ESTRICTAMENTE PERSONAL
Raymundo Riva Palacio
El magistrado electoral José Luis Vargas estalló una bomba en el Tribunal Electoral. Al salir en defensa de su integridad ante un señalamiento en el periódico Reforma, de que la Unidad de Inteligencia Financiera lo investigaba por inconsistencias en su evolución patrimonial, respondió escalando el conflicto.
La descalificación de Reforma no fue el puerto de destino, sino que identificó al diario como parte de una “estrategia encabezada por un grupo económico y político de ultraderecha para apoderarse del control de las decisiones del Tribunal Electoral”, y generar un proceso de desestabilización del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dentro de ese grupo ubicó a su contraparte, Reyes Rodríguez, como pieza clave de lo que llama una “conspiración”.
Esta “conspiración”, dejó entrever Vargas, quedó de manifiesto cuando Reyes solicitó 1.2 millones de pesos para financiar un viaje a Alemania de varios abogados panistas, Roberto Gil y el neomorenista Germán Martínez, para que junto con más de una decena de políticos y académicos participaran en un seminario sobre América Latina en la Universidad de Heidelberg.
El encuentro era en el Instituto Max Planck, donde se iba a hacer un homenaje al profesor Dieter Nohlen, estudioso de los procesos de transición democrática, y se hablaría sobre casos regionales donde ven amenazas a la democracia. Vargas intervino para frenar la aprobación del presupuesto.
El 28 de agosto de este año, el Comité de Administración del Tribunal Electoral canceló el presupuesto y el evento, porque no había “elementos de beneficio institucional (ni) fundamentos para realizar un seminario en Alemania”.
Tres días después, Rodríguez reaccionó drásticamente y renunció al Comité Académico y Editorial del Tribunal. “Las directrices de la Escuela Judicial Electoral no pueden estar sujetas a decisiones que injustificadamente interfieran con ese espacio mínimo de libertad académica y de investigación”, se quejó el juez electoral.
En la carta pública que difundió Vargas el lunes, dijo que el propósito del seminario era planear una estrategia desde diversas trincheras, para desestabilizar al gobierno de López Obrador y mermar sus posibilidades electorales en 2021 y 2024.
No queda claro cómo un foro académico sirva para encubrir el diseño de una estrategia de ese y cualquier tipo, ni cómo determina que es una “conspiración” y qué es una discusión. Menos clara es la razón por la cual Rodríguez solicitó recursos para financiar el viaje de varios de los asistentes. Y todavía más oscuro es el trasfondo de este nuevo pleito público.
Vargas sí lo tiene claro. Rodríguez, apuntó en su carta abierta, tiene “furia” contra él, y encabeza los esfuerzos dentro del Tribunal para minarlo. Opera, según se deduce de su denuncia, con Martínez, quien el 5 de septiembre presentó junto con otros dos senadores de Morena una iniciativa de Ley para recortar el periodo de cuatro de los siete magistrados.
El único fin, denunció Vargas, era controlar la independencia del Tribunal Electoral. Dicho de otro modo, buscar un cambio en la composición del tribunal, con el horizonte en las elecciones intermedias de 2021 y presidenciales de 2024.
La iniciativa fue rechazada en menos de 24 horas. Sin embargo, hay otros intereses que se cruzaron en ese episodio, por lo que tener una mayoría en el Tribunal Electoral no siempre se relaciona directamente con elecciones.
Vargas tiene un pasado laboral panista, cercano a Santiago Creel y a Juan Molinar Horcasitas, aunque llegó al Tribunal Electoral como propuesta del PRI. En 2011 se negó a anular la elección para la gubernatura en Michoacán, donde perdió Luisa María Calderón, hermana del entonces presidente Felipe Calderón –que le costó el cargo de fiscal de Delitos Electorales–, y en 2018 elaboró un dictamen para anular la elección en Puebla, que ganó la panista Martha Erika Alonso.
Rodríguez también tiene raíces panistas, y durante la discusión sobre Puebla tomó partido por la entonces presidenta del Tribunal, Janine Otálora, que se enfrentó a Vargas. De acuerdo con personas que conocen las influencias y el balance del poder dentro del Tribunal, Rodríguez era, antes que nada, una pieza de Gil.
La publicación de Reforma del lunes afloró una lucha de poder dentro del Tribunal. El señalamiento de que la Unidad de Inteligencia Financiera lo estaba investigando por inconsistencias en su evolución patrimonial, fue desmentido por el propio jefe del organismo, Santiago Nieto.
La carta pública de Vargas donde lanza las acusaciones respaldado en la información exhibida como falsa por Nieto, tuvo respuestas inmediatas. Rodríguez desmintió la imputación y Gil, ignorando el desmentido de Nieto, exigió a Vargas que explicara de dónde había salido el dinero señalado por el periódico.
El Tribunal Electoral no es una institución caracterizada por su discreción, pero no se recuerdan acusaciones tan graves como las lanzadas por Vargas contra su propio compañero de sala, personas y empresas.
Se enmarcan también en una campaña de limpia que desde hace meses lleva a cabo el presidente de la Suprema Corte de Justicia en todo el Poder Judicial, Arturo Zaldívar, y que incluye el desmantelamiento de una red de complicidades de abogados que llevan casos de gobernadores y alcaldes, con jueces del Tribunal Electoral, que resuelven favorablemente por sus clientes.
Vargas esboza en su denuncia esta línea de acción, cuando señala que la publicación en Reforma busca “boicotear reformas institucionales que tienen como fin transparentar instituciones y acabar con los privilegios de grupos privados en las decisiones de Estado”.
El choque entre grupos de interés dentro del Poder Judicial está resultando violento, y la purga de Zaldívar genera resistencias. Vargas no lo menciona abiertamente, pero en su carta sugiere que iba a ser daño colateral de lo que está haciendo Zaldívar, alineado al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual coincide, por ahora, el juez electoral Vargas.
