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02.12.2025.Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a pronunciarse sobre el caso del reportero policiaco Rafael Lafita López, acusado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz de terrorismo y otros delitos, pese a que no se han acreditado pruebas sólidas. Aprovechó para fijar postura frente a otros casos en distintas entidades que han sido acusados, detenidos o sentenciados por ejercer su labor periodística de manera crítica.
En su conferencia del 2 de enero de 2026, la mandataria federal subrayó que la libertad de expresión está por encima de todo y anunció que los periodistas procesados podrán acceder al Mecanismo de Protección, incluso si ya enfrentan un proceso penal.
La presidenta recordó que las fiscalías son autónomas, pero exigió que se expliquen las razones de la acusación y se evite criminalizar el ejercicio periodístico.
“Las Fiscalías estatales son autónomas. Sin embargo, mi opinión, y nuestra opinión como Gobierno, es que por encima de todo está la libertad de expresión”.
“Entonces, mi opinión es que la libertad de expresión está por encima… Claro, si hay un periodista que cometió un delito, pues también es como cualquier otra persona, pero si el asunto de fondo tiene que ver con la libertad de expresión, siempre hay que elegir la libertad de expresión por encima de todo”, sentenció Sheinbaum Pardo.
La mandataria mexicana así expresó públicamente esta mañana su respaldo al reportero policiaco Rafael Lafita López, acusado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz de terrorismo y otros delitos, en un proceso que ha generado controversia nacional por la falta de pruebas sólidas y la severidad de las medidas cautelares dictadas en su contra, pese a que ya omitió el de terrorismo.
El caso ha generado polémica nacional porque un juez dictó un año de prisión preventiva en arraigo domiciliario contra el comunicador, mientras la fiscalía estatal insiste en responsabilizarlo de delitos graves sin pruebas concluyentes.
Rafael Lafita López, conocido por llegar antes que las autoridades a los escenarios de nota roja gracias a informantes como taxistas y barrenderos, fue señalado por la fiscalía de tener conductas sospechosas. Sin embargo, los cargos de terrorismo fueron desestimados y la acusación se sostiene en imputaciones de encubrimiento y favorecimiento, que tampoco han sido probadas.
“Incluso, le pedí a la Secretaría de Gobernación que si es necesario que el Mecanismo de Protección a Periodistas se acerque o desean los periodistas acercarse —que están acusados—, al Mecanismo de Protección que, digamos, esencialmente es la protección, pero en este caso se puede extender esta atribución a la protección de los periodistas que están acusados, que lo haga” refirió Claudia Sheinbaum.
La mandataria federal ha urgido a la fiscal veracruzana a detallar las razones de la acusación de terrorismo, subrayando que en un Estado democrático no puede criminalizarse el ejercicio periodístico ni sancionarse la labor informativa sin fundamentos claros.
Rafael Lafita López, conocido por su cobertura de hechos de nota roja, suele llegar antes que las autoridades a los escenarios de violencia o accidentes, gracias a una red de informantes integrada por taxistas, barrenderos y vecinos.
Esta práctica, común en el periodismo policiaco, habría sido interpretada por la fiscalía como indicio de actividades ilícitas, sin que hasta ahora se presenten pruebas que sustenten sus acusaciones. Lo que llama la atención es que el juez continúa el juego de la Fiscalía de Veracruz anotan organizaciones.
La presidenta Sheinbaum ya había solicitado previamente una explicación sobre el caso, lo que convierte su nuevo pronunciamiento en una segunda llamada de atención hacia la fiscalía estatal.
El hecho abre el debate sobre si se trata de un enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo federal y la fiscal veracruzana, o si la postura presidencial busca únicamente presionar para que se transparenten los procesos judiciales y se evite la criminalización de periodistas.
La intervención de la presidenta coloca el caso de Lafita López en el centro de la discusión nacional sobre libertad de prensa, debido proceso y límites del poder judicial local.
Analistas señalan que la insistencia de Sheinbaum puede interpretarse como respaldo al gremio periodístico y como advertencia institucional hacia la fiscalía. No obstante, aún no se configura un choque frontal: más bien, la presidenta ha optado por ejercer presión pública, dejando abierta la posibilidad de que la fiscalía rectifique o explique.
Analistas consideran que la insistencia de Sheinbaum en pedir explicaciones refleja un compromiso con la transparencia y con la protección de periodistas, pero también evidencia las tensiones institucionales entre el gobierno federal y la fiscalía veracruzana.
Mientras algunos interpretan el gesto como un respaldo directo al gremio periodístico, otros lo ven como un mensaje político que advierte sobre la necesidad de rendición de cuentas en los estados.
El desenlace del caso será clave para definir si la presión presidencial logra corregir el rumbo de un proceso judicial cuestionado, o si se profundiza la distancia entre la administración federal y la fiscalía de Veracruz.
Por ahora, lo cierto es que la figura de Rafael Lafita López se ha convertido en símbolo de la vulnerabilidad que enfrentan los reporteros de nota roja, cuya labor cotidiana los coloca en escenarios de riesgo y, en este caso, bajo sospecha de delitos graves sin pruebas concluyentes.
El caso de Lafita López se conecta con antecedentes en Veracruz. En 2011, dos usuarios de redes sociales fueron acusados de terrorismo por difundir mensajes sobre presuntos ataques del crimen organizado en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río.
Aquella acusación fue ampliamente criticada por organizaciones internacionales, que señalaron un intento de intimidar la libertad de expresión. Más tarde, en 2015 y 2016, periodistas locales denunciaron presiones y amenazas vinculadas a su cobertura de hechos violentos, en un estado que se convirtió en uno de los más peligrosos para el ejercicio periodístico.
En Puebla también se han registrado casos similares. El director del portal e-Consulta, Rodolfo Ruiz, enfrenta procesos judiciales bajo acusaciones de lavado de dinero por pagar su defensa, lo que fue interpretado como un mecanismo de intimidación contra la prensa crítica.
Estos antecedentes muestran un patrón de uso del aparato judicial para presionar a comunicadores, bajo delitos graves que rara vez se sostienen en tribunales.
La intervención de Sheinbaum coloca el caso de Lafita López en el centro de la discusión nacional sobre libertad de prensa y debido proceso
