/ Denise Dresser/
Desde Palacio Nacional ya se dieron instrucciones. Todo el gobierno contra la Suprema Corte de Justicia. Todo el aparato del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. El mensaje es contundente y coordinado: la Corte es corrupta, la Corte es privilegiada, la Corte no quiso reducir los sueldos de los consejeros del INE, la Corte no respeta la voluntad del pueblo, los ministros tienen demasiados celulares y computadoras mientras el pueblo padece penurias. “Ellos” contra “nosotros”. Así López Obrador, los gobernadores de Morena, los legisladores del partido mayoritario y el Canal Once repiten medias verdades o abiertas mentiras, a coro. Retuercen lo que dictaminó la mayoría de la Suprema Corte, porque al gobierno lopezobradorista no le interesa la verdad, o la evidencia, o la Constitución o combatir los privilegios que sí dañan al país. Lo que quiere es controlar a la Corte para que no contenga sus abusos de poder.
Es falso que al anular la primera parte del Plan B, la SCJN decidiera “defender intereses particulares”. Es falso que “pasó por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”. La Suprema Corte ni siquiera se pronunció sobre el contenido de la reforma electoral propuesta. Sí se manifestó sobre el proceso desaseado de aprobación de esa ley dentro del Congreso. ¿Qué fue exactamente lo que expresó con un voto mayoritario, incluyendo el del ministro Arturo Zaldívar? Que las mayorías deben respetar las reglas. Que Morena debe aprender a deliberar, a consensar, a legislar. Que ser partido mayoritario no da permiso para ser partido tramposo o marrullero, como lo fuera el PRIAN. Que los contrapesos existen para evitar abusos de poder. Ése fue el mensaje del Máximo Tribunal, ni más ni menos. La reacción furibunda de López Obrador no es contra una Corte privilegiada; es contra una Corte empoderada. La respuesta furiosa evidencia la intención gubernamental detrás de la campaña de desprestigio. Asegurar una Corte politizada y partidizada a favor de la 4T. Asegurar una Corte a modo.
En su paso por el poder, tanto el PRI como el PAN buscaron lo mismo y con frecuencia lo lograron. A lo largo de su historia, la Corte ha pecado de obediente, sumisa, vulnerable a la presión presidencial. Con frecuencia, ha sido un tribunal más abocado a proteger intereses empresariales y fiscales que a promover derechos fundamentales. Ha sido un instrumento del poder y no una institución para controlar su ejercicio. México necesita una Corte más sensible y más consistente. Por ello sería necesario cambiar el proceso de integración para asegurar que mantenga los perfiles para crecer en democracia.
Por ello sería importante -a futuro- modificar el proceso ortodoxo, minimalista, legaloide y sin la suficiente auscultación pública con el cual se elige a los ministros. Para así garantizar su autonomía. Para así mejorar el acceso a la justicia de la población. Para hacer valer derechos ciudadanos y no sólo arbitrar conflictos políticos. Necesitamos ministrxs que sean garantes de derechos constitucionales y no protectores de quienes los pisotean desde el poder. Hombres y mujeres respetables, respetados, respetadas. No más ministras como Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz, producto de un voto popular manipulado, como quisiera el gobierno actual.
El objetivo propagandístico y político de la andanada contra la Corte no es mejorarla, o perfeccionar la calidad de sus sentencias, o asegurar la imparcialidad de sus miembros, o combatir el nepotismo y la corrupción en sus filas, o impulsar una reforma judicial que garantice justicia cotidiana para los millones que no tienen acceso a ella. Si ese fuera el caso, AMLO no habría encumbrado a Yasmín Esquivel, no habría frenado la transición a los juicios orales, no habría impulsado la prisión preventiva oficiosa que -todos los días- cierra candados para los pobres, y no habría recortado el presupuesto del Poder Judicial para entregárselo al Ejército o al Tren Maya.
Si la misión fundacional de la 4T fuera combatir privilegios, empezaría recortando los suyos: los de Palacio Nacional, los de Luis Cresencio Sandoval, los del gabinete, los de la familia del Presidente, los del Ejército y tantos más. La campaña canallesca contra la Corte evidencia la meta real del Plan C: “C” de control, “C” de cuatitud y “C” de Corte Cortesana al servicio del rey, no de sus siervos.
