*Análisis Sin Fronteras /
/ Ana María Salazar /
La corrupción ha dejado de ser un problema administrativo: hoy representa una amenaza directa a la seguridad nacional. Así lo advirtió el entonces secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, en la Conferencia Mundial Anticorrupción de Londres en 2016: “La corrupción no solo impacta la credibilidad del Estado dificultando la gobernabilidad del país, sino que permite que los peores elementos de una nación, los violentos, florezcan, destruyendo las débiles democracias”.
De la transparencia a la ingobernabilidad: En México, el impacto de la corrupción sobre la credibilidad y las capacidades de las instituciones democráticas ha sido devastador. La captura de gobiernos locales por organizaciones criminales—facilitada por la corrupción y la intimidación—ha generado una realidad que se traduce en ingobernabilidad. Pero si a esto le sumamos las filtraciones de las últimas tres semanas sobre el involucramiento de las fuerzas armadas, organismos de inteligencia y actores políticos en el crimen del huachicol fiscal y posibles vínculos con el narcotráfico, ha llegado el momento de considerar la corrupción como una amenaza a la seguridad nacional. Un cambio de paradigma.
Hace más de 20 años, cuando publiqué “Nacional Hoy: El Reto a las Democracias*, aunque un problema político, no incluí la corrupción como una amenaza directa. Hacerlo implicaba reconocer que se requerirían recursos del ámbito de seguridad nacional—como las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia—para enfrentarla. Pero, sobre todo, la corrupción en ese entonces no amenazaba la viabilidad del gobierno y las capacidades de las fuerzas armadas para enfrentar los riesgos a la viabilidad del estado mexicano. En ese entonces, los analistas confiábamos en que la solución estaba en la transparencia gubernamental, la libertad de expresión, los medios de comunicación, las leyes de acceso a la información, la supervisión ciudadana y un sistema de justicia eficaz. Lo más importante, pensábamos, era la competencia política: elegir y nombrar funcionarios menos corruptos.
Pero las teorías tradicionales para enfrentar la corrupción en una democracia no aplican a la Cuarta Transformación. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, tomó decisiones que desmantelaron los pesos y contrapesos esenciales para proteger a México de gobiernos autoritarios y corruptos. En este espacio ya hemos analizado sus decisiones en detalle. Hoy me enfoco en aquellas que han tenido un impacto catastrófico en las capacidades y credibilidad del Gabinete de Seguridad y por ende las más importantes del Estado mexicano.
El presidente ordenó que las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia asumieran funciones tradicionalmente civiles—como seguridad pública, construcción de obras, compras de equipo y servicios—actividades altamente vulnerables a la corrupción. Y aunque prometió acelerar sus proyectos emblemáticos (Dos Bocas, AIFA, Tren Maya, Corredor Interoceánico), no acompañó estas decisiones con mecanismos internos para prevenir la corrupción. Al contrario: blindó los contratos bajo el argumento de “seguridad nacional” y promovió la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Podemos adicionar el hecho de que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo investigativo en materia del crimen organizado y corrupción gubernamental.
El caldo de cultivo perfecto para asegurar la opacidad y el debilitamiento institucional.
Las filtraciones recientes: ¿el punto de quiebre? Se confirma la preocupación que expresamos los analistas desde hace años. En las últimas semanas, han comenzado a filtrarse datos sobre familiares involucrados en el huachicol fiscal y presuntos vínculos con el tráfico de drogas en varios puertos del país. Hay que estar atentos a lo que surja sobre personal del Ejército y la Fuerza Aérea, ya sea por iniciativa propia o bajo presión del Ejecutivo, que podrían haber participado en actos de corrupción masiva, trafico de drogas y posiblemente asesinatos. Más información se transparentarn en México y Estados Unidos, en parte por la división interna en Morena, presiones de Estados Unidos y medios de comunicación que están vinculando filtraciones con documentos que se encuentran en “Guacamaya Leaks”.
Y aunque si hay soluciones, se requiere de una voluntad política y una estrategia integral: Transparencia real. Procesos internos de control, incluyendo contrainteligencia. Investigación y castigo ejemplar. Supervisión de la sociedad civil. Pero este tema lo abordaremos en profundidad la próxima semana.
