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04.11.2026.-La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la credibilidad de las elecciones federales de 2027 dependerá, en buena medida, de que la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se realice mediante un procedimiento transparente, imparcial y libre de intereses partidistas.
Ante el proceso para designar a quien encabezará el organismo electoral, la representación empresarial pidió a los legisladores garantizar que la selección se base en los méritos profesionales, la experiencia y la autonomía de los aspirantes, sin permitir que intereses políticos o posibles conflictos de interés condicionen el nombramiento.
A través de un posicionamiento público, Coparmex informó que, junto con sus 71 Centros Empresariales distribuidos en el país, envió cartas a legisladores para expresar su preocupación por el futuro de la autoridad electoral y solicitar que la designación se conduzca con apertura, reglas claras y rendición de cuentas.
La organización empresarial sostuvo que no se trata únicamente de cubrir una vacante en la estructura del INE, sino de preservar la confianza de la ciudadanía en la institución responsable de organizar las elecciones y garantizar las condiciones de competencia democrática.
“La confianza ciudadana es el principal respaldo de una autoridad electoral”, advirtió la Confederación, al señalar que cualquier procedimiento que genere dudas sobre la independencia de quienes toman las decisiones puede afectar la legitimidad del árbitro electoral.
El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, sostuvo que la salida de Guadalupe Taddei y de parte de su equipo no resuelve por sí sola los problemas señalados, por lo que insistió en que deben esclarecerse las posibles irregularidades y determinarse las responsabilidades correspondientes.
“La crisis del Instituto Nacional Electoral ha debilitado la confianza pública en una institución construida con décadas de lucha y participación ciudadana para garantizar una autoridad autónoma, independiente, plural y confiable”, afirmó.
La Confederación consideró que uno de los problemas institucionales que deben atenderse es la concentración de facultades en la presidencia del organismo, derivada de los cambios aprobados en 2024, pues, desde su perspectiva, se debilitaron los contrapesos y los mecanismos de decisión colegiada del Consejo General.
Ante ese escenario, pidió recuperar la participación de las consejerías en las decisiones administrativas y de dirección, así como establecer mecanismos colegiados para designar a quienes encabezan las direcciones ejecutivas y unidades técnicas.
Ocho exigencias para recuperar la credibilidad del INE
En su posicionamiento, Coparmex planteó una serie de medidas para fortalecer la estructura institucional y garantizar que la próxima presidencia del organismo no responda a intereses políticos.
Entre sus principales exigencias se encuentran realizar investigaciones rápidas, transparentes y sin excepciones sobre los señalamientos de presuntas irregularidades; fortalecer el Órgano Interno de Control y garantizar que cuente con autonomía para supervisar el uso de los recursos públicos y prevenir conflictos de interés.
También propuso recuperar la colegialidad del Consejo General, establecer mecanismos de designación conjunta para los principales cargos administrativos y abrir un diálogo permanente con organizaciones empresariales, universidades y representantes de la sociedad civil.
En cuanto al relevo de la presidencia, pidió crear un comité técnico de evaluación independiente, integrado por personas con reconocida trayectoria profesional y sin vínculos partidistas o conflictos de interés que comprometan su imparcialidad.
La organización también demandó que la convocatoria establezca criterios objetivos y ponderaciones públicas para evaluar la experiencia electoral, capacidad técnica, integridad e independencia de los aspirantes.
Otro de los puntos consiste en hacer públicos los expedientes de quienes participen en el procedimiento, así como las evaluaciones y los argumentos que justifiquen la selección de los perfiles considerados idóneos, respetando la protección de datos personales.
Finalmente, exigió que la persona designada cuente con experiencia comprobada en materia electoral, capacidad de interlocución, integridad profesional y autonomía de criterio.
Los empresarios buscan incidir en la designación
Coparmex informó que la exigencia no se limita a un pronunciamiento de su dirigencia nacional. Junto con sus 71 Centros Empresariales inició una estrategia de comunicación directa con diputadas, diputados y coordinadores parlamentarios para solicitar que el procedimiento de selección se desarrolle con transparencia y participación de las distintas fuerzas políticas.
La organización empresarial consideró que la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad central en este proceso, debido a que de sus decisiones dependerá la designación de quien encabezará el organismo electoral.
“Sin ella no hay certeza, legitimidad democrática ni gobernabilidad”, advirtió Sierra Álvarez al referirse a la necesidad de preservar la independencia del instituto.
La advertencia empresarial ocurre cuando México se encamina al proceso electoral federal de 2026-2027, iniciado formalmente por el INE el 10 de septiembre pasado y en el que se renovarán cargos federales y locales, incluidas 17 gubernaturas.
El organismo electoral enfrenta así el desafío de organizar los comicios mientras se desarrolla el procedimiento para elegir a su nueva presidencia, luego de que Blanca Yassahara Cruz García asumiera provisionalmente esa responsabilidad el 27 de octubre, por acuerdo unánime del Consejo General, en tanto la Cámara de Diputados realiza la renovación correspondiente.
Coparmex insistió en que el relevo debe convertirse en una oportunidad para reconstruir la confianza pública y no en un reparto de posiciones políticas.
La Confederación advirtió que la legitimidad de las elecciones de 2027 no dependerá únicamente de la organización de las votaciones, sino también de que la ciudadanía tenga certeza de que las decisiones del árbitro electoral se toman con independencia, transparencia y apego a la ley.