Con la salud no se juega

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*Transmutaciones.

/ Escrito por Lucía Melgar Palacios /

El derecho a la salud ha sido en México un derecho limitado o negado durante largo tiempo. Aunque algunos gobiernos buscaron reducir, en los hechos, las desigualdades y los rezagos de los servicios de salud, nunca resolvieron el problema estructural que, según el reciente reporte académico Salud Quebrada, consiste en la fragmentación de la salud y la seguridad social en dos sistemas básicos (contributivo y no contributivo), a los que se añaden peculiaridades locales en ocho estados.

Aunque ha sido comentado en diversos medios, dada la dimensión de la problemática y sus efectos en la sociedad mexicana, vale la pena retomar este valioso estudio, resultado de cuatro años de investigación.

Los hallazgos centrales de esta investigación colectiva sobre el periodo 2000-2025 desnudan una realidad dolorosa que la población que ha recurrido a los servicios públicos en los últimos ocho años, por lo menos, ha soportado con estoicismo o desesperación; o bien, ha enfrentado con pragmatismo y altos riesgos al recurrir a servicios privados que pueden conllevar gastos catastróficos, o al decidir no tratarse cuando el costo es inalcanzable.

Aunque sean fríos, los datos de este informe dan forma colectiva y realidad social a múltiples experiencias personales: el gasto insuficiente en servicios de salud, la desigualdad de inversión en los sistemas, la reducción de la población cubierta por el sistema no contributivo tras la desaparición del Seguro Popular, en un largo periodo que va de 2018 a 2026, y el consiguiente aumento de los gastos de bolsillo.

Estos datos generales y cifras específicas, como la mínima inversión en salud —inferior a los estándares internacionales—, explican, al menos en parte, por qué muchas personas enfermas que dependen del sistema de salud pública constatan que falta personal capacitado para atender la demanda. Además, como señala el informe, este personal enfrenta condiciones de precarización y, a menudo, de explotación, con bajos salarios, largas jornadas, condiciones extenuantes y hasta la frustración de carecer de material de curación, por decir lo menos.

La limitación de recursos y la descoordinación entre sistemas que señala el informe confirman lo que ve y padece la población: la falta de hospitales que atiendan partos complejos; la falta de medicamentos para el cáncer, que lleva a interrumpir o no completar tratamientos imprescindibles; y la existencia de equipos radiológicos inservibles, denunciada en hospitales públicos de la CDMX en años recientes, por solo dar algunos ejemplos.

Salud Quebrada se refiere con mayor detalle a las consecuencias de las fallas estructurales del sistema público de salud en enfermedades como el cáncer de mama y en indicadores de prevención y atención a la salud, como la razón de muerte materna. El primero se detecta con mayor retraso en el sistema público que en el privado, mientras que la segunda aumentó a niveles de 1999 debido a la desaparición del Seguro Popular, la eliminación de programas específicos que atendían la salud materna como prioridad y la saturación del sistema durante la pandemia de COVID-19.

El informe también documenta el rezago en el seguimiento de la diabetes, segunda causa de muerte en México. Las consecuencias económicas y sociales de las deficiencias en estos tres rubros son devastadoras, tanto para las familias como para el propio sistema de salud.

Habría que considerar también los efectos de la falta de prevención de otras enfermedades, la reducción de la cobertura de vacunación en años pasados y las fallas en la atención a la salud sexual y reproductiva, en particular de las y los adolescentes. A esto se suma la salud mental, que ha sido descuidada siempre, aun cuando la población en general, y las niñas y los niños en particular, han sufrido el impacto de la violencia en grados a veces inimaginables.

Aunque, desde mi perspectiva, el informe suaviza su diagnóstico con el lenguaje optimista propio de ciertas ONG y de la academia, que prefieren hablar de «ventanas de oportunidad» en lugar de «fallas» u obstáculos, deja en claro que la cobertura integral que supuestamente ofrecería el Servicio Universal de Salud —promovido por el actual gobierno como la panacea— «solo podrá alcanzarse si se establece una estrategia de Estado de largo plazo, sustentada en un pacto nacional» que permita aumentar significativamente el presupuesto.

Es decir, si el gobierno trata el derecho a la salud como un asunto prioritario e invierte mucho más y mucho mejor, para intentar alcanzar el 6 % del PIB, cifra que permitiría acercarse a una verdadera cobertura universal y equitativa.

A esta premisa podríamos añadir otras condiciones, como acabar con la corrupción en el sector público, mejorar las condiciones del personal de salud en todos los niveles y evitar el caos normalizado en los últimos sexenios, denunciado a través de fallas en la distribución, falta de planeación y opacidad en las licitaciones. Añadamos también la urgencia de ocuparse de la prevención y de la salud mental de la población como parte integrante del derecho a la salud.

Si hacer realidad el derecho a la salud física y mental para todas las personas exige cambiar a funcionarios impuestos por la administración pasada y reconocer fallas graves, mal haría la presidenta en ignorar una demanda social tan real y sentida.

No hay «bienestar» sin salud, ni puede hacerse accesible a todas las personas una atención de calidad si no se invierte prioritariamente en ella. La salud no se garantiza por decreto.