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06.08.2026 Ciudad de México.- La detención y posterior vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, abrió un nuevo frente de controversia política y jurídica con la presentación del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, integrado por figuras de distintos sectores de la vida pública.
La iniciativa fue presentada por Verónica Ruffo Appel, hija del exmandatario, quien anunció que asumirá la coordinación de este grupo ciudadano, concebido como una instancia plural y no partidista cuyo objetivo, según sus promotores, será dar seguimiento al proceso judicial, promover el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, además de vigilar las condiciones de salud y los derechos humanos del exgobernador.
La presentación reunió a defensores de derechos humanos, académicos, exfuncionarios y políticos de distintas corrientes, entre ellos Mariclaire Acosta, Emilio Álvarez Icaza, Jorge G. Castañeda, Rossana Herrera Bours, María Amparo Casar, Edmundo Jacobo, José Ignacio Peralta y Amado Avendaño Villafuerte.
El pronunciamiento ocurre después de que Ruffo fue detenido el 16 de julio por la Fiscalía General de la República y posteriormente enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, en el Estado de México. El exgobernador fue vinculado a proceso el 23 de julio junto con otros siete imputados por delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
La Fiscalía sostiene que los acusados estarían relacionados con una red dedicada al contrabando de combustibles. De acuerdo con la investigación presentada durante el proceso, la operación habría involucrado grandes volúmenes de hidrocarburos introducidos al país mediante mecanismos irregulares de importación. La defensa de Ruffo, por su parte, ha cuestionado la solidez de las pruebas y sostiene que su participación empresarial no implica responsabilidad en las actividades ilícitas que se le atribuyen.
En este contexto, el nuevo comité busca colocar la discusión en otro terreno: el de las garantías judiciales y la independencia de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Durante la presentación, Verónica Ruffo fue cuestionada sobre si mantiene confianza en el proceso judicial que enfrenta su padre. Su respuesta fue tajante: “No, no, no y no”.
La hija del exgobernador afirmó que una de las prioridades del comité será velar por la salud y los derechos humanos de Ruffo, quien tiene 74 años y permanece recluido en el Altiplano. Desde su perspectiva, la situación que enfrenta corresponde a la de un “preso político”, una caracterización que también han utilizado dirigentes y legisladores de oposición, aunque el gobierno federal y Morena han rechazado que exista una persecución política.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que no existe utilización política de las instituciones de justicia en este expediente y ha señalado que la FGR presentó elementos de prueba en contra del exgobernador. La mandataria también ha insistido en que corresponderá a los jueces determinar la responsabilidad de los acusados.
La confrontación alrededor del caso ha adquirido así una dimensión política. Mientras integrantes del PAN y otras voces opositoras presentan a Ruffo como víctima de una persecución, el gobierno federal sostiene que se trata de una investigación penal sustentada en evidencias y que su trayectoria política no puede colocarlo por encima de la ley.
El Comité Plural pretende ahora llevar el caso más allá de la disputa entre partidos.
Emilio Álvarez Icaza afirmó durante la presentación que la intención es impedir que el expediente quede “sepultado bajo la impunidad” y anunció el desarrollo de una estrategia nacional e internacional para documentar y hacer visible el proceso. De acuerdo con lo anunciado, el grupo buscará informar a la sociedad, acompañar el caso y promover acciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos y las garantías judiciales.
Álvarez Icaza sostuvo además que Ruffo es un “preso político” y planteó que el expediente debe ser observado como un caso relacionado con la independencia judicial y el Estado de Derecho.
La participación de Jorge G. Castañeda y Mariclaire Acosta apunta, además, hacia una dimensión internacional. Ambos anunciaron que se impulsará una estrategia para llevar el caso ante organismos de derechos humanos y medios de comunicación extranjeros, con la intención de que el proceso sea analizado desde la perspectiva de las garantías judiciales.
El comité anunció que en los próximos días comenzará la conformación de capítulos estatales y municipales, además de una agenda de observación, información y acompañamiento ciudadano.
Entre los nombres que aparecen como integrantes o simpatizantes de esta iniciativa figuran exgobernadores, legisladores, académicos, activistas, periodistas y exfuncionarios públicos, entre ellos Alberto Cárdenas Jiménez, Carlos Medina Plascencia, Clara Jusidman, Fernando Canales Clariond, Francisco Javier Ramírez Acuña, Guadalupe Acosta Naranjo, Juan Carlos Romero Hicks, José Guadalupe Osuna Millán, María Amparo Casar, Miguel Márquez Márquez, Patricio Patrón Laviada, Rubén Moreira Valdez, Vicente Fox Quesada y Yvonne Mercado.
La amplitud de los nombres involucrados busca precisamente presentar el movimiento como una iniciativa ciudadana y no como una estructura partidista en defensa de un militante del PAN.
El caso tiene una relevancia adicional por el papel que Ernesto Ruffo desempeñó en la historia política mexicana. En 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición elegido en México en la etapa contemporánea, al ganar para el PAN la gubernatura de Baja California y romper el predominio que el PRI había mantenido durante décadas en los gobiernos estatales.
Aquella elección convirtió a Ruffo en una figura emblemática de la alternancia política y en uno de los personajes asociados con la transición democrática mexicana. Décadas después, su situación jurídica lo coloca nuevamente en el centro del debate político nacional, aunque ahora desde una posición completamente distinta.
La investigación que derivó en su detención está relacionada con la empresa Ingemar, de la que Ruffo fue accionista. La FGR sostiene que la compañía habría formado parte de una estructura utilizada para el ingreso irregular de combustibles al país. La investigación llevó también a la detención de otros empresarios y agentes vinculados con la operación.
Después de una audiencia que se prolongó durante más de 24 horas, una jueza federal determinó vincular a proceso a Ruffo y a otros siete acusados. La medida cautelar de prisión preventiva fue mantenida, por lo que el exgobernador permanece en el Altiplano mientras continúa el proceso penal.
La vinculación a proceso, sin embargo, no equivale a una sentencia condenatoria. Ruffo conserva jurídicamente la presunción de inocencia mientras no exista una resolución definitiva que determine su responsabilidad penal.
Precisamente ese principio constituye uno de los ejes centrales del nuevo comité. Sus integrantes sostienen que la relevancia política del exgobernador no debe determinar el resultado del procedimiento, pero tampoco puede utilizarse para justificar un trato distinto al que corresponde a cualquier persona sometida a un proceso penal.
El debate que comienza ahora será, por tanto, doble. Por una parte, las autoridades deberán acreditar ante los tribunales las acusaciones formuladas contra Ruffo y los demás imputados. Por otra, sus defensores intentarán demostrar que el procedimiento se desarrolla con apego estricto a las garantías constitucionales y sin motivaciones políticas.
Con la creación del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, la familia y sus simpatizantes buscan que el expediente deje de ser únicamente un asunto judicial y se convierta en un caso observado por organizaciones civiles, actores políticos y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
El desenlace corresponderá a las autoridades judiciales. Pero, mientras el proceso avanza, la disputa pública sobre Ernesto Ruffo ya se convirtió en uno de los nuevos puntos de tensión entre el gobierno federal y sectores de la oposición, con una pregunta de fondo que el comité pretende colocar en el centro de la discusión: hasta dónde puede llegar la acción penal del Estado sin poner en riesgo la independencia judicial, el debido proceso y la presunción de inocencia.