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Ciudad de México, a 6 de agosto de 2023.- ARTICLE 19 y Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, expresan su profunda preocupación y condenan el atentado perpetrado por un sujeto desconocido contra la periodista María Luisa Estrada, del medio Grillotina Política, el pasado sábado 15 de julio en Guadalajara, Jalisco. Los actos de violencia y agresiones dirigidas a las profesionales de la comunicación son inaceptables y representan una grave amenaza a la libertad de prensa y al derecho a la información, refieren en un comunicado.
De acuerdo con la periodista, el atentado ocurrió alrededor de las 10:20 horas, cuando ella se encontraba viajando en su vehículo incorporándose a la Avenida Javier Mina en compañía de otra persona (por motivos de seguridad, no se revelará su nombre), cuando un individuo desconocido a bordo de una camioneta modelo Mazda de color blanco se le cerró abruptamente y se escucharon dos disparos.
A pesar del peligro inminente, la periodista intentó evadir el contacto. Sin embargo, metros más adelante, el mismo vehículo la alcanzó y, de manera amenazante, un sujeto desconocido le gritó que la mataría, efectuando tres disparos adicionales y emprendió su fuga. Afortunadamente, la periodista logró escapar y llegó al costado de la catedral que se localiza en la zona centro de Guadalajara.
Una vez en el centro, tres elementos de policía turística se acercaron a la periodista y la resguardaron. Posteriormente, Estrada solicitó el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, quien canaliza la atención inmediata al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se activó un operativo de seguridad por el Mecanismo.
Sin embargo, al realizar acciones de asistencia a la periodista, un agente de la División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres en razón de Género de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, se le acercó y le expresó: “Si te hubieran querido matar, te habrían matado; esto fue solo un mensaje para que le bajes”.
Luego de estos hechos, llegaron al lugar elementos antimotines bajo la coordinación de un enlace del Mecanismo, con el propósito de llevar a la periodista a las instalaciones de la Fiscalía General de la República sede Guadalajara para presentar su denuncia. Sin embargo, se encontraron con una negativa inicial para aceptar la denuncia, argumentando que no era el ámbito de competencia de dicha Fiscalía y solicitaron que la periodista se retirara de las instalaciones. Incluso, como acto intimidatorio, comenzaron a tomar fotografías. Finalmente, el fiscal en turno optó por tomar la declaración y ratificar la denuncia, pero lamentablemente, no se le proporcionó ninguna medida de protección y, desde entonces, no ha habido seguimiento de la denuncia.
En este contexto, la periodista denuncia que la Fiscalía General de la República ha tergiversado la información sobre los hechos, declarando que una de las líneas de investigación apunta a violencia intrafamiliar, sugiriendo que el atentado no estaría relacionado con su labor periodística.
Estas deficiencias en el proceso y la falta de acceso a la carpeta de investigación, así como la omisión de diligencias periciales necesarias, como el resguardo del vehículo y la provisión oportuna de información, plantean serias inquietudes sobre la imparcialidad de la investigación y la posibilidad de que se esté minimizando o desviando la verdadera naturaleza del ataque, lo que podría afectar la integridad y el ejercicio periodístico de la afectada.
Por otro lado, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas inicialmente ofreció una atención oportuna y propuso la medida de protección de reubicación, a la cual la periodista accedió.
Sin embargo, al momento de iniciar el proceso de incorporación, una segunda persona a cargo del seguimiento le informó que solo le proporcionarían un botón de asistencia y rondines bitacorados en su domicilio, efectuados por la Guardia Nacional.
La periodista rechazó estas medidas debido a que ha investigado las deficiencias dentro del Mecanismo y está al tanto de las irregularidades y malas prácticas que afectan los derechos de las periodistas. Por esta razón, se negó a la incorporación, dado que las medidas propuestas no proveen una seguridad efectiva e idónea para resguardar su vida e integridad, situación que persiste hasta el momento.
La situación revela condiciones alarmantes de vulnerabilidad y una falta de protección para la periodista afectada. La violencia perpetrada en dos ocasiones, sin duda, busca coartar su labor periodística y enviar un mensaje intimidatorio a quienes se dedican a informar y comunicar situaciones de interés público. Cabe destacar que la periodista realiza investigaciones sobre personas desaparecidas y fosas clandestinas en la entidad.
Es alarmante que, a pesar de la gravedad del ataque, las autoridades no hayan brindado una respuesta adecuada y eficiente a la periodista. Además, hay claros indicios de violaciones del derecho para acceder a la justicia y protección por parte de las instituciones responsables de garantizar la atención frente a amenazas o ataques inminentes refieren en comunicado conjunto.
En ese sentido, es imprescindible recordar que la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión regula en su preámbulo que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información; asimismo, establece la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas.
Por ello, las organizaciones firmantes exigen:
A la Fiscalía General de la República realizar una investigación exhaustiva y transparente sobre el atentado que sufrió la periodista y su acompañante, aplicando el protocolo homologado de delitos contra la libertad de expresión y proporcionar medidas extraordinarios de protección para salvaguardarlas.
Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se brinde a la periodista y su acompañante una protección integral y efectiva acorde a la gravedad del riesgo que enfrentan.
Al Gobierno Federal:
Que garanticen el derecho a realizar la labor informativa de la periodista sin temor a represalias.
Que brinde capacitación a las fuerzas de seguridad pública para sensibilizarlos sobre la importancia de proteger y respetar la labor de las y los periodistas, así como sobre los mecanismos adecuados para abordar situaciones de violencia de género y violencia contra periodistas.
