*Alguien como tú.
/ Gladys Pérez Maldonado /
México ha aprendido a contar la violencia contra las mujeres con una precisión creciente. Sabemos cuántas denuncias se presentan, cuántas carpetas de investigación se abren, cuántas llamadas de emergencia se registran y cuántos delitos se clasifican bajo determinadas categorías.
Pero hay una pregunta mucho más incómoda: ¿De qué sirve medir mejor la violencia si no logramos reducirla?
En 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó a operar una nueva metodología para el registro de la incidencia delictiva. El cambio busca mejorar la calidad, comparabilidad y precisión de los datos y permitir una lectura más clara de los fenómenos criminales.
En principio, es una buena noticia. Contar bien importa.
Sin información confiable no es posible diseñar políticas públicas eficaces, identificar territorios de riesgo, asignar recursos ni evaluar resultados. La estadística es indispensable para entender la violencia.
Pero convertirla en el centro de la política pública sería un error. Porque una cifra no protege. Una gráfica no emite una orden de protección. Un tablero de datos no detiene a un agresor. Y una estadística perfectamente integrada no devuelve la vida a una mujer que pidió ayuda y no fue escuchada. Una pronta respuesta en la detención del feminicida como ocurrió en el caso del femicidio de Claudia Tocoronte Aguilera, de 21 años, de nacionalidad española y eso porque el gobierno español impuso presión para la aclaración del tema, o por mencionar algunos nombres más, los feminicidios de Lizbeth de 12 años, Michelle, Karla Margarita, Karol, Kimberly y Adela, cometidos en este mes de septiembre.
Durante años hemos caído en una especie de burocratización de la violencia. Cada nuevo informe parece ofrecer una explicación suficiente del problema. Se presentan porcentajes, tendencias, variaciones mensuales y comparativos entre entidades. Se anuncian descensos y aumentos como si el fenómeno pudiera administrarse únicamente desde una hoja de cálculo.
Pero detrás de cada número hay una mujer. Hay una denuncia. Una amenaza. Una agresión. Una familia. En donde, demasiadas veces, la autoridad, que llegó tarde.
La violencia contra las mujeres no puede evaluarse únicamente con el número de carpetas iniciadas. También deberíamos saber cuántas víctimas recibieron protección inmediata, cuántos agresores fueron vinculados a proceso, cuántas medidas cautelares se incumplieron, cuántas denuncias previas existían antes de un feminicidio y cuántas autoridades omitieron actuar.
Ésos son los datos que realmente permiten medir la eficacia del Estado, porque una disminución estadística puede tener múltiples explicaciones, puede significar que hay menos delitos, sin embargo, también puede significar que las mujeres denuncian menos, que desconfían de la autoridad, que enfrentan obstáculos para iniciar una carpeta, o que determinados hechos son clasificados bajo otras figuras jurídicas, por eso interpretar cifras de violencia exige prudencia y, sobre todo, perspectiva de género.
No todo descenso en los números significa éxito, ni todo incremento significa necesariamente que la violencia aumentó en la misma proporción. A veces una mayor denuncia puede reflejar más confianza institucional o mejores mecanismos de registro.
Las cifras deben leerse, no presumirse, de ahí es donde la responsabilidad pública se vuelve indispensable.
Una política seria contra la violencia de género debería vincular cada dato con una acción concreta, si aumentan las llamadas de emergencia en una zona, deberían reforzarse los mecanismos de atención, si crecen las denuncias por violencia familiar, deberían evaluarse refugios, órdenes de protección y capacidad de respuesta de policías y fiscalías, si persisten feminicidios en determinados municipios, la pregunta no debería ser únicamente cuántos ocurrieron, sino qué falló antes de que ocurrieran.
Ésa es la diferencia entre medir un problema y enfrentarlo.
Desde nuestra perspectiva, México ha dedicado demasiado tiempo a perfeccionar el diagnóstico y demasiado poco a exigir resultados. Sabemos cuáles son las violencias, sabemos dónde ocurren, sabemos quiénes enfrentan mayores riesgos, sabemos que muchas víctimas habían denunciado previamente, sabemos incluso qué instituciones deberían intervenir.
Lo que falta es algo más difícil aún, que funcionen los programas y políticas públicas que tienden a erradicar la violencia contra la mujer, en especifico, la violencia feminicida.
No necesitamos estadísticas para acostumbrarnos a la violencia, necesitamos estadísticas positivas que nos indiquen cómo impedirla.
Por eso cada informe oficial debería ir acompañado de preguntas incómodas como: ¿Qué política cambió después de conocer estos datos?, ¿Qué presupuesto se reasignó?, ¿Qué autoridad corrigió fallas?, ¿Qué programa fue eliminado porque no funcionaba?, ¿Qué servidor público respondió por una omisión?
Si ninguna de esas preguntas tiene respuesta, entonces la estadística corre el riesgo de convertirse en simulación institucional.
Contar víctimas puede ayudarnos a comprender la dimensión de la tragedia, pero nunca debe confundirse con resolverla.
El verdadero indicador de éxito no será tener el sistema de datos más sofisticado, debe ser que algún día tengamos menos mujeres víctimas que contar.
Porque un Estado que registra perfectamente la violencia, pero no consigue prevenirla, puede ser muy eficiente para elaborar estadísticas y profundamente ineficaz para garantizar derechos.
Las mujeres no necesitan mejores números, necesitamos llegar vivas…