María José Jiménez.
El próximo 1º de agosto de este año se llevará a cabo la consulta popular para “enjuiciar a los expresidentes”. A ojos del oficialismo será una hazaña histórica, pero en realidad, el presidente López Obrador ha desvirtuado la función de las consultas populares y la participación ciudadana en la actividad política y social. Recordemos que el principal legado del populismo ha sido crear un estilo de movilización política y una retórica que vincula al Estado y a la ciudadanía a través de mecanismos que no corresponden con el Estado de Derecho ni con el respeto a los procedimientos democráticos liberales1.
El discurso de López Obrador sobre las consultas populares transmite la idea de que “el pueblo es el que decide, el que manda” porque así es la “democracia directa” (lo ha mencionado 1940 veces junto con la palabra democracia2). Bajo este esquema, la democracia es una forma de participación popular directa. El problema es que esa forma de “entender” la democracia no siempre respeta las normas de los procedimientos democráticos liberales que garantizan las formas de representación, ya que la representación es crucial para constituir verdaderas prácticas democráticas.
¿Por qué? Los procedimientos y mecanismos “democráticos” del presidente parecen más bien basarse en su propia interpretación de “la voluntad del pueblo” y los “intereses del pueblo”, contrario a las prácticas de las democracias representativas en las que la ciudadanía, directa o indirectamente, tiene el derecho de participar en los procesos de toma de decisiones a través de procedimientos específicos para llegar a decisiones colectivas, y que también garantizan el derecho de las minorías a disentir. Las llamadas “consultas” que el presidente ha llevado a cabo (como la consulta de la termoeléctrica de Huexca, la del Tren Maya, la de la planta Constellation Brands en Coahuila, o la de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, etc.) exponen precisamente los problemas que surgen en la práctica, que dan cuenta de los medios discrecionales del presidente para restringir el proceso de toma de decisiones participativas, y también para convencer a una gran parte del público sobre la “rectitud” de sus políticas.
Recordemos, por ejemplo, la “consulta” del Proyecto Integral Morelos (PIM) en Huexca en 2019. La construcción de la central termoeléctrica se mantuvo suspendida como resultado de las acciones legales emprendidas por las comunidades indígenas porque nunca fueron consultados en los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En 2019, López Obrador realizó la consulta a pesar del rechazo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), de las comunidades indígenas y del asesinato del opositor y activista ambiental indígena Samir Flores Soberanes. La participación fue mínima: 33 mil de un millón 444 mil electores del padrón electoral del estado de Morelos votaron a favor del proyecto. Y así “ganó” la reanudación del PIM. Irónicamente, este discurso contradijo la petición de López Obrador de reanudar el PIM, ya que en mayo de 2014, antes de postularse a la presidencia, lo rechazó y prometió apoyar a los opositores.
La consulta produjo un resultado sesgado en el que el gobierno no cumplió con las condiciones mínimas establecidas tanto en el Convenio 169, como en la Recomendación Nº 3 / 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en el Protocolo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. A la luz del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado establecido en los documentos anteriores, la consulta fue limitada y coercitiva porque en lugar de promover un diálogo pacífico y respetuoso, el presidente intimidó a los opositores y los llamó “radicales de izquierda y conservadores” al ver que los opositores le pidieron que hiciera valer su derecho de participación e información. Además de que su petición fue ignorada, esto demuestra que el presidente no reconoció a los indígenas como partes legítimas e iguales. ¿El presidente buscó el consenso y la negociación justa con los pueblos indígenas? No. El presidente se limitó a ofrecer la promesa de conceder las tarifas eléctricas más bajas una vez que votaran a favor de la ejecución del proyecto. ¿Se realizó la consulta en condiciones de libre participación y seguridad y en un clima de confianza? Teniendo en cuenta que el presidente advirtió que inclusive en medio de “gritos y sombrerazos” se realizaría la consulta, y que la consulta se realizó en un contexto de protestas masivas, quema de papeletas y helicópteros de la policía sobrevolando la zona, la respuesta es no. El asesinato de Samir Flores Soberanes un día antes de la consulta también disminuyó cualquier posibilidad de condiciones de seguridad y confianza. ¿Se informó adecuadamente y con tiempo suficiente a las comunidades indígenas sobre el plan del PIM y sus posibles afecciones? ¿Cómo se pudo informar adecuadamente a las comunidades indígenas en un plazo de trece días desde el anuncio de la consulta hasta su realización? ¿Habría sido posible informar a sesenta comunidades indígenas de tres estados diferentes a través de asambleas apropiadas en trece días? Los plazos apresurados, la falta de asesoramiento jurídico y la información mediocre sólo viciaron el consentimiento.
El estilo populista del presidente ha privilegiado la noción de la democracia basada en la “voluntad del pueblo” y no en la institucionalización de la participación popular a través del Estado de Derecho. Las inconsistencias en los procedimientos de consulta que se han llevado a cabo hasta ahora, y que el presidente las exalta como democracia participativa, demuestran que en realidad la “voluntad popular” no dispone de canales institucionales para expresarse y que el presidente pretende sustituir la deliberación racional por aclamaciones plebiscitarias socavadas. Eso incluye a la próxima consulta donde la ambigüedad del debido proceso y de la pregunta en sí, indica que el presidente no respeta el derecho a la verdad de las víctimas como un derecho inalienable manifestado en la jurisprudencia internacional y la práctica Estatal.
La diferencia fundamental entre la democracia liberal y representativa y la “democracia directa y participativa” de López Obrador explica la coexistencia de sus constantes invocaciones a la Constitución y a la transparencia con prácticas recurrentes para escapar de la ley.
[1] de la Torre, C. (2010). Populist Seduction in Latin America. Ohio: Ohio University Press.
[2] Micrositio en Spin-TCP http://www.spintcp.com/conferenciapresidente/
* María José Jiménez es maestra en Estudios Latinoamericanos en University College London. Es consultora en SPIN-TCP.
@mariajjimenezg
