*La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta un nuevo episodio de cuestionamientos públicos tras revelarse en redes que el pleno destinó 300 mil pesos a la adquisición de 12 togas para los ministros recién nombrados.
El hecho ocurre después de horas atrás se difundiera la compra de camionetas lujosas para uso oficial, lo que ya había generado críticas por el contraste con el discurso de austeridad que la propia Corte ha sostenido desde su renovación.
De acuerdo con información administrativa, cada toga tuvo un costo unitario de entre 22 mil y 24 mil pesos. Seis de ellas fueron destinadas a sesiones extraordinarias y las otras seis a sesiones ordinarias, lo que representa un gasto significativo en indumentaria protocolaria.
La decisión de adquirir estas prendas se justificó en la necesidad de uniformar la presencia de los ministros en actos solemnes y en las sesiones públicas, pero el monto invertido ha desatado un debate sobre la pertinencia de los gastos en un contexto de exigencia ciudadana de transparencia y moderación en el uso de recursos públicos.
El antecedente inmediato de las camionetas de lujo adquiridas para los ministros había colocado a la Corte en el centro de la polémica, pues se cuestionó la coherencia entre la narrativa de combate a los privilegios y la práctica administrativa. Ahora, la compra de togas refuerza la percepción de que los símbolos de poder y distinción continúan reproduciéndose dentro del máximo tribunal, pese a los compromisos de cambio institucional.
Diversos especialistas en administración pública y transparencia han señalado que, si bien la indumentaria judicial forma parte de la tradición y protocolo, el costo elevado de las togas resulta difícil de justificar frente a las demandas de austeridad. La crítica se centra en que existen alternativas más económicas que no afectarían la solemnidad de las ceremonias ni la imagen institucional de la Corte.
La revelación del gasto ha generado reacciones en sectores académicos y sociales que insisten en la necesidad de revisar los mecanismos de adquisición y los criterios de gasto dentro del Poder Judicial. Para algunos analistas, este tipo de decisiones refleja la persistencia de prácticas que privilegian la exclusividad y el estatus por encima de la eficiencia y la rendición de cuentas.
El nuevo escándalo se suma a una serie de episodios que han marcado la gestión reciente de la Corte, en un momento en que la confianza ciudadana hacia las instituciones se encuentra bajo constante escrutinio.
La compra de togas, más allá de su carácter protocolario, se ha convertido en un símbolo de las diferencias entre el discurso de austeridad y las decisiones administrativas que parecen contradecirlo.
En un país donde la exigencia de austeridad ha sido bandera política y social, y que desde el primer día los mismos ministros lo asumieron, cada decisión de gasto adquiere un peso simbólico que puede fortalecer o debilitar la legitimidad de las instituciones.
