Xalapa, Ver.- 30 de Enero de 2019.- Cerca de cinco horas duró la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, ante la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, integrada por los diputados Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, presidente; María Josefina Gamboa Torales, secretaria y Rubén Ríos Uribe, vocal.
Antes de iniciar, el diputado presidente, a nombre de la Comisión, se inconformó por el incumplimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la entrega del informe previo a esta comparecencia, con 48 horas de anticipación, tal y como lo marca el Reglamento Interior del Poder Legislativo. De acuerdo con los legisladores, la información fue entregada en sus oficinas a las 9:30 horas de este miércoles 30 de enero.
En la primera ronda de preguntas, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez, pidió al Fiscal precisar las cifras referentes a las carpetas iniciadas en 2017 y 2018, en cuántas se ejerció acción penal y cuántas fueron resueltas con sentencia condenatoria.
Antes de proporcionar los datos, el Fiscal argumentó que el Sistema Acusatorio Adversarial permite un periodo de aproximadamente dos años para llegar a una audiencia de juicio y resolución, para después informar que en 2018, por fiscalías regionales se iniciaron 89 mil 214 carpetas y desglosó las sentencias condenatorias y absolutorias por región. No informó las carpetas iniciadas en 2017.
A juicio del legislador, la respuesta evidenció que solo hay 13 sentencias condenatorias. Dijo que en dos años, la FGE ha ejercido un presupuesto superior a los 2 mil 892 millones de pesos, con 13 asuntos derivados en acción penal firme, se estaría gastando en cada asunto casi 222 millones de pesos.
La diputada María josefina Gamboa Torales, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) pidió al compareciente aclarar la facultad de la FGE, de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública; y cómo afecta la falta de coordinación entre el Estado y la Fiscalía a su cargo.
El fiscal Winckler Ortiz expuso que las facultades que convergen en las instituciones de prevención del delito y procuración de justicia son diversas, que la Fiscalía no tiene a su cargo la prevención y que no puede ordenar ni ejecutar la detención de una persona, salvo en casos excepcionales, como cuando existe la posibilidad de que huya el probable responsable.
Dijo que la Secretaría de Gobierno está a cargo de la política interna y de la búsqueda de personas desaparecidas; y refirió que la falta de coordinación puede generar errores.
En su oportunidad, el diputado Rubén Ríos Uribe, del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”, se refirió a los 180 feminicidios cometidos durante el 2018, cifra que contrastó con las 24 detenciones y seis sentencias condenatorias registradas hasta el momento. “Usted no llega ni al 12 por ciento de procuración de justicia y existe un 88 por ciento de impunidad para las mujeres y niñas veracruzanas”, expuso.
El Fiscal precisó que fueron 32 probables responsables del delito de feminicidio en 2018, de los cuales se han detenido hasta el momento 24, seis con sentencia condenatoria y continúa la búsqueda de los otros ocho.
La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, representante del Grupo Legislativo Mixto MC-PRD, pidió al Fiscal comentar sobre la función principal de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos; así como el tipo de delitos más recurrentes.
Al respecto, el funcionario informó que esa Fiscalía se encarga de atender a la población indígena con nueve fiscalías itinerantes y 10 intérpretes. Agregó que lesiones y algunos abusos sexuales a mujeres, muchas de ellas menores de edad, son los delitos más comunes.
En la segunda ronda de preguntas la diputada María Josefina Gamboa, pidió reiterar a quién corresponde la búsqueda de las personas desaparecidas.
El Fiscal aclaró que a partir del 2018, entró en vigor la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; a partir de ese momento, el deshago de diligencias, protocolos y acciones para la búsqueda de personas desaparecidas son únicamente competencia de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las comisiones locales en esa materia; en este caso, de la Secretaría de Gobierno de Veracruz.
La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, del Grupo Legislativo de Morena, realizó varias preguntas, referentes al Centro de Justicia para Mujeres, qué tipos de servicios ofrece a las usuarias y quién está a cargo.
Winckler Ortiz respondió que el Centro Integral de Justicia para las Mujeres ya está en funciones, que cuenta con fiscales especializados, con salas de juicios orales a cargo del Poder Judicial, con separos y cámara de Gesell que es un procedimiento para el reconocimiento de personas y básicamente, puntualizó, hay áreas atendidas por el DIF estatal, Sedesol, Registro Civil, Secretaría del Trabajo, de Seguridad Pública, entre otras.
La legisladora consideró que el servidor público quedó a deberle muchas respuestas, por lo que informó que se las enviaría por escrito para que conforme a lo establece la ley, le sean respondidas en menos de 48 horas.
La diputada Judith Pineda Andrade, del PAN, preguntó qué acciones ha implementado la Fiscalía para combatir el secuestro.
El compareciente indicó que el secuestro es uno de los delitos que más agravio causa a las víctimas y a sus familias, y mencionó la creación de la Unidad de Combate al Secuestro, donde convergen especialistas y equipos tecnológicos que se adquirieron el año pasado. También dio a conocer que durante el 2018, se registraron 146 secuestros, la mayoría (51) en Xalapa.
El diputado Amado Cruz Malpica, del Grupo Legislativo de Morena, dijo al Fiscal que ha sido señalado de ejercer una procuración de justicia sesgada, porque en ocasiones la Fiscalía inicia carpetas de investigación con base en audios y noticias que recoge en medios informativos, pero otras veces no lo hace. ¿Cuáles son los criterios que se observan?
Jorge Winckler detalló que en la Fiscalía hay áreas especializadas en delitos contra la corrupción y que él no puede tener injerencia en las investigaciones que tenga a su cargo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Agregó no tener conocimiento de que hayan iniciado una investigación por un audio filtrado. “Los audios filtrados son ilegales, no pueden dárseles validez”.
El diputado Raymundo Andrade Rivera, de la bancada de Morena, cuestionó por qué dentro del proceso penal número 22/2018 iniciado en contra de Arturo N por el delito de desaparición forzada, se aplicó un criterio de oportunidad, cuando el artículo 14 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada lo prohíbe.
El abogado respondió que es totalmente legal y que ese proceso penal está más sólido que cualquier otro que conozca.
El legislador Gonzalo Guízar Valladares, de la bancada “Del Lado Correcto de la Historia” abordó el tema de la atención a migrantes, el suministro de materiales, la remuneración de los trabajadores y retomó el asunto del secuestro.
El Fiscal consideró que hay que generar políticas públicas de prevención y coordinar esfuerzos para combatir la privación ilegal de la libertad. En el suministro de materiales, reconoció que el Gobierno del Estado ha entregado puntualmente las ministraciones a la Fiscalía y en lo referente al tema de los migrantes dijo que es difícil integrar las carpetas cuando denuncian algún delito, por el poco tiempo que permanecen en la región.
La diputada María Esther López Callejas, se refirió a la alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida, que mandata el cumplimiento con medidas de prevención, justicia y reparación, en los 47 municipios con población indígena, además de los 11 donde fue declarada; por lo que preguntó por las acciones implementadas para dar respuesta a la alerta de violencia de género.
Al respecto, dijo que se generaron acciones para la prevención del delito, combatir la delincuencia, fomentar el respeto a los derechos humanos y que los fiscales itinerantes y personal de la oficina, impartieron 706 pláticas de prevención del delito y derechos humanos, dirigidas a la población indígena.
La legisladora Margarita Corro Mendoza se refirió al homicidio de Valeria en Ciudad Mendoza, hija de la diputada federal Carmen Medel. Específicamente, a la confusión que prevaleció en torno del supuesto homicida, alias “El Richi” y por qué fue el ex gobernador quien fungió como fiscal de facto.
En respuesta, el funcionario dijo que en ese caso específico, no puede dar detalles porque hay petición expresa de la familia de reservar la información. Sin embargo, aseveró que fue un crimen atroz y que hubo justicia, porque se encontró al responsable material y a sus cómplices.
El diputado Víctor Emmanuel Vargas, retomó el tema del secuestro y preguntó sobre 59 secuestros esclarecidos y el número de sentenciados.
De acuerdo con las cifras del abogado, durante 2018, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro logró detener a 201 probables responsables, de los cuales, 140 fueron capturados en flagrancia y el resto por órdenes de aprehensión. Hubo 33 sentencias condenatorias y la pena más elevada, incluso penal, fue mayor a los 100 años, en contra de ocho secuestradores en Huatusco y 200 mil pesos de reparación del daño.
Al respecto, Vargas Barrientos señaló que tomando como referencia el índice de incidencia delictiva 2018, donde se informa que en el estado de Veracruz se cometieron 239 secuestros, suponiendo que la fiscalía esclareció 59 casos, el porcentaje de efectividad fue el 42%, lo que en cualquier institución corresponde a un desempeño reprobatorio.
La diputada Monserrat Ortega Ruiz, del PAN, pidió información sobre los registros de ADN de personas desaparecidas.
El Fiscal informó que tuvieron que volver a tomar muestras a las familias que buscaban personas desaparecidas, porque en el pasado hubo una simulación total en la toma de pruebas genéticas. Agregó que en Veracruz se han encontrado 54 fosas clandestinas y 209 cadáveres o restos humanos, solo cinco identificados.
El diputado Rodrigo García Escalante, preguntó si la FGE se ha negado a trabajar con el nuevo Grupo por la Paz que promueve el gobierno actual y que reemplaza al Grupo de Coordinación Veracruz impulsado por el gobierno anterior.
Winckler Ortiz aseguró que de parte de la Fiscalía siempre ha habido el ánimo de colaborar y de trabajar, y que fue invitado a participar en las reuniones que se convocan por instrucción del Presidente de la República y en el estado por el delegado Manuel Huerta. Aseguró que ha participado en la gran mayoría de las reuniones y que las decisiones que ahí se toman son las que coordinan los temas de prevención del delito.
El último turno para inquirir al legislador, tocó a la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, quien retomó algunos temas que consideró, no respondió a sus compañeros, referente a la protección que procura la Fiscalía a las víctimas.
En respuesta, el Fiscal alardeó que la mejor Fiscalía del país, que tiene vinculación a la investigación de delitos de personas desaparecidas, es la Fiscalía de Veracruz. La legisladora tildó las respuestas de vagas e imprecisas.
Pasadas las 15:00 horas, el diputado presidente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, agradeció la presencia del Fiscal y dio por concluida la comparecencia.
