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/Darío Pale/
30.06.2023 Xalapa, Ver.- La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales, destacó la importancia de una fecha límite establecida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) para que el Congreso de Veracruz legisle a favor de los grupos indígenas y afrodescendientes . Esta medida surge tras la suspensión de la Consulta Popular a dichos grupos.
Delgadillo Morales explicó que el Congreso de Veracruz fue emplazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para llevar a cabo una consulta popular con el fin de reconocer a los grupos indígenas y afrodescendientes como sujetos de derecho, según lo estipulado en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 210/2022.
La consejera subrayó que la consulta planeada por el OPLE buscó conocer la preferencia de ambos grupos con respecto a la elección de candidatos para cargos de elección popular. En caso de no llevarse a cabo, el OPLE deberá acordar acciones afirmativas antes del inicio del proceso electoral en noviembre de 2023, que resultó la renovación de la gubernatura y las 30 diputaciones locales en 2024.
“Quiero resaltar que el trabajo del organismo electoral siempre ha estado orientado a garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía veracruzana, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas”, enfatizó Delgadillo Morales.
La consejera reconoció que la sentencia establece una fecha límite concreta: el 3 de agosto, momento en el cual el Congreso del Estado deberá publicar o determinar alguna reforma para implementar acciones afirmativas en la entidad.
Delgadillo Morales se pronunció a favor de cumplir con esta obligación histórica de impulsar medidas a favor de grupos los vulnerables, de cara al proceso electoral de 2024, en el cual se deberá garantizar candidaturas para personas indígenas, afrodescendientes, jóvenes, personas con discapacidad y miembros de la diversidad sexual.
La funcionaria agradeció el apoyo de organismos como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los Ayuntamientos y la Universidad Veracruzana (UV), quienes colaboraron en la organización de la consulta.
Delgadillo Morales afirmó que no se dejará de lado esta responsabilidad, ya que representa una deuda histórica y la oportunidad de reconocer los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
