* Esto es lo que nos pasa a quienes alzamos la voz en Oaxaca denuncia el periodista Ignacio Santiago.
07.11.2026.Oaxaca.- Un nuevo ataque contra un periodista volvió a encender las alertas sobre las condiciones de seguridad para ejercer la libertad de expresión en Oaxaca. Esta vez, sujetos armados dispararon contra un restaurante de mariscos propiedad de Ignacio Santiago, director del portal informativo Pluma Digital Noticias, ubicado en Juchitán de Zaragoza.
El comunicador denunció la agresión y la relacionó con amenazas y presuntas exigencias económicas que habría recibido con anterioridad. De acuerdo con su testimonio, personas desconocidas le exigían 50 mil pesos por concepto de derecho de piso, cantidad que se negó a entregar. Santiago considera que esa negativa pudo haber motivado el ataque contra su establecimiento.
En un “en vivo” en facebook el periodista oaxaqueño dijo: “es lo que nos pasa a quienes alzamos la voz en Oaxaca_ y denunció Ignacio Santiago en su mensaje dirigido a la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Nos tirotean, nos amenazan de muerte pero aquí vamos a seguir alzando la voz por Juchitán”, advirtió.
No hay, al momento, reporte preliminar oficial ni tampoco se ha establecido oficialmente que el atentado esté relacionado con su actividad periodística, aunque las amenazas denunciadas por el comunicador obligan a investigar esa posible conexión.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones en las que trabajan periodistas y comunicadores en Oaxaca, una entidad marcada por antecedentes de amenazas, intimidaciones, agresiones físicas y asesinatos de integrantes del gremio.
La agresión tiene una particularidad: Ignacio Santiago no es ajeno a la violencia contra periodistas. En enero de 2022, antes de que Salomón Jara asumiera la gubernatura, sobrevivió a un ataque armado cuando viajaba por la región Mixteca. En aquella ocasión, hombres armados que se desplazaban en un taxi dispararon contra el vehículo en el que viajaba junto con sus escoltas. Desde entonces cuenta con medidas de protección federal.
En el ataque más reciente, ocurrido este 7 de noviembre, los agresores dispararon contra la fachada de su restaurante Rockaway, ubicado sobre la carretera Juchitán-El Espinal, a la altura del Canal 33. Según la información difundida por el propio comunicador, se encontraron al menos 11 impactos de bala calibre 9 milímetros. Además, señaló que la Fiscalía le informó sobre indicios de una primera agresión contra el establecimiento, de la que no se había percatado.
El periodista también denunció que desde julio pasado había recibido un video con exigencias de 50 mil pesos por concepto de extorsión. De acuerdo con su testimonio, presentó una denuncia ante las autoridades. La agresión contra su negocio ocurre pese a que cuenta con protección federal desde hace varios años, lo que vuelve a poner en cuestión la capacidad de las medidas de seguridad para prevenir nuevos ataques
El caso generó pronunciamientos de periodistas de la región del Istmo de Tehuantepec, quienes condenaron el ataque y demandaron a las autoridades estatales y federales garantizar la seguridad de Santiago, revisar sus medidas de protección e investigar a los responsables materiales e intelectuales.
La Alianza de Comunicadores del Istmo advirtió que la agresión no debe considerarse un asunto exclusivamente patrimonial, pues el ataque contra un periodista y su entorno también puede representar una amenaza para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la población a recibir información.
Oaxaca: las cifras de violencia contra periodistas durante el gobierno de Salomón Jara
El nuevo atentado ocurre en un contexto preocupante. Desde que Salomón Jara Cruz asumió la gubernatura de Oaxaca, en diciembre de 2022, se han documentado agresiones, amenazas, hostigamiento y ataques armados contra integrantes de la prensa.
Uno de los primeros balances fue presentado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en julio de 2024. En ese momento, el organismo informó que tenía bajo investigación 17 agresiones contra periodistas ocurridas durante la administración de Jara.
De acuerdo con los registros proporcionados entonces, cinco correspondían a quejas presentadas durante 2023, además de nueve cuadernos de antecedentes, mientras que durante los primeros meses de 2024 se habían iniciado otras tres quejas.
Por su parte, Artículo 19 había documentado 11 agresiones contra periodistas en Oaxaca durante 2023 y cuatro más en lo que iba de 2024, según el balance publicado en ese periodo.
Sin embargo, el panorama se amplió con el informe especial Situación de las Personas Periodistas en Oaxaca, publicado por la DDHPO el 15 de octubre de 2026.
El documento ofrece un registro institucional más reciente: entre marzo de 2023 y julio de 2026, la Defensoría contabilizó 30 expedientes de queja y 22 cuadernos de antecedentes relacionados con personas periodistas. En conjunto, registró 64 servicios de atención.
Es importante precisar que estas cifras corresponden a expedientes, antecedentes y servicios institucionales, no a 64 atentados independientes. Tampoco deben sumarse automáticamente a los registros de otras organizaciones, porque pueden referirse a los mismos acontecimientos
El informe también documentó que 28 de los 30 expedientes de queja procedían de Valles Centrales, mientras que uno correspondía a la Costa y otro al Istmo. La Defensoría advirtió que esta distribución no significa que las demás regiones sean menos peligrosas, sino que refleja las diferencias en el acceso a las instituciones y en las posibilidades de denunciar.
Otro dato relevante es que la Fiscalía General del Estado reportó 33 carpetas de investigación relacionadas con el periodismo y la defensa de los derechos humanos hasta el 24 de abril de 2025. De ellas, 18 estaban relacionadas con amenazas, el delito más frecuente en ese conjunto de investigaciones.
Dos asesinatos de periodistas durante la actual administración
La violencia contra la prensa en Oaxaca también ha alcanzado su expresión más grave: el asesinato de comunicadores.
El 22 de julio de 2026 fue asesinado Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista que había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y que publicaba la columna digital El Zumbido del Moscardón.
El comunicador fue atacado con armas de fuego en un puesto de comida del municipio de San Pablo Etla. Su homicidio provocó pronunciamientos de organizaciones periodísticas y de autoridades estatales y federales.
El caso adquirió mayor gravedad después de que la DDHPO emitiera la Recomendación 16/2026 contra la Fiscalía General del Estado, al acreditar deficiencias en la atención de las amenazas que Leyva había denunciado antes de su asesinato.
Según la investigación de la Defensoría, desde julio de 2025 el periodista había advertido sobre amenazas de muerte, hostigamiento e intimidaciones relacionadas con su actividad informativa. También había solicitado que se atendiera su situación de riesgo.
Pese a los antecedentes, la Fiscalía no dio seguimiento adecuado a las denuncias ni garantizó una comunicación efectiva sobre las investigaciones. La Defensoría también documentó omisiones en las gestiones para que el Mecanismo Federal de Protección conociera su situación.
En febrero de 2026, el comunicador continuaba recibiendo amenazas. Cinco meses después fue asesinado. La recomendación acreditó violaciones a sus derechos humanos, a la libertad de expresión, a la seguridad personal y al acceso a la justicia.
A este crimen se suma el asesinato de Hamurabi Huesca, periodista independiente y director del portal Pinotepa Comunica, ocurrido el 9 de octubre de 2026 en Santiago Pinotepa Nacional.
El comunicador también trabajaba como taxista y fue alcanzado por disparos mientras esperaba realizar un servicio de transporte.
La Fiscalía estatal señaló inicialmente que una de las principales líneas de investigación apuntaba a una disputa entre células criminales de la región. Sin embargo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que no se descartara la posible relación entre el homicidio y su trabajo periodístico.
El 23 de octubre, la Relatoría condenó el asesinato y recordó que la violencia contra periodistas no solamente afecta a quienes la padecen directamente, sino que también provoca un efecto de intimidación sobre el resto del gremio y limita el derecho de la sociedad a recibir información
Una entidad con antecedentes de violencia e impunidad
El informe especial de la DDHPO también advierte que Oaxaca acumula 16 asesinatos de periodistas relacionados con su actividad informativa entre octubre de 2006 y julio de 2026, de acuerdo con los registros de Artículo 19.
Asimismo, documenta que la entidad registró 157 agresiones contra periodistas durante el periodo 2018-2024. Esta cifra corresponde a un periodo distinto y no debe atribuirse exclusivamente al gobierno de Salomón Jara.
El organismo también señala que Oaxaca carece de una ley estatal específica de protección a periodistas y de un mecanismo estatal propio, por lo que buena parte de las acciones de protección depende de la coordinación con las instancias federales y de las medidas instrumentadas por las autoridades locales.
La situación resulta especialmente delicada porque las agresiones no se limitan a ataques armados. Las amenazas telefónicas, la intimidación, el hostigamiento digital, las agresiones físicas durante coberturas y los señalamientos contra comunicadores forman parte de los riesgos identificados por la Defensoría.
En su análisis, el organismo también encontró que tres de cada cuatro señalamientos por autoridad en los expedientes de queja correspondían a dos instituciones encargadas de garantizar la seguridad y procurar justicia: la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
De los 45 señalamientos registrados entre marzo de 2023 y julio de 2026, 24 correspondían a la Fiscalía y 10 a la Secretaría de Seguridad.
El asesinato de Francisco Alejandro Leyva, las amenazas que precedieron su muerte, el homicidio de Hamurabi Huesca y ahora el ataque contra el restaurante de Ignacio Santiago muestran que la violencia contra periodistas continúa siendo un problema sin resolver en Oaxaca.
Aunque no existe un registro público único que permita establecer con precisión cuántos atentados independientes se han cometido contra periodistas desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2026, los expedientes de la DDHPO, los reportes de organizaciones civiles y los asesinatos documentados permiten dimensionar la gravedad del problema.
La exigencia para el gobierno de Salomón Jara y las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia no se limita a condenar públicamente cada agresión. También implica garantizar protección efectiva, investigar las amenazas antes de que se conviertan en ataques y evitar que los crímenes contra periodistas permanezcan sin castigo.
Porque cuando se ataca a quienes informan, no solamente se pone en peligro la vida de una persona: también se intenta silenciar a una sociedad que tiene derecho a conocer lo que ocurre en su comunidad.