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03.02.2026 Ciudad de México | Desinformémonos. Tras la presión de denuncias públicas por matrimonios infantiles y uniones informales obligadas en pueblos y comunidades indígenas, el Congreso del estado de Chiapas aprobó reformas al Código Penal para sancionar estas prácticas, con penas de 8 a 15 años de prisión y multas de mil a 2 mil 500 días de salario mínimo, que aumentan cuando la víctima pertenece a comunidades indígenas o afro mexicanas.
Las reformas castigan a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una persona menor de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el hecho a vivir de manera informal con otra persona. El dictamen reconoce que estas prácticas, justificadas bajo los llamados “usos y costumbres”, vulneran derechos, libertades y la dignidad humana, además de afectar de forma directa a niñas y adolescentes.
Desde tribuna se señaló que la iniciativa responde a una de las demandas ciudadanas más sentidas y que no se dirige contra las tradiciones comunitarias, sino contra prácticas que encubren violencias graves. “Las tradiciones no pueden ser un escudo para permitir la violencia”, se afirmó durante la discusión, al advertir que ninguna costumbre puede colocarse por encima de los derechos humanos ni del interés superior de la niñez.
La aprobación de las reformas ocurrió casi un mes después de que una niña tsotsil de 13 años dio a luz en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, tras un embarazo de alto riesgo que puso en peligro su vida y la del recién nacido, un caso que evidenció las consecuencias de estas uniones y reavivó la exigencia de sanciones claras frente a esta realidad.
