*La revictimizan en la FGR donde fue cuestionada sobre su vida personal y sometida a tratos que ignoraron completamente los protocolos con perspectiva de género e interseccionalidad con los que deben contar estas instancias.
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Ciudad de México, a 3 de julio de 2025. – ARTICLE 19 – Oficina Regional para México y Centroamérica condena la amenaza de muerte recibida por la periodista María Luisa Estrada, en su domicilio en Guadalajara, Jalisco, el pasado 25 de junio. La periodista, especializada en temas de seguridad, análisis político y corrupción, ha sido objeto de agresiones previas vinculadas directamente con su labor informativa. Esta nueva amenaza, dirigida de forma directa y ocurrida en presencia de su hija menor de edad, se suma a un contexto de riesgo acumulado y sistemático. Preocupa profundamente la falta de respuestas institucionales adecuadas y con enfoque de género, así como la revictimización y desprotección que Estrada ha enfrentado por parte de autoridades estatales y federales, lo que refuerza un entorno de impunidad y vulnerabilidad para el ejercicio periodístico en México.
Un mensaje de muerte en su vehículo: el nuevo capítulo de una violencia sistemática
El 25 de junio del presente, aproximadamente a las 13:00 horas, María Luisa Estrada se encontraba en su domicilio acompañada de su hija menor de edad cuando fue alertada de que uno de los cristales de su camioneta, estacionada frente a su casa, estaba roto. Al revisar el vehículo, la periodista encontró en el asiento trasero una nota con la leyenda: “Te vas a morir”.
En entrevista con ARTICLE 19 la comunicadora informó que esta situación ocurre en un contexto de violencia sistemática contra ella, pues recuerda que sufrió una tentativa de asesinato en 2023 y ha sido víctima de múltiples hostigamientos debido a su labor periodística de investigación en temas de corrupción y seguridad pública a nivel local y federal.
La revictimización institucional como patrón
Posterior a los hechos, Estrada explicó a esta organización que acudió a presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a la Policía Municipal de Guadalajara, la Guardia Nacional, y el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a su desconfianza en las instituciones estatales, donde ha documentado actos de corrupción.
Desafortunadamente, no ha tenido un trato digno y de seguimiento adecuado con las autoridades. En la FGR fue cuestionada sobre su vida personal y sometida a tratos que ignoraron completamente los protocolos con perspectiva de género e interseccionalidad con los que deben contar estas instancias. Además, le exigieron documentos para “acreditar” que es periodista como su cédula profesional, lo cual representa una violación a los estándares enmarcados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estándares internacionales de libertad de expresión en materia de periodismo.
La periodista reporta también deficiencias internas del propio Mecanismo de Protección, el cual, a pesar del historial de agresiones, no ha otorgado medidas de protección urgentes para garantizar su seguridad. Tras los hechos ocurridos únicamente se le ofrecieron rondines a su domicilio, a pesar de la amenaza de muerte y de su historial previo.
La amenaza contra María Luisa Estrada no es un hecho aislado, sino parte de un patrón estructural de violencia contra quienes ejercen el periodismo crítico en México. La impunidad que rodea estos casos refuerza la necesidad urgente de adoptar medidas contundentes, efectivas y con enfoque de género, que garanticen el derecho a la libertad de expresión y la vida de quienes lo ejercen.
De acuerdo con los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la falta de medidas de protección por parte del Estado ante situaciones de riesgo real e inminente contra periodistas puede constituir una violación al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados son responsables no sólo por actos cometidos directamente por sus agentes, sino también por aquellos perpetrados por particulares cuando las autoridades incumplen su deber de garantía, ya sea por acción o por omisión. La Corte ha subrayado que esta responsabilidad se configura cuando exista previsibilidad de un riesgo inmediato y concreto, y el Estado no adopta las medidas necesarias para prevenir el daño, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso.
Ante lo sucedido, ARTICLE 19 exige:
A la Fiscalía General de la República (FGR):
– Que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se ejerza la facultad de atracción del caso y se lleve a cabo una investigación exhaustiva, seria e imparcial, conforme a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y protección a periodistas, y con perspectiva de género e interseccional.
– Garantizar que el proceso de denuncia se lleve a cabo sin actos de revictimización, siguiendo los protocolos de actuación con enfoque interseccional y de género.
Al Mecanismo de Protección federal:
– Otorgar medidas de protección urgentes, eficaces e integrales a favor de la periodista y su núcleo familiar, tomando en cuenta el contexto de riesgo reiterado y su trabajo en temas de alto impacto.
– Realizar una revisión de sus procedimientos internos, garantizando una atención expedita, basados en los principios de eficiencia, respeto irrestricto a los derechos humanos, pro persona, consentimiento, e inmediatez con base en el Artículo 2 del Reglamento para la Ley de Protección a Personas Defensoras y Periodistas.
A las autoridades estatales de Jalisco:
– Abstenerse de cualquier acto de hostigamiento, vigilancia o interferencia en contra de María Luisa Estrada.
– Colaborar plenamente con las investigaciones federales y con las medidas de protección que se establezcan, sin obstrucciones ni dilaciones.
