Alguien como tú.
/Gladys Pérez Maldonado./
Ser adolescente en 2026 es navegar una etapa biológica y emocionalmente intensa en un mundo que multiplica los riesgos y diluye las garantías. Resulta provocador constatar que, mientras el lenguaje de los derechos humanos se ha vuelto cotidiano, las adolescencias siguen siendo una etapa frágil y poco protegida. La conversación institucional celebra tratados y convenciones, pero el acceso real a derechos básicos como la salud mental, la seguridad digital, la integridad corporal o la educación crítica continúa incompleto. La adolescencia, lejos de ser proceso de maduración acompañado, se ha convertido en un territorio donde las vulnerabilidades se hacen visibles, pero no siempre se atienden.
El primer gran riesgo es la salud mental entendida como derecho. En la última década, organismos internacionales y especialistas han advertido el incremento sostenido de depresión, ansiedad, autolesiones y conductas suicidas entre adolescentes. Sin embargo, pocos Estados han asumido la obligación de garantizar infraestructura, personal capacitado y rutas de atención dignas.
En la práctica, la salud mental se medicaliza o se trivializa, pero rara vez se reconoce como componente esencial del bienestar. Las escuelas no suelen contar con psicólogos, los sistemas de salud priorizan enfermedades físicas y las familias, absorbidas por jornadas laborales extensas, carecen del tiempo o las herramientas para acompañar emocionalmente. La adolescencia actual convive entonces con el silencio institucional y la exposición emocional, una combinación peligrosa.
El segundo riesgo es la violencia digital, una forma de violencia contemporánea que aún no se aborda plenamente desde el enfoque de derechos. Si el mundo digital es el nuevo espacio de socialización adolescente, también es el nuevo campo donde se producen hostigamientos, extorsiones, filtraciones íntimas, discriminación y humillaciones públicas de gran alcance. La diferencia con generaciones anteriores es que el error ya no se olvida: se documenta, se viraliza y permanece disponible para auditorías futuras. La privacidad, la reputación y la identidad, todas dimensiones protegidas por los sistemas de derechos humanos, se vuelven frágiles ante el poder de un algoritmo o un grupo escolar organizado en chats.
El tercer riesgo es la presión por definir la identidad demasiado pronto. Adolescencia y experimentación deberían ser sinónimos, pero el entorno exige definiciones inmediatas, esto es, qué estudiar, qué pensar, quién ser, cómo verse, con quién estar. Las redes sociales refuerzan lógicas binarias de éxito o fracaso, belleza o rechazo, pertenencia o exclusión. La identidad deja de ser proceso para convertirse en producto, y cuando la identidad es producto, el mercado decide.
La adolescencia se ve atrapada entre deseos propios y expectativas ajenas, un conflicto que rara vez se considera desde la perspectiva de autonomía personal, derecho a la libertad de pensamiento y desarrollo libre de la personalidad.
El cuarto riesgo es la precariedad material. América Latina y México en particular, expone a los adolescentes a dinámicas de desigualdad que condicionan el ejercicio pleno de derechos. La educación se vuelve más costosa, el acceso a salud requiere trámites y tiempo, y el futuro laboral luce incierto. La pandemia profundizó esas brechas, millones de jóvenes abandonaron la escuela por razones económicas o emocionales, y las rutas de retorno siguen insuficientes. Hablar de derechos humanos sin mencionar condiciones materiales es un ejercicio incompleto; sin recursos no hay acceso real a derechos.
El quinto riesgo, menos visible, es la soledad. La hiperconexión tecnológica produce vínculos veloces pero frágiles, y la pertenencia se negocia en plataformas que premian el ruido, no la intimidad. La soledad adolescente ya no es silencio, es saturación, mensajes que no acompañan, notificaciones que no consuelan y seguidores que no se convierten en redes de apoyo.
Frente a estos riesgos, la respuesta institucional aún es tímida. Los marcos normativos existen, tratados internacionales sobre infancia, directrices de derechos humanos, programas educativos y políticas sectoriales. Pero falta articulación, presupuesto, formación docente, educación sexual integral, alfabetización digital crítica y acompañamiento emocional. El reto es comprender que proteger adolescencias no es un acto de caridad, sino una obligación jurídica y ética.
Los adolescentes de hoy no son problemáticos, son una generación que enfrenta problemas inéditos con herramientas insuficientes. Y pese a todo, despliegan una sensibilidad más empática, más informada y más dispuesta a cuestionar lo que antes se asumía como norma. El desafío no es corregirlos, sino acompañarlos. Porque los riesgos de ser adolescente ahora existen y son reales, pero no son inevitables. Dependerá de nosotros, sociedad, familias, escuelas y Estado, decidir si la adolescencia se vive como etapa de riesgo o como etapa de posibilidad…
