Por Yamiri Rodríguez Madrid
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor de las personas privadas de la libertad ante la pandemia del Covid19, y subrayó que se debe garantizar la desinfección de los centros penitenciarios, así como la distribución de material sanitario, principalmente entre quienes son considerados población en riesgo.
La última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se publicó en 2016. En esta se informaba que hay 32 penales en el Estado de Veracruz y que el 64.4 por ciento de los reos tiene entre 18 y 39 años. Más importante aún es que 59.3% de la población privada de la libertad compartió su celda con una y hasta cinco personas. Aunque han pasado cuatro años, la situación no ha cambiado mucho y hoy, en tiempos de Covid19, es una sentencia a enfermarse.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, ha negado que existan brotes de Covid19 en las cárceles veracruzanas, aunque las familias de algunos internos digan lo contrario y, en estos más de tres meses, no ha comunicado las acciones que emprenden para evitar los contagios.
El hacinamiento en que han estado los penales, no solo en la entidad, sino en todo el país, es una condición de décadas que hoy funciona como caldo de cultivo para que haya más enfermos. De acuerdo con diversos reportes, las cárceles de la Ciudad de México y de Baja California son las que más enfermos de Covid19 presentan, pero ante el número de contagios que se presentan, los reos están en una situación de gran riesgo.
Más allá de ocultar o de negar la información de cuántos enfermos hay en las cárceles veracruzanas –es imposible que no haya un solo caso-, lo que urge es que la SSP acate las recomendaciones hechas por la CNDH, como las adecuaciones necesarias bajo el enfoque de los Derechos Humanos, reclasificación de la población y campañas para que se informen. Esto se hizo desde el 15 de abril y, hasta hoy, aquí no hemos visto que la dependencia estatal mueva un dedo por procurarlo.
@YamiriRodriguez
