*A Juicio de Amparo .
/ Maria Amparo casar /
Aunque no podía ser de otra manera, miro con desánimo y pesimismo que en la conversación pública lo que discutimos son los resultados de las elecciones para renovar los más altos cargos del Poder Judicial y la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito. Que si las elecciones fueron un fracaso por la bajísima participación y la cantidad de votos nulos que se emitieron. Que si las elecciones no dieron las garantías mínimas de certeza y equidad. Que las listas estaban cargadas. Que si los ganadores a la Corte fueron todos de filiación o afinidad morenista y estaban ya cantados. Que si se repartieron acordeones y se compraron votos. Que si el INE y el Tribunal están cooptados. Que si se rompió el principio de confianza porque los ciudadanos no contaron los votos en las casillas. Que si las boletas no utilizadas se las llevaron los funcionarios sin ser anuladas dando pie a la sospecha de que puedan ser manipuladas.
De que hay que aprender de esta primera experiencia para mejorarla en el futuro. De que los requisitos para aspirar a ser miembro del poder judicial deben ser más exigentes. De que deben escalonarse las elecciones para facilitarle la tarea al ciudadano. De que debe cambiar la composición de los comités de selección. De que deben corregirse las leyes secundarias porque provocaron que el INE tomara atribuciones de los legisladores.
Con las críticas que hemos hecho, todas válidas y bien fundamentadas, nos alejamos del hecho central de que toda la farsa de la democratización del Poder Judicial y la llegada de la “verdadera” democracia no fue más que una charada. El único propósito de la reforma fue que la presidenta y su partido se hicieran del último poder que les faltaba. Como bien dice Mauricio Merino, “…los números [de la elección] no hablan de la calidad del Poder Judicial que tendremos sino del músculo del gobierno y sus partidos”
Por eso tiene razón la presidenta: las elecciones fueron un gran éxito. De ahora en adelante, todo con el poder de su firma. Ella propone y dispone. Ella elabora las iniciativas de reforma constitucional leyes y decretos que le parezcan, sus legisladores las aprueban y sus ministros, magistrados y jueces las avalan en caso de que algún ciudadano u organización impertinente las impugne. Y si algún juez fastidioso cumple con su deber, pues ahí está el Tribunal de Disciplina para acabar con su carrera.
El resto de los contrapesos se terminaron hace unos meses. Sheinbaum no tendrá, como su antecesor, molestos obstáculos al ejercicio discrecional y arbitrario del poder.
Por otra parte, con las propuestas que ya se están ventilando, estamos aceptando la derrota. Ahora resulta que tenemos que hacer propuestas para mejorar el despropósito de que los jueces representen al pueblo en lugar de que hagan su tarea de interpretar la ley y resolver conflictos entre autoridades, entre particulares y entre ambos.
Y, cómo revertir la reforma judicial. Muy difícil. Se intentó a través de acciones de inconstitucionalidad, de amparos, de apelaciones ante el tribunal electoral por la distribución de asientos en el Congreso. El ministro Gómez Alcántara le dio una salida más que aceptable que tenía la virtud de no acabar con la carrera judicial. Se dieron argumentos irrebatibles en los foros de discusión. Se cabildeó. Se apeló a la virtud de la presidenta. Nada.
¿Qué queda? No lo sé. ¿La rebelión de los jueces, la movilización de los ciudadanos, arrebatar la mayoría calificada a Morena en las elecciones de 2027, esperar que nuestros socios comerciales establezcan que la reforma judicial es contraria al T-MEC? Todo cuesta arriba.
Desgraciadamente no tenemos la figura de referendum (la mayoría de los estados sí la tienen) que tiene por objeto precisamente que la ciudadanía refrende o rechace una reforma constitucional. ¿Podríamos buscarla? O ya de plano aceptamos este régimen autocrático que se construyó en poco más de seis años tirando por la borda treinta años de avances democráticos.
