academia policial en Querétaro sin que, según su gobierno, se hubieran completado los procedimientos federales para formalizar la cooperación con agencias estadounidenses.
La Presidenta Sheinbaum había aclarado por la mañana que Johnson acudiría a una reunión con integrantes de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham), organización empresarial que agrupa a compañías con vínculos comerciales entre México y Estados Unidos.
La presidenta no presentó la cita como una reunión bilateral convocada exclusivamente para resolver el diferendo por Querétaro, aunque la coincidencia colocó el asunto de la soberanía y las reglas de colaboración en seguridad en el contexto inmediato del encuentro.
Antes de llegar a Palacio Nacional, Johnson sostuvo una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. La Cancillería informó que ambos revisaron la agenda bilateral y los resultados de la cooperación en seguridad bajo cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación. El comunicado no detalló si durante esa conversación se discutió de manera específica la academia queretana ni anunció un acuerdo para resolver la controversia.
El antecedente inmediato se remonta al 2 de octubre, cuando Johnson acompañó al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en el acto de colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial. El proyecto fue presentado como una instalación para preparar a corporaciones de seguridad en tareas de interdicción, entre ellas la detección de drogas, armas y dinero ilícito. La participación del representante estadounidense generó cuestionamientos del gobierno federal por el procedimiento seguido para establecer una colaboración de ese tipo.
El 5 de octubre, Sheinbaum pidió al canciller que estableciera comunicación tanto con Johnson como con Kuri para aclarar las condiciones del proyecto. La presidenta cuestionó que el gobernador hubiera invitado al embajador a la ceremonia sin convocar al Gabinete de Seguridad federal ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Su objeción no se centró en rechazar cualquier cooperación con Washington, sino en exigir que la participación de autoridades extranjeras en asuntos de seguridad se tramite por las instancias previstas en la legislación mexicana.
Un día después, el 6 de octubre, la mandataria sostuvo que la academia no contaba con la autorización federal necesaria para la colaboración internacional anunciada y señaló que la SRE y el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) debían intervenir. Este último funciona como un mecanismo de coordinación para revisar solicitudes de cooperación en seguridad con otros países, de acuerdo con la explicación ofrecida por la Cancillería.
La discusión también involucró la documentación enviada por el gobierno de Querétaro. La SRE informó que recibió el 25 de septiembre un oficio estatal que notificaba la visita de Johnson prevista para el 2 de octubre, pero indicó que el documento no especificaba que el acto estuviera relacionado con el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia. Esa diferencia entre informar sobre la visita de un diplomático y notificar un proyecto de colaboración en seguridad se convirtió en uno de los puntos centrales de la controversia.
Sheinbaum precisó posteriormente que sí existían otros proyectos de cooperación entre Querétaro y agencias estadounidenses que habían recibido autorización. Según los datos que presentó, entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026 se identificaron nueve proyectos aprobados por el GANSEG: ocho relacionados con la Fiscalía General del Estado y uno con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por un monto conjunto de 4.6 millones de pesos. La presidenta señaló que la academia no figuraba entre esos proyectos autorizados.
Por su parte, el gobernador Mauricio Kuri sostuvo que su administración respetaría el marco legal y que tramitaría los permisos correspondientes si la operación de la academia requería autorizaciones adicionales. La presidenta informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló con el mandatario estatal para recordarle los procedimientos aplicables. También señaló que el embajador había expresado disposición a mantener la cooperación dentro de las leyes mexicanas.
El encuentro del 8 de octubre ocurre, por tanto, en un momento en que ambos gobiernos mantienen canales de diálogo, pero enfrentan diferencias sobre la forma en que debe organizarse la colaboración en seguridad. La posición del gobierno mexicano es que los acuerdos con agencias extranjeras deben pasar por las instancias federales competentes; la participación de un embajador en una ceremonia estatal, por sí sola, no sustituye los procedimientos necesarios para autorizar actividades de cooperación.
Hasta la información pública difundida sobre las reuniones de este jueves, no se había anunciado una resolución específica sobre la academia de Querétaro ni se había detallado un calendario para obtener las autorizaciones pendientes. La Cancillería comunicó los principios generales abordados con Johnson, pero no hizo pública una minuta que permitiera confirmar si el proyecto policial fue discutido a fondo durante la conversación con Sheinbaum y los empresarios.
La controversia deja planteada una cuestión que rebasa la construcción de una instalación policial: cómo coordinar la cooperación con Estados Unidos en el combate al tráfico de drogas, armas y dinero ilícito sin desplazar las atribuciones de las autoridades mexicanas. Para el gobierno federal, el punto central es que la colaboración internacional en seguridad debe realizarse conforme a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, con intervención de las instituciones responsables de autorizarla y supervisarla.