Por Yamiri Rodríguez Madrid
La semana pasada, en el Congreso Local, con 34 votos a favor, los legisladores locales veracruzanos dieron su aval para reformar la Constitución Política Federal y así poder implementar la consulta popular y revocación de mandato.
Según lo explicado, la revocación de mandato será un instrumento solicitado por la ciudadanía que determinaría la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza. Y, en caso de solicitarse dicho proceso para el mandatario federal electo para el periodo 2018-2024, el proceso deberá iniciarse durante el mes de noviembre de 2021, presentándose la petición correspondiente los primeros 15 días del mes de diciembre del mismo año.
De ser procedente dicha solicitud, será el Instituto Nacional Electoral (INE), quien emitiría la convocatoria dentro de los 20 días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud, siendo la jornada de votación a los 60 días de expedida o convocatoria. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el órgano que daría seguimiento a las impugnaciones, en caso de presentarse.
Los que votaron en contra, justifican su decisión en el temor de que, además de que hay otros temas prioritarios por abordar en los Congresos, es que se pueda convertir en un instrumento de venganza política, principalmente en los estados que hoy son gobernados por la oposición, con el conque de que la ciudadanía ha pedido la revocación de su mandato; o bien, que estos sean también el pretexto preciso para que las figuras de arrastre aparezcan en las boletas electorales.
Durante meses hemos sido testigos de una intensa discusión en el plano federal sobre la procedencia de ambos instrumentos democráticos. En su naturaleza, serían imprescindibles en cualquier nación, pero con la perversidad política que existe en nuestro México, sería un arma de dos filas. En vía de mientras Veracruz ya lo palomeó.
@YamiriRodríguez
