Prosa aprisa
Arturo Reyes Isidoro
De acuerdo a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, son diez los exfuncionarios del DIF-Estatal Veracruz detenidos el fin de semana pasado. Se supone que se les aprehendió en la calle, por no quedarse en casa.
El diario Notiver informó en su edición dominical que en total son 25 los denunciados, a quienes involucran en el desvío de 112 millones de pesos. Publicó copias del expediente con los nombres. Las acusaciones concretas son por los probables delitos de fraude específico, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Veracruz.
Algunos de los detenidos y otros que se encuentran prófugos fueron quienes operaron las empresas fantasma que utilizó Javier Duarte para desviar recursos. Uno de ellos es el contador Víctor Manuel López Gachuz, a quien lo consideran personaje clave detrás de 400 empresas fantasma. Vivía en el fraccionamiento Costa de Oro del puerto de Veracruz, fue dueño de un famoso restaurante, participó en la compra de la casa que Duarte le regaló a Xóchitl Tress y versiones lo ubican viviendo ahora en Cancún con su familia.
En su momento Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el portal animalpolitico.com investigaron y documentaron toda la red de corrupción; a su vez, el Orfis Veracruz y la Auditoría Superior de la Federación hicieron su propia indagatoria y presentaron denuncias ante las instancias legales correspondientes.
Fue la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares la que formuló la acusación contra los ahora detenidos así como contra otros exfuncionarios que se encuentran prófugos.
Un funcionario que fue de todas las confianzas de Duarte, Antonio Tarek Abdala Saad, exTesorero del Gobierno del Estado y exDirector Administrativo del DIF, testificó en su contra y aportó muchos detalles a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que no dejaron duda del delito. Se convirtió en una especie de testigo protegido a cambio de que no lo detuvieran. Lo ubican refugiado en Canadá.
Pero la mismísima jefa de todos los acusados, expresidenta del Sistema, Karime Macías Tubilla, fue detenida en octubre del año pasado en Londres, donde vive, a petición del Gobierno de México, que solicita su extradición desde 2018, acusada del delito por el que detuvieron ahora a sus colaboradores. La reclama un juez federal de Veracruz. Salió libre tras pagar una fianza de 3 millones 680 mil pesos pero no puede salir de Londres y le pusieron una pulsera para vigilar sus movimientos.
Los acusados y los ya detenidos presuntamente desviaron 112 millones de pesos a empresas fantasmas. Algunos de ellos eran socios de esas empresas. Una hermana de Karime, Mónica Ghihan tiene también una orden de aprehensión por defraudación fiscal por 3.5 millones de pesos. Otro familiar suyo, Brenda Tubilla Muñoz, fue directora de Programas Especiales pero nunca se presentó a trabajar. Desde la Casa Veracruz operó todos los eventos artísticos, deportivos y culturales del gobierno de Duarte, como Cumbre Tajín, festivales de salsa, los Juegos Centroamericanos y del Caribe y otros más, de los que nunca dio cuenta a nadie.
Aunque retardada, la aplicación de la justicia ha llegado ahora con la administración de Cuitláhuac García Jiménez. El juez de Control, Gregorio Esteban Noriega Velasco, dictó ya un año de prisión preventiva contra los detenidos.
La lista que dio a conocer Notiver incluye al propio Tarek Abdala Saad, a Astrid Elías Mansur, a Pedro Manuel Solís García, a Víctor Manuel Carrizo Yoval, a Miguel Ángel Ortiz Romero, a Joaquín Roque Flores Castro, a Julián Alberto Rubín Sandoval, a María del Socorro Pérez Castillo y a Emilia Yasbe Azamar Hernández.
También a los siguientes: Moisés Jiménez García, Pedro Francisco Corona Montes, Mireya Elisa Zárate Herrera, Fabiola Jacqueline Mundo González, Rosalía González Rivera, Luciano Sánchez Díaz, Enrique Eduardo Ravelo López, Claudia Moreno Pérez, Pablo González Lizardi, Teodoro Montalvo Uscanga, Jorge Alberto Álvarez Alegría, César Álvarez Alegría, Raúl Antonio Chirino Escobar, Francisco Fernández Sánchez, Víctor Manuel López Gachuz y Mauricio Bayron González.
De estos últimos, trabajadores del DIF aseguran no conocerlos, por lo que se supone que se prestaron a formar parte de las empresas fantasma.
De los primeros, tanto Astrid Elías Mansur como Julián Alberto Rubín Sandoval pasaron por la Dirección de Atención a Población Vulnerable, un área clave en la investigación porque era la que se dedicaba a las compras y desde la cual presuntamente se simuló la compra de mochilas escolares, purificadoras de agua, alimentos, tanques de gas, material deportivo y granjas ecológicas.
Uno de los detenidos, Víctor Manuel Carrizo Yoval, era actualmente secretario del Ayuntamiento de Xico, nombrado por la alcaldesa priista Gloria Luz Galván Orduña. Fue subdirector de Recursos Financieros del DIF y en la institución dan cuenta que cuando llegó al cargo iba con las bolsas vacías, pero cuando se fue salió millonario y dueño de muchas propiedades, una de ellas un extenso terreno frente a las instalaciones de la institución en Xalapa. Una de las detenidas, María del Socorro Pérez Castillo, era su auxiliar.
Otro de los acusados, Joaquín Roque Flores Castro, fue subdirector de Recursos Materiales, otra de las áreas clave en la investigación. Cuando Tarek pasó a ser Tesorero en la Secretaría de Finanzas se lo llevó con él. Emilia Yasbe Azamar Hernández, quien también fue aprehesada, era una especie de secretaria particular de Tarek. Del DIF se la llevó luego como la cajera a Finanzas.
Pedro Manuel Solís García era Director Jurídico. En su momento algunas publicaciones le atribuyeron extensas propiedades en el municipio de Emiliano Zapata e hicieron circular imágenes.
Tiene que reconocerse esta vez la actuación de la fiscal encargada Hernández Giadáns, pero también la voluntad política del gobernador García Jiménez, quien dejó que corriera el curso legal para castigar a los presuntos responsables, aunque lo deseable también es que pudieran reparar, en lo que más puedan, el daño que sufrió el erario.
Si ya se montaron en la denuncia que hizo el gobierno de Yunes, debieran imitarlo ofreciendo a los acusados algunas consideraciones legales, que no perdonarlos, a cambio de que devuelvan lo que se llevaron, o su equivalente, según determine el juez correspondiente.
Es necesario remarcar que a Veracruz lo tomaron en una difícil situación económica las crisis financiera y por el Covid-19 debido al quebranto que causó el gobierno de Javier Duarte, cuyas consecuencias han sufrido los veracruzanos.
No se esperaba que actuara el gobierno cuitlahuista. Ahora sí, con hechos demuestra el combate a la corrupción y a la impunidad, que la población espera que se aplique también a los funcionarios de su administración si se llegara a dar el caso que les probaran algún hecho ilícito.
No hagas cosas buenas que…
A la titular del Orfis, Delia González Cobos, le salió el espíritu solidario, tratando de hacer cosas buenas que parecen malas.
La semana pasada hizo un “exhorto” a los empleados, tanto en la página oficial de la institución como en una entrevista concedida a Radiotelevisión de Veracruz, para que donen víveres destinados a familias de escasos recursos afectadas por el aislamiento que se vive.
Solicitó alimentos no perecederos, artículos de limpieza, sanitarios y de aseo personal para armar despensas, aunque no explicó bajo qué criterio se entregarán y cómo.
Formada académica y profesionalmente en reconocidas instituciones sabe bien que hay normatividad específica que faculta qué debe hacer cada autoridad.
Sin duda su intención es noble, pero tratándose del Orfis no tiene atribuciones y por lo tanto no puede utilizar recursos públicos (ya sea al personal, vehículos u oficinas) para recolectar ni repartir despensas.
Su trabajo es fiscalizar. ¿O es que intenta imponer una línea de trabajo solidario a todas las dependencias y municipios sobre los que tiene influencia?, ¿o quiso exhibir la ineficiencia de las instancias de atención a personas vulnerables?
