*Colectivos difundieron videos y fotografías en los que se observa a un subdirector y a otros funcionarios del instituto jugando con cuerpos de personas fallecidas.
/ Escrito por Paola Piña /
09.07.2025. Ciudad de México.– Tras difundirse videos donde supuestos trabajadores del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (INCIFO) maltratan cuerpos, familiares de personas desaparecidas convocaron a la prensa para denunciar «las graves violaciones a la dignidad humana de personas sin vida» que se llevan a cabo en ese lugar, no obstante, tras recibir amenazas por parte del personal de dicha institución decidieron cancelar el evento.
El pasado 25 de junio, los colectivos Hasta Encontrarles, Una Luz en el Camino y Mariposas Buscando Corazones y Justicia difundieron videos y fotografías en los que se observa a un subdirector y a otros funcionarios del instituto jugando con cuerpos de personas fallecidas, así como las condiciones indignas en las que se encontraban los cuerpos bajo resguardo del INCIFO.
Este escenario se da en medio de una crisis humanitaria de desaparición de personas en México. Hasta el 4 de julio de 2025, el país registra 129 mil 891 personas desaparecidas, de las cuales 29 mil 771 son mujeres. En la mayoría de los casos, son sus familiares, especialmente mujeres, quienes encabezan las labores de búsqueda.
A la par de esta denuncia, trabajadores del instituto se manifestaron para visibilizar otras problemáticas internas, como la falta de insumos para laborar, el acoso laboral, el nepotismo y el rezago en la entrega de cuerpos. En respuesta a estas denuncias, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México anunció la remoción de Patricia Crespo como directora del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.
Sin embargo, días después se informó que Crespo asumiría un nuevo cargo como jefa de la Unidad Departamental de Anfiteatro y Patología. Desde el 1 de julio de 2025 tomó posesión del puesto, ignorando por completo las denuncias e investigaciones en su contra.
Ante estos hechos, las familias buscadoras tenían previsto presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esta sería su segunda acción legal, tras haber interpuesto previamente una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Sin embargo, mediante un comunicado, denunciaron haber sido víctimas de amenazas y hostigamientos cuyo objetivo es frenar las denuncias colectivas sobre las prácticas deshumanizantes que persisten al interior del INCIFO. Por ello, responsabilizaron al Gobierno de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia capitalino (del cual depende el instituto), al Poder Judicial local y al Gobierno Federal por cualquier acto que atente contra su integridad o agrave su situación.
Advirtieron que se está vulnerando su derecho a la justicia, a la verdad y a participar libremente en procesos de denuncia y exigencia de rendición de cuentas por parte del Estado. Además, señalaron que la persistencia de estas prácticas demuestra la profunda crisis institucional que enfrenta el INCIFO, a pesar de la supuesta “medida de reparación” que implicó la renuncia del titular del área de Tanatología, Andrés Oriol Morales.
De igual forma, ante los acontecimientos registrados la semana pasada dentro del instituto, el colectivo Hasta Encontrarles difundió un pronunciamiento en el que manifiesta su solidaridad con las y los trabajadores cuyos derechos laborales han sido afectados, y en el que plantea una serie de demandas dirigidas a las autoridades correspondientes.
- Condiciones laborales dignas para todo el personal del INCIFO, con perspectiva de derechos humanos y salud mental.
- Condiciones adecuadas y humanas para el resguardo de los cuerpos, evitando su revictimización y garantizando que sean tratados con el respeto que toda vida humana merece, incluso en la muerte.
- Acceso oportuno y sin obstáculos para las familias que buscan identificar a sus seres queridos.
- Procesos expeditos y transparentes de identificación de restos, que no estén marcados por la negligencia ni el burocratismo.
- Prohibición absoluta de donar cuerpos a instituciones académicas sin haber agotado antes todas las posibilidades de identificación y sin consentimiento informado de las familias.
- Participación activa y sin exclusiones de las familias en todas las etapas del proceso, desde el ingreso de los cuerpos hasta su identificación o restitución.
Riesgo y criminalización de quienes buscan
De acuerdo con Amnistía Internacional, la situación que enfrentan las familias buscadoras en México no es excepcional. En su informe, «Buscar sin miedo» la organización advierte que la búsqueda de personas desaparecidas puede ser percibida como una amenaza directa para quienes perpetraron el crimen, así como para intereses políticos o del crimen organizado, lo que ha llevado a criminalizar a quienes defienden los derechos humanos.
Con el objetivo de frenar la búsqueda y perpetuar la impunidad, muchos Estados, incluido el mexicano, han recurrido a estrategias de disuasión como el uso indebido del sistema penal para iniciar investigaciones arbitrarias e ilegales contra mujeres buscadoras y otras personas defensoras.
Esta tendencia a reprimir y violentar a quienes exigen verdad y justicia se replica con fuerza en el caso de las familias buscadoras. Las mujeres, en particular, son objeto de amenazas constantes, incluyendo amenazas de violencia físical, para forzarlas a abandonar sus labores de búsqueda, muchas veces a través de herramientas digitales y redes sociales.
A pesar de la criminalización, el hostigamiento institucional y el abandono del Estado, las familias aseguran que no cesarán en su lucha. Reiteraron su compromiso de seguir articulándose como colectivos de búsqueda en la Ciudad de México para exigir verdad, justicia y respeto a la dignidad post mortem de sus seres queridos y de todas las personas fallecidas.
Desaparición de mujeres
Recordemos que el 17 y 18 de junio, representantes del Estado mexicano viajaron a Ginebra, Suiza, en aras de realizar la sustentación de su X informe Periódico. México llega ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW] con un aproximado total de 209 recomendaciones que el Comité ha extendido desde 1998; un número extenso que pesa más, por las omisiones e incumplimiento, pues según comparte, Azucena Enríquez, secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), con Cimacnoticias, se calcula que aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
Ante este panorama, el informe señaló que «los datos revelan una crisis alarmante en términos de desaparición de mujeres y niñas en México» poniendo en evidencia la urgencia de evaluar la funcionalidad de los mecanismos diseñados para su búsqueda como el Protocolo Alba y la Alerta Amber. Ambos creados con el propósito de ofrecer una respuesta inmediata; sin embargo, en la práctica no se han podido aplicar correctamente.
De acuerdo con el documento, los obstáculos a los que se enfrentan ambos mecanismos son: la activación tardía de las fichas de búsqueda hasta por 72 horas; la falta de difusión y seguimiento a las investigaciones: falta de campañas de información sobre la activación de protocolos; revictimización y estimación de las mujeres desaparecidas; falta de accesos a la información sobre el seguimiento de búsqueda; ineficacia para clasificar las activaciones correctamente; ausencia de capacitación y sensibilización a las y los operadores; carencia de acompañamiento a víctimas y familiares; así como falla en la coordinación de los mecanismos.
Ante estas problemáticas, el informe apuesta por la necesidad de armonizar el Protocolo Alba y la Alerta Amber en todos los estados de la República, así como de conformar Comités Técnicos que informen los resultados de manera periódica; homologar los criterios de activación eliminando requisitos discrecionales y estableciendo un plazo de 24 horas; y fortalecer la transparencia y acceso a la información exigiendo que las fiscalías publiquen sus resultados.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en 2024 se registraron 12 mil 906 mujeres desaparecidas y no localizadas, entre el 1 de enero al 24 de abril de 2025, la cifra es de mil 101, representando un incremento del 34.94% respecto al mismo periodo anterior.
Entre 2018 y 2024, los estados con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas fueron: Jalisco: 6 mil 724; estado de México (Edomex): 5 mil 425; Michoacán: 3 mil 758; Ciudad de México (CDMX): 3 mil 655; Tamaulipas: 3 mil351: Nuevo León: 3,256. En contraste, las entidades con las cifras más bajas fueron: Campeche (67), Yucatán (82), Puebla (100), Colima (357) y Oaxaca (374).
Durante los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum se identificaron en promedio 40 desapariciones diarias, lo que supone un incremento del 60% respecto al mismo periodo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo 25 desapariciones diarias. Asimismo, durante los primeros 100 día del sexenio en donde desaparecieron 1259 mujeres, el Estado de México ocupó el primer lugar con 278 casos, seguido de la Ciudad de México con 252 casos y Puebla con 149 casos.
