Por Naix’ieli Castillo, Ciencia UNAM-DGDC
Desde la perspectiva feminista, las mujeres, por el solo hecho de serlo se encuentran en una situación de riesgo y vulnerabilidad en todos los espacios sociales.
El espacio digital se ha añadido como un nuevo escenario en el cual se registra la perpetración de distintos tipos de violencia como la física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y feminicida.
Al navegar en internet o cuando usan correo electrónico, redes sociales, mensajería móvil, o páginas web, las niñas y adolescentes están en riesgo de experimentar violencia digital. Esto las excluye y pone en desventaja para aprovechar los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
La doctora Aimée Vega Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, es especialista en el tema de género y activista. Entre sus logros se encuentra la elaboración de la propuesta “Lineamientos y Mecanismos para una reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión con perspectiva de Género” presentada en el Senado de la República. Además forma parte del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales.
“La violencia digital no es un nuevo tipo de esta sino un nuevo escenario donde las violencias contra las mujeres son perpetradas”, expresa la investigadora. Este nuevo escenario ofrece ventajas a los acosadores porque les da fácil acceso a las víctimas, anonimato, la posibilidad viralizar sus contenidos ilegales y mayor impunidad.
¿Corren aún más peligro que los niños?
La doctora señala que las niñas sí enfrentan más riesgo que los niños. Durante mucho tiempo se ha asociado el concepto de “tecnofobia” con las mujeres, haciendo referencia a que tienen un rechazo por la tecnología o una relación deficitaria con la misma.
Sin embargo, esta situación no es derivada de una incapacidad natural para interactuar o apropiarse de ella, sino a que no se les forma, desde la infancia, en la apropiación tecnológica que además incluya alfabetización en seguridad digital.
Ya enfrentan riesgo por su condición de género, es decir por ser mujeres, pero esta vulnerabilidad es aún mayor en chicas pobres, con acceso deficitario a las TICs, quienes no cuenten con supervisión de personas adultas en su navegación en internet y en aquellas que no hayan recibido alfabetización digital.
Más del 30% de los usuarios de internet son niños y esta cifra se incrementará a medida que se extienda el uso de internet. 73% de las mujeres han experimentado alguna forma de violencia en línea. Fuente: Broadband Commission for Sustainable Development.
Riesgos en el terreno digital
El Parlamento Europeo, una de las instituciones más avanzadas en la materia, identifica 15 tipos de ciberviolencia contra las mujeres y las niñas, entre ellas está el hackeo, suplantación, vigilancia, hostigamiento, reclutamiento y distribución maliciosa.
En México las leyes únicamente reconocen la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento de las víctimas. Hace falta una definición de violencia digital más integral que tome en cuenta la complejidad de este problema.
Todas las formas de violencia son inaceptables y deben combatirse, pero entre las más graves, se encuentran la pornografía por venganza y la explotación basada en imágenes.
La doctora Aimée Vega Montiel comenta que durante la pandemia de COVID-19 estas agresiones virtuales se han incrementado y han tenido constantes denuncias por parte de niñas y adolescentes cuyas imágenes íntimas han sido publicadas por parte de compañeros, exparejas o incluso redes de trata o tráfico sexual.
Otra forma grave es el voyerismo digital que consiste en que el perpetrador hackea sus celulares o sus redes sociales, toma imágenes íntimas y las comparte en línea. Estas imágenes incluso se promueven entre grupos criminales en páginas que ofertan prostitución.
En la práctica violenta conocida como doxing el perpetrador busca, manipula y publica información privada de una victima para exponerla, avergonzarla y a veces incluso acceder a ella en la vida real para acosarla o amenazarla. La suplantación, que es recurrente en mujeres adolescentes consiste en robarles su identidad para abrir perfiles falsos desde los cuales se perpetran amenazas, difamaciones, intimidaciones o daños a su reputación.
En la piratería, la violencia consiste en interceptar comunicaciones como aquellas vía webcam y en el hackeo se emplea la tecnología para tener acceso no autorizado e ilegal a sistemas y adquirir información personal.
Es recurrente un tipo de violencia que consiste en intimidar o acosar a una víctima a través de un despliegue hostil de ataques que puede incluir a cientos o miles de personas.
“Hemos registrado eso, hay casos que se han hecho públicos de niñas que ven el suicidio como única alternativa para terminar con este acoso cibernético” señala la investigadora.
“Otro tipo de violencia grave es la trata vía el reclutamiento a través de las redes sociales u otras vías de comunicación digital”, advierte la especialista. Los grupos criminales usan la información u otro contenido íntimo de las víctimas (que obtienen vía hackeo o engaños a través de las redes sociales y otras TICs) y lo usan para coercionarlas y usarlas con fines de explotación sexual.
Acciones integrales
La doctora asegura que dado que el problema es integral demanda una solución, que también debe serlo, en la cual participen distintos actores.
Las plataformas digitales ya han iniciado algunas acciones incipientes para frenar esta inseguridad eliminando páginas de agresores y cuentas de identidades apócrifas. Su responsabilidad es acelerar estos procesos de suspensión de cuentas e implementar otras medidas que aseguren una navegación segura para mujeres y niñas.
Los padres tienen que supervisar el consumo de niñas de estas plataformas y otros productos que se ofertan en internet. Las instituciones escolares, tanto públicas como privadas pueden promover la alfabetización mediática y la alfabetización digital como parte de la formación académica educativa de las personas desde la infancia e incluir el tema de la seguridad digital.
Además las autoridades tienen la responsabilidad de hacer diagnósticos efectivos de la problemática con el fin de establecer políticas públicas encaminadas a que los espacios digitales sean sitios más seguros.
De igual manera pueden contribuir capacitando a sus funcionarios en perspectiva de género, violencia digital y derechos humanos. El poder legislativo también tiene la responsabilidad de hacer una definición holística de violencia digital para que el problema no sea solamente de orden penal sino que involucre también a instancias civiles.
