17/03/2022/ Rusia debe suspender las hostilidades en el territorio de Ucrania, ha dicho el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Joan Donoghue.
“En su Orden, que tiene efecto vinculante, la Corte indica las siguientes medidas provisionales. Por trece votos contra dos, la Federación Rusa suspenderá inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania”, dijo Donoghue, lectura de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso Ucrania c. Rusia sobre alegaciones de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
También por 13 votos contra dos, el tribunal dictaminó que la Federación Rusa se asegurará de que cualquier unidad militar o armada irregular que pueda estar dirigida o apoyada por ella, así como cualquier organización y persona que pueda estar sujeta a su control o dirección, tome ningún paso en la promoción de las operaciones militares.
Por unanimidad, ambas Partes se abstendrán de cualquier acción que pueda agravar o prolongar la controversia ante la Corte o hacerla más difícil de resolver.
Donoghue dijo que, en esta etapa del procedimiento, la Corte no tiene pruebas que respalden la acusación de Rusia de que se cometió genocidio en el territorio de Ucrania.
“Además, es dudoso que la convención, a la luz de su objeto y fin, permita a las partes contratantes usar la fuerza unilateralmente en el territorio de otro Estado para prevenir o sancionar un presunto genocidio”, dijo el presidente de la Corte Internacional. de Justicia enfatizó.
Según ella, dadas estas circunstancias, la Corte considera que Ucrania tiene un derecho real a no ser objeto de acciones militares de la Federación Rusa para prevenir y castigar el presunto genocidio en el territorio de Ucrania.
Donoghue llamó la atención sobre el hecho de que las medidas provisionales tomadas por el tribunal no son idénticas a las solicitadas por Ucrania.
El Presidente de la Corte Internacional de Justicia ha declarado que las sentencias y las medidas provisionales en virtud del artículo 41 del Estatuto de la ONU son vinculantes y, por lo tanto, crean obligaciones jurídicas internacionales para cualquier parte a la que se dirijan las medidas provisionales.
