* Casi 500 desaparecidos reconoce Abelardo de la Spriella.
12.08.2026.- La decisión inicial del Gobierno de Colombia de no activar equipos internacionales de búsqueda y rescate después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país abrió una nueva polémica en medio de la emergencia, particularmente por el contraste entre las ofertas de ayuda de distintos gobiernos y los criterios utilizados por las autoridades para decidir cuáles apoyos aceptar.
La controversia comenzó cuando Javier Pava, entonces director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recomendó no solicitar ni activar brigadas extranjeras de búsqueda y rescate. El argumento oficial fue que Colombia contaba con capacidad suficiente para atender la emergencia con sus propios equipos especializados.
En una comunicación dirigida al canciller Omar Bula Escobar, Pava sostuvo que, con base en la evaluación realizada hasta ese momento y en las capacidades disponibles dentro del país, no era necesario incorporar grupos internacionales de búsqueda y rescate urbano, conocidos como USAR.
La justificación no carecía de sustento técnico. Colombia cuenta con una estructura nacional de rescate desarrollada y, apenas en junio pasado, su principal equipo especializado, el USAR COL-1, había obtenido nuevamente la certificación internacional de INSARAG, mecanismo de Naciones Unidas encargado de establecer estándares para los grupos de búsqueda y rescate urbano.
De acuerdo con la propia UNGRD, el USAR COL-1 está integrado por más de 160 especialistas y cuatro caninos, con participación de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Armada y Ejército, además del respaldo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para su traslado. Durante su última evaluación internacional, el equipo superó 174 pruebas técnicas y operativas en un ejercicio que simuló precisamente un terremoto de magnitud 7.3.
El problema político surgió cuando se conocieron los detalles de las ofertas internacionales que habían llegado a Bogotá.
Entre los países que ofrecieron enviar rescatistas estuvieron México, El Salvador, Perú, Estados Unidos, Israel, Ecuador y otros gobiernos. Sin embargo, durante las primeras horas de la emergencia, el Gobierno colombiano decidió priorizar ayuda humanitaria, médica, logística y tecnológica, en lugar de incorporar de inmediato a todas las brigadas extranjeras que se habían puesto a disposición.
Pava explicó posteriormente que había recibido información sobre propuestas de El Salvador, Perú, Israel y Estados Unidos. Según su versión, algunas de esas ofertas no cumplían con los requisitos de certificación internacional que Colombia consideraba necesarios, mientras que en otros casos estimó que era más útil recibir tecnología o especialistas en coordinación de desastres que sumar personal extranjero a las labores de búsqueda.
La decisión generó especial controversia en el caso de México.
Los Topos, brigada mexicana reconocida internacionalmente por sus labores de búsqueda y rescate después de terremotos, prepararon su despliegue hacia Colombia. Héctor Méndez, conocido como “Topo Mayor”, confirmó la llegada de integrantes del grupo a territorio colombiano, mientras continuaba la discusión sobre la autorización formal para que pudieran incorporarse plenamente a las labores de emergencia.
El momento en que se produjo la disputa no era menor. El terremoto había provocado el colapso de edificios en diferentes zonas del país y las autoridades se encontraban dentro de las primeras 72 horas posteriores al desastre, consideradas fundamentales para localizar personas con vida bajo los escombros.
En Cali, una de las ciudades más afectadas, el alcalde Alejandro Eder advirtió que la denominada “ventana de vida” estaba llegando a su límite y destacó la importancia de contar con tecnología y perros especializados para detectar sobrevivientes.
La polémica se intensificó porque, mientras los equipos mexicanos enfrentaban dificultades para obtener autorización plena, Colombia sí comenzó a aceptar determinados apoyos internacionales.
El contraste alimentó las sospechas de que, además de los argumentos técnicos, podrían existir consideraciones políticas detrás de la selección de la ayuda extranjera.
La dimensión ideológica
El episodio ha adquirido un evidente componente político porque varios de los países que ofrecieron asistencia mantienen posiciones muy diferentes frente al nuevo Gobierno colombiano.
México, por ejemplo, está encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno mantiene una orientación política de izquierda y una estrecha relación con la administración del expresidente Gustavo Petro. México puso a disposición de Colombia personal especializado y asistencia para las labores de emergencia, pero la presidenta Sheinbaum explicó que el despliegue de los equipos requería una solicitud formal del Gobierno colombiano.
También se ofrecieron equipos de países como Perú, Chile, Venezuela y otros gobiernos latinoamericanos.
En contraste, Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador también plantearon alternativas de asistencia y posteriormente algunos de esos equipos fueron considerados para incorporarse a las operaciones bajo los criterios establecidos por Bogotá.
El elemento que mayor suspicacia provocó fue que el propio Pava reconociera que, además de las cuestiones técnicas, existieron consideraciones políticas alrededor de algunas ofertas.
Según declaraciones atribuidas a Pava por El País, el canciller había expresado inicialmente reservas respecto de recibir apoyo de México y se refirió específicamente a la orientación política del gobierno mexicano. El funcionario también señaló que los Topos mexicanos habían llegado a Colombia y que posteriormente debía formalizarse su entrada para poder operar.
Ese señalamiento resulta particularmente sensible porque coloca la discusión fuera del terreno estrictamente técnico.
Si el criterio para recibir rescatistas extranjeros era exclusivamente su certificación, experiencia, autonomía operativa y capacidad para trabajar bajo los protocolos internacionales, la nacionalidad o la orientación ideológica del gobierno que los envía no debería ser un factor determinante.
La diferencia entre los equipos aceptados y los inicialmente rechazados abrió precisamente esa discusión.
No obstante, también existe un argumento técnico que debe ser considerado: introducir numerosos equipos internacionales en una zona devastada no necesariamente mejora de inmediato las labores de rescate. Las brigadas extranjeras requieren coordinación, transporte, seguridad, alojamiento, alimentación, comunicación y una estructura de mando que puede consumir recursos locales durante las primeras horas de una catástrofe.
Los protocolos internacionales de búsqueda y rescate establecen precisamente mecanismos para evitar que la llegada desordenada de grupos extranjeros termine complicando las operaciones nacionales.
Por ello, la discusión no puede reducirse a afirmar que cualquier gobierno que rechace ayuda extranjera está actuando por motivos ideológicos. La decisión puede responder legítimamente a evaluaciones técnicas sobre las necesidades concretas, la certificación de los grupos y la capacidad de coordinación disponible.
Pero en el caso colombiano, la polémica aumentó porque el propio proceso de selección estuvo acompañado por declaraciones políticas y porque el criterio posteriormente cambió.
El giro del Gobierno
La situación dio un giro este miércoles con la salida de Javier Pava y la llegada de David Tamayo a la dirección de la UNGRD.
El nuevo funcionario anunció que Colombia sí permitiría el ingreso de equipos internacionales de búsqueda y rescate, aunque bajo condiciones específicas. Las brigadas deberán estar reconocidas por INSARAG, contar con reconocimiento de sus respectivos países y tener capacidad para operar de manera autónoma. ([LA NACION][1])
Con ese cambio, Colombia abrió finalmente la puerta a una mayor participación extranjera en las labores de rescate.
La modificación ocurrió después de más de 54 horas del terremoto, cuando la ventana crítica para localizar sobrevivientes comenzaba a cerrarse.
Los Topos mexicanos lograron finalmente ingresar y comenzaron a participar en las operaciones en Cali, en un momento en que cada hora adquiría mayor importancia.
El cambio de postura también puso en evidencia que la discusión inicial no era simplemente una cuestión de capacidad nacional. Si Colombia finalmente consideró conveniente incorporar equipos internacionales certificados, la pregunta inevitable es por qué esa decisión no se adoptó desde las primeras horas, cuando existían ofrecimientos de diferentes países.
Una tragedia que exige cooperación
El terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el lunes 10 de agosto ha provocado una de las emergencias más graves que enfrenta Colombia en años recientes. El balance continúa aumentando y, de acuerdo con reportes difundidos este miércoles, ya se contabilizaban más de 260 personas fallecidas, miles de familias afectadas y cientos de personas cuyo paradero permanecía sin confirmar.
Las zonas de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó se encuentran entre las más afectadas, mientras los equipos colombianos continúan trabajando en edificios colapsados y estructuras dañadas.
La emergencia también ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de un gobierno que acababa de asumir funciones y que enfrentó el terremoto apenas unos días después de la toma de posesión presidencial.
Colombia, ciertamente, posee equipos de rescate de alto nivel. La certificación internacional del USAR COL-1 y su participación reciente en operaciones fuera del país —incluido el terremoto ocurrido en Venezuela, donde un contingente colombiano inspeccionó decenas de sitios y estructuras colapsadas— demuestran que el país cuenta con experiencia y personal capacitado.
Pero disponer de capacidad propia no significa necesariamente que la ayuda internacional deba descartarse durante una catástrofe de semejante magnitud.
El verdadero debate que deja esta polémica es si las decisiones tomadas durante las primeras horas estuvieron determinadas exclusivamente por criterios de emergencia y estándares internacionales o si, en algunos casos, las diferencias políticas entre gobiernos influyeron en la respuesta.
La llegada de los Topos mexicanos, después de las dificultades iniciales para obtener autorización, convirtió esa pregunta en uno de los principales temas de la emergencia.
En una catástrofe, las banderas y las diferencias ideológicas deberían quedar subordinadas a una prioridad elemental: encontrar y salvar vidas. La cooperación internacional no sustituye a los equipos nacionales, pero puede complementarlos cuando la magnitud de un desastre rebasa las capacidades disponibles.