*Prosa aprisa:
/ Arturo Reyes Isidoro /
Diez días apenas después, se marca ya una gran diferencia entre los emisarios del pasado… reciente y el nuevo gobierno.
Todavía no se puede echar a vuelo el repique de las campanas, porque es muy poco el tiempo transcurrido, pero asoma una luz al final del túnel.
Dos hechos, dos resultados hacen creer que las cosas van a ir, o pueden ir, bien para Veracruz y los veracruzanos.
El primero, de gran trascendencia por el impacto positivo para la economía de miles de sureños, fue la eliminación de la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos I.
El segundo, de mucha relevancia por lo que significa para toda la población veracruzana, es el fin del negocio del arrastre con grúas, con la complicidad de los propios policías de Tránsito y Vialidad, de todos los vehículos que podían, a cuyos propietarios prácticamente extorsionaban.
La mecánica era muy sencilla pero muy efectiva: los policías detenían a cualquier conductor, hombre o mujer, lo acusaban de cualquier infracción, sin haberla cometido, prácticamente lo asaltaban, le decomisaban su unidad y se la entregaban a los dueños de grúas a cambio de un jugoso moche.
El anuncio de la eliminación de la caseta se hizo el día 1º y se materializó al día siguiente con la presencia de la propia gobernadora Rocío Nahle en Coatzacoalcos.
Tres días después, el día 5, el nuevo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, ordenó a todo el personal operativo de la Policía Vial y de Tránsito no solicitar más el uso del servicio de grúas salvo para casos excepcionales.
Aplauden que se acabe el robo con las grúas
El oficio con la orden del titular se recibió en Tránsito y Vialidad el día 6 y apenas trascendió el domingo 8, con gran difusión en las redes sociales y el aplauso de toda la población, que padeció seis años de robo por parte de policías, a plena luz del día y lo mismo de noche, incluso en las zonas urbanas.
Solamente se utilizará el servicio de grúas por conducto del C-4 y conforme al padrón de empresas concesionadas, registradas, en casos de siniestro o accidente de tránsito, en el aseguramiento de objetos ante un hecho delictivo o cuando un vehículo sea utilizado en la comisión de un delito.
Algo que llama la atención es que una unidad no será detenida ni llevada por la grúa cuando un conductor se encuentre alcoholizado o bajo los efectos de alguna sustancia prohibida si se encuentra presente una persona de su confianza que se haga cargo del vehículo.
Esto último era el gran filón del que se agarraban los policías para atracar a la población, en especial en época decembrina navideña, como la actual, cuando muchas personas acuden a festejos. Detenían parejo por el solo hecho de ver a las personas salir de las fiestas.
Durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, miles de madres de familia batallaron para sacar del cuartel San José a sus hijos, hombres o mujeres, detenidos con el pretexto de que andaban alcoholizados. Aparte de que les cobraban una “multa” de tres mil pesos sin darles un recibo o comprobante a cambio, los enviaban a recuperar sus vehículos en los corralones, donde les “cobraban” de 10 a 15 mil pesos, igual, sin darles recibo.
En Prosa aprisa se denunció el atracadero
El 12 de octubre de 2021 me ocupé del asunto en Prosa aprisa, con el encabezado: “Retenes en Xalapa, de la extorsión al asalto”. Algunos párrafos de entonces: “El comentario de un honesto policía xalapeño, buen ciudadano, jefe de familia, me alertó: jefe, la mera verdad, muchos no lo queremos hacer, pero la orden es terminante: detengan al mayor número de personas que puedan, a su libre albedrío, y reúnan y traigan la mayor cantidad de dinero que se pueda”.
“Resulta que los operativos están coordinados por el subdirector de Agrupamientos, quien reporta directamente al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. Están involucrados los elementos del llamado Cuerpo Especial de Policía Vial (los que andan también en cuatrimotos, armados con metralletas), los agentes de Tránsito del Estado, los integrantes del Grupo Reacción, los del Grupo Recuperación de Vehículos, incluso los policías rasos de la delegación administrativa número 20 de Xalapa”.
“Con otro dato. La tropa ya entrega una cuota fijada, pero ante la orden que le dieron los elementos se comprometieron a empeñarse y llevarles más, pero pidieron que a cambio les permitieran robar también, y por eso a quienes detienen les quitan todo lo que de valor lleven encima, carteras y celulares por delante. Negocio redondo, pues, para todos. Y no distinguen si el detenido es hombre o mujer, de la edad que sea”
El pasado 4 de septiembre (“Cesan a mandos en la SSP para tapar corrupción”) me ocupé del caso del entonces director de Operaciones, Heriberto Santamaría Vázquez, al que cesaron “para salvar a toda la banda interna involucrada en presuntos actos de corrupción”.
“Santamaría Vázquez, a decir de elementos de Seguridad Pública, era hombre clave en toda la estructura policíaca, pues como el operador que era conoce el manejo de todos los negocios que se hacen al amparo de la placa y el uniforme y la información que posee podría llevar hasta los más altos mandos y las autoridades involucradas”.
“Era tal su poder, según nuestras fuentes, que los delegados de las 21 regiones de la SSP en que se divide el estado se ‘reportaban’ con él (el cambio de delegado tiene un costo dependiendo de la zona), quien a su vez se ‘reportaba’ con los más altos mandos, lo mismo para el caso de los polleros traficantes de indocumentados. En el tema de grúas, según policías al tanto de los movimientos internos, se llevaba una ‘muy buena’ comisión, aunque se ‘reportaba’ también con los altos mandos. Se quedaba con todo en lo obtenido por la recuperación de vehículos”.
Nahle copia el buen ejemplo de la policía de Yucatán
El 23 de septiembre pasado, Rocío Nahle, entonces gobernadora electa, declaró a XEU Noticias que, tomando el ejemplo de Yucatán, considerado el mejor estado del país en materia de seguridad, se analizaba fusionar, en una sola corporación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección General de Tránsito y Vialidad.
En el portal de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán se consigna que tienen como misión: “Servir y proteger a la población del Estado de Yucatán con honestidad, honradez y responsabilidad, a través de un impulso continuo en la modernización y profesionalización de los cuerpos policiales y la participación de la población en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos”.
El nuevo gobierno de Veracruz cumple apenas 10 días y es posible que este mismo año o a principios del que viene anuncie la reestructuración administrativa que hará, pero parece que la señora Nahle, por lo pronto, ya dio un primer paso para acabar con el robadero en que estaba convertido el servicio de grúas, en contubernio con los funcionarios lo mismo de Seguridad Pública que de Tránsito.
Una vez más tiene que volverse la mirada hacia Cuitláhuac García Jiménez: por qué permitió todo, a cambio de qué o por cuánto; por qué toleró a los secretarios de Seguridad Pública y a toda la estructura de jefes policiacos asaltantes; por qué dejó desprotegida a la población por cuya seguridad se supone que debía velar.
Exdirector de Tránsito, de modesto servidor público a multimillonario
Dirigentes de transportistas cuentan la versión de que la primera vez que los recibió Rocío, aprovecharon para denunciar la extorsión de que eran objeto por parte del ahora exdirector de Tránsito y Seguridad Vial, Manuel Salvador Palma Valdovinos.
Narran que cuando escuchó su nombre, Rocío exclamó: Sí, ya sé quién es. Es gente de Eleazar Guerrero. Lo voy a meter a la cárcel.
En una escuela de Xalapa, de educación Media Superior, trabajadoras cuentan que una persona que fue familiar de Palma Valdovinos siempre les dijo el asombro que le causaba haberlo conocido hace seis años como un modesto trabajador, y saber ahora que terminaba como multimillonario, en mucho por el negocio de las grúas.
Por lo pronto, los xalapeños y los veracruzanos en general, porque el problema era en todo el estado, pasarán una temporada navideña sabiéndose más seguros con la medida aplicada por la gobernadora Nahle. Honor a quien honor merece.
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