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06.09.2926 Xalapa, Ver.- Una familia de Las Vigas de Ramírez denunció públicamente un conflicto legal por la propiedad de un predio que, aseguran, pertenece a uno de sus integrantes desde hace décadas, y acusó al Ayuntamiento y al actual presidente municipal, Rafael Malín de la Luz, de intervenir en el inmueble mediante un procedimiento de prescripción positiva.
María Sandra Motananda, quien se presentó ante medios de comunicación como ciudadana de Las Vigas de Ramírez y sobrina del propietario, explicó que el terreno representa el principal patrimonio de su familia y que fue adquirido mediante una operación de compraventa respaldada por documentación y testimonios.
De acuerdo con su relato, la propiedad cuenta con una escritura de origen que data de 1954 y posteriormente fue adquirida por su tío directamente de los propietarios, operación que, afirmó, quedó formalizada ante notario y registrada ante el Registro Público de la Propiedad.
La inconforme señaló que actualmente existe una disputa debido a que el alcalde Rafael Malín de la Luz habría promovido o utilizado una prescripción positiva registrada en 2018, situación que, sostuvo, afecta los derechos de la familia sobre el inmueble.
“Nosotros tenemos la escritura madre desde hace mucho tiempo y por los dueños fue vendida”, afirmó durante su denuncia pública.
Motananda aseguró que la familia cuenta con documentos que acreditan la propiedad y la posesión del terreno, además de testimoniales derivados de la compraventa realizada ante el notario Hipólito, por lo que consideró que sus derechos deben ser reconocidos dentro del procedimiento legal correspondiente.
Explicó que la familia acudió al Registro Público de la Propiedad luego de recibir un citatorio relacionado con el inmueble y que ahí conocieron de la existencia de la prescripción positiva.
La denunciante sostuvo que no corresponde a la familia cancelar unilateralmente dicha inscripción, debido a que se trata de un procedimiento que debe resolverse por las vías legales correspondientes.
“Nos está afectando directamente como familia”, señaló, al destacar que el predio constituye un patrimonio construido durante años de trabajo.
Asimismo, acusó que el conflicto podría estar relacionado con irregularidades cometidas por anteriores administraciones municipales y mencionó la posibilidad de que exista una red de intereses inmobiliarios que habría intervenido en el proceso.
Aunque habló de un supuesto “cártel inmobiliario”, aclaró que actualmente se encuentran recopilando información catastral y antecedentes documentales para determinar cómo se realizaron los trámites relacionados con el terreno y quiénes participaron.
La familia también señaló a Javier Morales, a quien acusaron de pretender posicionarse en el predio y buscar escriturarlo, pese a que, según su versión, el inmueble ya había sido vendido anteriormente.
“Él se posiciona en este momento en el predio porque lo quiere escriturar, pero no puede escriturar un predio que fue vendido”, manifestó.
Indicó que parte de los trámites relacionados con el inmueble fueron realizados ante el Ayuntamiento de Las Vigas y que ahora buscan obtener los antecedentes catastrales para incorporarlos al proceso judicial que mantienen.
La denunciante informó que ya existen demandas relacionadas con la ocupación del terreno y adelantó que acudirían ante la Fiscalía para presentar las denuncias correspondientes por la presunta ocupación del inmueble.
Como parte de sus señalamientos, afirmó que incluso se han realizado actividades en el predio sin autorización de la familia. Mencionó particularmente un evento anunciado para el 16 de septiembre, por el cual, dijo, se estarían comercializando mesas en aproximadamente 3 mil 500 pesos y entradas individuales de 300 pesos.
La familia consideró que la realización de este tipo de actividades constituye una afectación directa mientras no se resuelva legalmente quién tiene los derechos sobre el inmueble.
Motananda también rechazó que el conflicto tenga relación con algún adeudo de la propiedad ante el municipio. Aseguró que los pagos correspondientes se encuentran al corriente y que el último pago del predial se realizó en 2025.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para que se respeten los procedimientos legales y se esclarezca el origen de las inscripciones, trámites catastrales y prescripciones relacionadas con el terreno.
La familia insistió en que continuará por la vía jurídica para defender el inmueble, al considerar que se trata de un patrimonio construido durante generaciones mediante trabajo y esfuerzo, y pidió que las autoridades correspondientes investiguen los hechos y determinen legalmente quién tiene los derechos sobre el predio.