*Foto: Comunidad Indígena Autónoma Azqueltán
01.12.2025. Ciudad de México | Desinformémonos.- El Congreso Nacional Indígena (CNI) responsabilizó a las autoridades de Jalisco y del gobierno federal del «cobarde asesinato» del representante agrario wixárika Marcos Aguilar Rojas, de San Lorenzo de Azqueltán, perpetrado el pasado 26 de noviembre por agresores armados «vinculados a los caciques y pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero, Jalisco».
El CNI aseguró que las autoridades federales son responsables del crimen «por negar el reconocimiento agrario de la comunidad indígena de Azqueltán», mientras que el gobierno de Jalisco es responsable «por la impunidad que garantiza a los criminales que históricamente han atacado a la comunidad».
Asimismo, señaló directamente a los agresores Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Victor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez y Abraham Pérez, «cuyos actos forman parte de una estrategia permanente de despojo y agresión contra los pueblos originarios».
El ataque contra Aguilar se registró en el predio comunal El Caracol, territorio que la comunidad de Azqueltán ha defendido colectivamente frente a los intentos de despojo por parte de los agresores, «quienes han actuado amparados por la impunidad sistemática que les otorgan el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado de Jalisco», denunció el Congreso.
Añadió que las instituciones de Jalisco en varias ocasiones han protegido a quienes violentan, amenazan y atacan a la comunidad wixárika, «profundizando la violencia con su omisión, su silencio y su complicidad».
El CNI aseguró que no permitirán que el asesinato de Aguilar quede en la impunidad ni que la dignidad de Azqueltán «sea pisoteada por los intereses de caciques, empresas, gobiernos o delincuencia organizada». Finalmente, exigió justicia plena, castigo inmediato a los responsables materiales e intelectuales del crimen y garantías reales de seguridad para la comunidad de Azqueltán.
A continuación el comunicado completo:
Denunciamos con indignación, rabia y profunda preocupación el asesinato del compañero Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, así como las lesiones por arma de fuego infligidas a su hermano Gabriel Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena. El ataque fue perpetrado este 26 de noviembre de 2025 por los agresores Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Victor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez y Abraham Pérez, todos ellos vinculados a los caciques y pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero, Jalisco, quienes huyeron en un automóvil gris en dirección a Villa Guerrero o Mezquitic.
El cobarde ataque ocurrió en el predio comunal El Caracol, territorio que la comunidad de Azqueltán ha defendido colectivamente frente a los intentos de despojo de estas mismas personas, quienes han actuado amparados por la impunidad sistemática que les otorgan el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado de Jalisco. Estas instituciones, una y otra vez, han protegido a quienes violentan, amenazan y atacan a la comunidad indígena, profundizando la violencia con su omisión, su silencio y su complicidad.
Responsabilizamos al gobierno federal por negar el reconocimiento agrario de la comunidad indígena de Azqueltán; al gobierno del estado de Jalisco por la impunidad que garantiza a los criminales que históricamente han atacado a la comunidad; y directamente a los asesinos Manuel y Esteban Aguilar Herrera y Victor Hugo Pérez cuyos actos forman parte de una estrategia permanente de despojo y agresión contra los pueblos originarios.
Hoy, como Congreso Nacional Indígena, decimos claro y fuerte: la violencia contra Azqueltán no es un hecho aislado, sino parte de un patrón nacional mediante el cual el poder —sea gubernamental, económico o criminal— ataca a las comunidades indígenas cuando defienden su territorio y su vida. No aceptaremos que el asesinato de nuestro compañero quede impune, ni permitiremos que la dignidad de Azqueltán sea pisoteada por los intereses de caciques, empresas, gobiernos o delincuencia organizada.
Exigimos justicia plena, castigo inmediato a los responsables materiales e intelectuales, y garantías reales de seguridad para la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán.
Desde la rabia y dolor que hacemos propia abrazamos a la comunidad y a su familia.
¡Nunca más un México sin nosotros!
Congreso Nacional Indígena
