Denise Dresser.
La consulta popular para “enjuiciar a los expresidentes” es una farsa. Es un montaje. Es un ejercicio diseñado por el gobierno de López Obrador para no encarar el pasado, para no cumplir con su promesa de crear una Comisión de la Verdad, para no proveer justicia sino eludir su aplicación. Duele escribirlo, porque muchos participamos en el activismo cívico del 2009 que buscó ampliar la participación ciudadana, rompiendo el monopolio de la partidocracia. Entristece ver la forma como ese mecanismo aplaudible ha sido manipulado por el poder para proteger pactos políticos inconfesables. El pacto de impunidad que la llamada “4T” rompe selectivamente, siempre protegiendo a la camarilla gobernante. El pacto que AMLO ha hecho suyo, y tan es así que organiza una consulta destinada a fracasar.
Y lo sabe. Es casi imposible que el 40 por ciento del padrón salga a votar y sin ello, el resultado no sería vinculante. Es improbable que millones de personas se sumen a un ejercicio tan controvertido, tan poco claro, tan cargado de contradicciones. Morena intenta movilizar anunciando que la consulta llevaría a los predecesores de AMLO a la cárcel, cuando la pregunta bizarra planteada por la Suprema Corte no está diseñada para conseguir ese objetivo. Por su parte, López Obrador dice que su fuerte no es la venganza, que lo suyo es la fraternidad, y que al país no le convendría el empantanamiento producido por la búsqueda de presuntos culpables. Morena jala para un lado y AMLO para el otro, pero la locura es el método. Los mensajes encontrados confunden, la redacción abigarrada engaña, la campaña publicitaria entrampa, los motivos del Presidente no son los que proclama. Porque desde el principio de su gestión, es obvio que el Presidente pactó con Peña Nieto.
Al que rara vez menciona, al que le llama “licenciado”, al que la Secretaría de la Función Pública nunca pudo acercarse, al que deja de lado mientras va tras algunos de sus allegados -Juan Collado, Emilio Lozoya, Ildefonso Guajardo, Rosario Robles- pero la justicia politizada de la FGR no pasa de ahí. Parecería que a López Obrador le preocupa mucho más la militarización de Calderón que la corrupción de Peña Nieto. Parecería que a Ernesto Zedillo quiere propinarle una tunda mano de hierro, mientras al mexiquense le tiende un guante de terciopelo. Por ello la consulta está concebida para proteger, no para investigar; está diseñada para encubrir, no para evidenciar; está armada para archivar, no para encarar. Porque Gertz lleva tres años al frente de la Fiscalía; el tiempo suficiente para nutrir un expediente impecable, si deseara hacerlo. Ahí están los casos de Agro-Nitrogenados, Fertinal, la Casa Blanca, la “Estafa Maestra”, los moches entregados para comprar el Pacto por México. Su inacción exige una explicación, que la consulta acallará.
López Obrador podrá decir que el pueblo ha hablado y él ha escuchado. Cuando no se alcance la votación necesaria, el Presidente podrá cumplir dos objetivos simultáneos: eludir algo que nunca quiso hacer, y seguir protegiendo a Peña Nieto. Así evitará más videos filtrados de hermanos incómodos. Así justificará romper otra promesa de campaña, edificada en torno a una agenda de justicia transicional, capaz de proveer verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas. Así podrá seguir usando a la UIF, al SAT, y al aparato del Estado para perseguir de forma selectiva y distractora cada vez que resulte útil hacerlo. No se combatirá la impunidad del pasado para evitar la impunidad del futuro. No habrá Estado de Derecho conforme a la ley, sino estado de persecución conforme a la instrucción presidencial. Como en los viejos tiempos antes de la “transformación” gatopardista, en donde cambian los medios, pero no los fines.
Proteger al poder que abusa, con una consulta que fracasa. Encubrir a quien se desee encubrir y postergar lo que se busque postergar. Atacar a la autoridad electoral por entorpecer lo que siempre fue contemplado como una misión imposible. Desacreditar al INE por no cumplir con una tarea que el Presidente no quiso financiar para que funcionara adecuadamente. Ese es el objetivo real detrás del simulacro presidencial. Una consulta con la cual AMLO cree que puede seguir engañando a la población la mayor parte del tiempo, sin reconocer que en el “Quién es quién en la mentira”, el ganador suele ser él.
