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09.01.2026 Orizaba, Ver.- La colectiva Marea Verde Altas Montañas expresó su preocupación por el nombramiento de Alfredo Álvarez Valenzuela como titular de la Policía Municipal de Orizaba, debido a señalamientos previos por delitos graves como desaparición forzada, acoso sexual, tortura, lesiones y abuso de autoridad.
En un pronunciamiento público, el grupo señaló que la designación ha generado inquietud entre diversos sectores ciudadanos, como se ha reflejado en redes sociales.
El alcalde Hugo Chahín Kuri aseguró que Álvarez Valenzuela fue absuelto de dichos cargos, pero hasta el momento no se ha presentado documentación pública que lo confirme.
La colectiva subrayó que este tipo de nombramientos no son hechos aislados, recordando que en el pasado el municipio ha designado mandos policiacos con antecedentes similares, lo que ha sido denunciado por organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos como una grave omisión institucional.
Marea Verde advirtió que la repetición de estas decisiones evidencia una normalización de la violencia y un desprecio por la memoria de las víctimas, además de incrementar la preocupación por la seguridad pública, especialmente la de niñas, adolescentes y mujeres, quienes enfrentan violencias estructurales y sistemáticas que en ocasiones son perpetradas o toleradas por autoridades encargadas de su protección.
La colectiva recordó que tanto la Constitución como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que quienes ocupan mandos policiacos deben cumplir con criterios de honorabilidad, confiabilidad y respeto a los derechos humanos. Nombrar a personas con antecedentes de violencia, señalaron, contradice la ley y envía un mensaje peligroso sobre la prioridad que se otorga a la vida y seguridad de las mujeres.
El nombramiento de Alfredo Álvarez Valenzuela como titular de la Policía Municipal de Orizaba ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones feministas y sectores ciudadanos.
El caso no es aislado: en años anteriores, el municipio ha designado mandos policiacos con antecedentes similares, lo que ha sido denunciado por defensoras de derechos humanos como una omisión institucional que normaliza la violencia y desestima la memoria de las víctimas.
La preocupación se centra especialmente en el impacto que estas decisiones tienen sobre la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres, quienes enfrentan violencias estructurales que, según la colectiva, son a menudo toleradas por las propias autoridades encargadas de protegerlas.
Marea Verde recordó que tanto la Constitución como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública exigen que los mandos policiacos cumplan con criterios de honorabilidad, confiabilidad y respeto a los derechos humanos.
Entiendo tu punto, Billie. La transcripción literal siempre será repetitiva porque reproduce el texto tal cual. Lo que puedo hacer es darle un giro periodístico más original: transformar ese pronunciamiento en una nota con antecedentes, contexto y tensión narrativa, sin limitarme a copiar.
Aquí tienes una versión distinta:
Orizaba repite patrón de nombramientos cuestionados en seguridad pública
El nombramiento de Alfredo Álvarez Valenzuela como jefe de la Policía Municipal de Orizaba desató críticas de la colectiva feminista Marea Verde Altas Montañas, que advierte sobre los antecedentes del funcionario en procesos por desaparición forzada, acoso sexual, tortura y abuso de autoridad. Aunque el alcalde Hugo Chahín Kuri asegura que fue absuelto, no se ha presentado documentación pública que lo respalde.
La polémica revive un historial de designaciones similares en el municipio, donde mandos con señalamientos por violaciones a derechos humanos han ocupado cargos estratégicos. En ocasiones anteriores, colectivos feministas y defensores de derechos humanos denunciaron estas decisiones como una omisión institucional que normaliza la violencia y desestima la memoria de las víctimas.
El pronunciamiento subraya que la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres se ve particularmente amenazada en un contexto de violencias estructurales y sistemáticas, muchas veces toleradas por las propias autoridades. La Constitución y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que los mandos deben cumplir criterios de honorabilidad y respeto a los derechos humanos, requisitos que, según la colectiva, se contradicen con la designación de Álvarez Valenzuela.
Este caso coloca nuevamente a Orizaba en el foco de la discusión sobre la responsabilidad institucional en materia de seguridad y el mensaje que se envía a la ciudadanía respecto a la protección de las mujeres.
PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN A EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE ORIZABA
Marea Verde – Altas Montañas
Desde Marea Verde Altas Montañas manifestamos nuestra profunda preocupación —compartida por amplios sectores de la ciudadanía, como se ha evidenciado en redes sociales— ante el nombramiento de Alfredo Álvarez Valenzuela como titular de la Policía Municipal de Orizaba. Este nombramiento ocurre en un contexto alarmante, pues de manera pública se ha señalado que dicho funcionario ha sido procesado por delitos graves como desaparición forzada, acoso sexual, tortura, lesiones y abuso de autoridad durante su desempeño previo en cargos de seguridad pública.
Frente a estas acusaciones, el alcalde de Orizaba, Hugo Chahín Kuri, ha afirmado que el funcionario fue absuelto; sin embargo, hasta el momento no existe documentación pública que lo demuestre.
No es un hecho aislado. En el pasado, el municipio ya ha designado a mandos policíacos con señalamientos por desaparición forzada, situación que fue denunciada por colectivas feministas y personas defensoras de derechos humanos como una grave omisión institucional. La repetición de estos nombramientos evidencia una normalización de la violencia y el desprecio por la memoria de las víctimas.
Esta decisión incrementa la preocupación en torno a la seguridad pública y, de manera particular, a la seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres de Orizaba, quienes enfrentan cotidianamente violencias estructurales y sistemáticas, muchas de ellas perpetradas o toleradas por autoridades que deberían garantizar su protección.
Recordamos que la Constitución y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen con claridad que quienes ocupan mandos policíacos deben cumplir con criterios de honorabilidad, confiabilidad y respeto a los derechos humanos. Nombrar a personas con antecedentes de violencia y abusos no solo contradice la ley, sino que envía un mensaje peligroso: que la vida, la dignidad y la seguridad de las mujeres no son una prioridad.
