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30/08/2022/ Ciudad de México.- Con un comunicado en el día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificó su compromiso con las víctimas de desaparición y sus familiares, así como de instrumentar políticas públicas y medidas para su prevención, erradicación, investigación y sanción, a fin de que la afectación de los derechos humanos no quede impune.
México enfrenta una aguda crisis de desaparición forzada. Hasta la fecha se han registrado más de 100 mil personas desaparecidas, sin embargo, se estimas que estas cifras podrían ser mayores.
Desde 1951, la desaparición forzada se convirtió en una práctica recurrente dentro de las estrategias de Violencia Política del Estado mexicano para exterminar los proyectos políticos de los movimientos de inconformidad social. Durante las siguientes décadas, pero sobre todo en el periodo denominado como “Guerra Sucia”, la desaparición forzada se fue perfeccionando hasta volverse sistemática.
El empleo de la desaparición forzada en contra de opositores políticos implicó la construcción de un entramado institucional donde participaron de manera coordinada los tres niveles de gobierno y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, la totalidad del aparato Estatal con la participación de poderes fácticos como los medios de comunicación, el sector privado e incluso las universidades.
La desaparición forzada implica una serie de graves violaciones a los derechos humanos entre las que se encuentran la detención arbitraria, la tortura física y psicológica, los tratos crueles e inhumanos, perpetrados por agentes del Estado o con la aquiescencia de las autoridades. En su faceta como delito, la desaparición forzada no prescribe, ya que no hay una certeza jurídica de la persona desaparecida, lo que también constituye una tortura psicológica para la familia de la víctima al desconocer el paradero de esta.
Históricamente la lucha por la presentación de las personas desaparecidas y el castigo a las culpables se ha emprendido por colectivos de familiares, especialmente las madres y esposas. Desde este espacio han contribuido para la elaboración de nuevas leyes y mecanismos que promuevan y defiendan los derechos humanos, así como para la sanción de los responsables.
Actualmente la desaparición forzada se ha multiplicado y masificado, ahora sus finalidades responden a una variedad de intereses económicos, políticos y sociales. Con la constante aquiescencia del Estado, los perpetradores y ejecutores de esta práctica también se han diversificado y complejizado. En el país, este fenómeno ha ido en franco aumento desde el año 2006, tras la declaración de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” que disparó exponencialmente el número de personas desaparecidas.
Una de las causas que han posibilitado que la crisis de desaparición forzada impacte a la sociedad mexicana es la impunidad que ha revestido esta grave violación y delito de lesa humanidad.
Ante ello, la CNDH reitera la necesidad de reforzar las acciones para consolidar las medidas determinadas por el Órgano de Control de Convencionalidad Concentrado, previsto en el artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, así como que cada asunto de desaparición debe ser investigado de manera exhaustiva y pertinente, con diligencias tendentes a la localización de la persona agraviada, y de todas aquellas que conlleven a acreditar la responsabilidad de las personas responsables en su desaparición.
La CNDH destaca la importancia de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas con motivo de la visita realizada a finales del año 2021 y la urgencia del Estado mexicano de cumplir, de forma cabal, entre otros, de los siguientes compromisos de manera prioritaria:
• Implementar las recomendaciones del referido informe a la totalidad de los casos de desapariciones en el país, incluso las ocurridas entre los años 1965 y 1990, y años posteriores.
• Que las autoridades establezcan mecanismos ágiles, interoperables, eficaces y transparentes para ingresar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
• Aplicar sistemáticamente el análisis de contexto, tanto en los procesos de búsqueda como en los de investigación.
• Priorizar las acciones que puedan conducir a la localización de las personas desaparecidas con vida y a su liberación, y debe prevenir, investigar y sancionar las omisiones imputables a los funcionarios del Estado en la realización de tales acciones inmediatas.
• Que se implemente el Banco Nacional de Datos Forenses y asegure su interoperabilidad con otros bancos de perfiles genéticos existentes en México y en otros países.
• Promover la instauración de acuerdos, mecanismos y prácticas con todos los países vecinos para multiplicar las opciones de cruces de datos genéticos.
• Garantizar que toda persona fallecida sin identificar sea inhumada en fosas individuales con información detallada y registrada en una base de datos operativa. Además, debe asegurar que los cuerpos de las personas fallecidas sin identificar no serán entregados a las universidades u otras entidades que las puedan hacer desaparecer.
• Prevenir y sancionar las acciones que criminalizan, intimidan, persiguen y estigmatizan a las personas desaparecidas, sus familiares o las personas que les acompañan.
Esta Comisión Nacional reconoce el esfuerzo y las labores de los familiares de personas desaparecidas, miembros de la sociedad civil y de las instituciones que hicieron posible la creación del Centro Nacional de Identificación Humana y de los Centros Regionales, mediante los cuales, según datos públicos, se podrá identificar a las más de 52 mil personas fallecidas sin identificar que yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones y resguardos de servicios forenses y universidades, así como a los miles hallazgos de fragmentos de restos óseos que las propias familias, comisiones de búsqueda y Fiscalía son recuperados a diario en fosas clandestinas.
La CNDH hace un llamado a todas las autoridades a cumplir el mandato constitucional encaminado a garantizar los derechos de verdad, memoria, justicia, reparación y medidas de no repetición conforme a los más altos estándares en materia de desaparición forzada, así como a la sociedad mexicana a no olvidar y, en cambio, recordar estos terribles crímenes.
Durante la jornada de este día, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se hace presente a través de visitadores adjuntos, quienes acompañan a diversas colectivas que marchan por la exigencia legítima del derecho de toda persona a ser buscada y por el establecimiento de condiciones que impidan la recurrencia de la desaparición.
