/**CUÀL ES LA HISTORIA?
/Sandra Romandìa /
En 2018, la ASF determinó que existieron 933 casos en los que los servidores públicos merecieron sanciones. En 2020, el número se elevó a mil 483
Uno de los elementos fundamentales de campaña de Andrés Manuel López Obrador, antes y después de asumir la Presidencia de la República, ha sido, como sabemos, el discurso sobre el combate a la corrupción. En su mensaje desde el Zócalo Capitalino a pocos días después de haber resultado victorioso en las elecciones de 2018, el entonces presidente electo aseguró que “erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República, permitirá la corrupción ni la impunidad”.
“Para los conservadores: pañuelito blanco, ya no hay corrupción”, aseguró una vez más el presidente apenas este 21 de febrero, un día después de la entrega de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la cuenta pública de 2020, lo que fue en realidad su segundo año completo al frente del ejecutivo federal. ¿Cuál es la historia? Que a pesar de ese discurso y las supuestas acciones para aminorar las irregularidades en el gobierno federal, la ASF emitió su informe anual con 2 mil 443 observaciones y más de 60 mil millones de pesos pendientes de aclaración.
Un ángulo alarmante de estos resultados es en lo referente a “promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias”, que es el término con el que se conoce cuando los servidores públicos que tienen a su cuidado los recursos de la nación se conducen de manera contraria a lo que debieran hacer y por lo tanto se hacen acreedores de una sanción por haber malversado las arcas.
Al hacer una revisión encontré que, durante 2018, último año de la administración anterior, la ASF determinó que existieron 933 casos en los que los servidores públicos responsables cometieron infracciones que merecieron el levantamiento de las acciones constitutivas del procedimiento sancionatorio. Pero para 2020, segundo año completo de Andrés Manuel al frente de la administración pública federal, el número de funcionarios sujetos a sanción administrativa se elevó a mil 483, es decir, más de 50% con respecto al último año del sexenio anterior.
El incremento de este tipo de procedimientos pone al descubierto, por una parte, cómo se han estado relajando las medidas de control que existen dentro de la administración para garantizar que los recursos se destinen a donde deben ir, y por otro lado deja abierta la puerta a la comisión de actos de corrupción que de manera dolosa los servidores públicos incurren cuando sus actos no tienen consecuencias.
El haber incrementado tanto el número de procedimientos para sancionar infracciones de los funcionarios evidencia que la política de “abrazos y no balazos” también se instauró dentro de la administración pública, y que el ya famoso pañuelo blanco que blande el presidente cada vez que alguien le señala algún acto de corrupción dentro de su gobierno, acompañado de su frase de “ya no hay corrupción, no somos iguales” no se sustenta de hechos que respalden sus dichos, porque algo está pasando en su administración que está provocando que las fallas, dolosas o no —pero que representan un mal manejo del erario— están incrementándose día con día en su gobierno.
Parafraseándolo, o fue la escoba que le quedó muy chica, o la escalera le está resultando demasiado grande. Cualquiera que sea, la respuesta, ni el pañuelo, ni la escoba están evitando los actos de corrupción de su gobierno.
