*Zona de Reflexión.
/ Escrito por Lucía Lagunes Huerta /
Hay muertes que, además del dolor e indignación que provocan, obligan a hacer preguntas.
El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico, es una de ellas. Claudia fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla, uno de los ocho municipios de Morelos donde existe una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) desde hace más de once años.
Su muerte provocó indignación en México y España. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad de Granada, autoridades estatales, organizaciones feministas y organismos de derechos humanos exigieron investigar los hechos con perspectiva de género y garantizar justicia.
El 16 de agosto de este año, apenas 27 días antes del asesinato de Claudia, autoridades de Morelos y del Gobierno de México se reunieron para “fortalecer el seguimiento de la AVGM”.
La secretaria de las Mujeres de Morelos, Clarisa Gómez Manrique, habló entonces de la necesidad de contar con un seguimiento permanente y resultados medibles. La representación federal señaló que el cumplimiento de las declaratorias requiere «la participación coordinada de los ámbitos federal, estatal y municipal y de las instituciones responsables de cada medida», (Gobierno del Estado de Morelos)
Veintisiete días después, Claudia fue asesinada en Cuautla.
La coincidencia temporal no permite establecer una relación causal. Pero sí, formular una pregunta que las autoridades deben responder: ¿Cuáles eran esos resultados medibles en Cuautla antes del 12 de septiembre?
Y antes de abril de 2025, cuando fue asesinada Aylin Rodríguez, de 20 años, ¿cuáles eran los resultados “medibles”? ¿Qué había cambiado para marzo de este año, cuando fueron asesinadas Kimberly Ramos y Karol Toledo, ambas de 18 años, o para junio, cuando fue asesinada Michelle, de 15 años? Todas ellas eran estudiantes de la UAEM.
Cuando la antropóloga Marcela Lagarde, entonces diputada, junto con Angélica de la Peña y otras legisladoras, impulsó la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la intención era dotar a los gobiernos de un mecanismo para responder ante situaciones de emergencia provocadas por la violencia feminicida en una determinada zona.
Marcela Lagarde lo ha señalado en diversas ocasiones: la idea detrás de la alerta surgió tomando como referencia los mecanismos de protección civil. Frente a una alerta de tsunami o un incendio, las autoridades desarrollan acciones para salvar vidas: evacúan poblaciones enteras, colocan barreras, llevan agua y crean cortafuegos.
¿Cuáles serían esas barreras o cortafuegos que tendrían que desarrollarse para mantener a salvo a las mujeres en Morelos?
Acaso sería realmente garantizar la justicia para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia en cualquier lugar de la zona alertada.
Porque aceptar, 11 años después, que de las cinco medidas de seguridad, cuatro de prevención y seis de justicia y reparación, además del mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, ninguna haya sido realmente cumplida, resulta difícil de explicar.
Once años después.
La AVGM fue declarada en Morelos el 10 de agosto de 2015 para Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
No es una declaración simbólica. Implica medidas concretas de seguridad, prevención, justicia y reparación, así como responsabilidades para autoridades estatales y municipales
Sin embargo, el cuarto dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a la Alerta, aprobado en diciembre de 2023, encontró un panorama que debería preocuparnos.
De las cinco medidas de seguridad evaluadas, ninguna fue considerada cumplida. En el conjunto de las 15 medidas analizadas, sólo una se encontraba en proceso de cumplimiento; ocho estaban parcialmente cumplidas y seis no estaban cumplidas.
El propio GIM señaló además una dificultad que parece menor frente a la dimensión de la violencia, pero que en realidad resulta fundamental: la falta de medios de verificación oportunos y la presentación desarticulada de las evidencias impedían evaluar adecuadamente los avances del estado.
Es decir, después de más de una década de programas, acciones, reuniones y recursos, todavía resulta difícil responder con precisión qué se había hecho, dónde, con qué recursos y con qué resultados.
Y ahí está una de las mayores debilidades de las alertas de violencia de género: su aplicación. Hecho en el cual coincidía la ex titular de la Semujer, Citlalli Hernández, “la falla está en las autoridades, no en la herramienta en sí misma”.
Hay que asumir que hacer acciones no es lo mismo que tener resultados que garanticen que se va por el camino de una vida libre de violencia para las mujeres, mucho menos cuando esas acciones se convierten en una rutina administrativa.