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/ Jorge Fernández Menéndez /
En Tamaulipas, el asesinato de Noé Ramos, el alcalde con licencia de El Mante, que buscaba reelegirse como candidato del PAN-PRI en ese municipio, difícilmente podrá ser atribuido al crimen organizado. Noé Ramos era un político muy cercano al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuya candidatura había sido bloqueada por el TEPJF apenas unas horas antes, fue asesinado en un evento público a puñaladas.
Noé, quien operaba políticamente y gobernaba en uno de los puntos más álgidos por la presencia del narcotráfico en el país, desde hace dos años había denunciado amenazas de muerte para él y su familia. Pero el gobernador Américo Villarreal decidió quitarle hace un año la escolta de seguridad con la que contaba.
Esa custodia la volvió a solicitar Noé al gobierno estatal en por lo menos tres ocasiones por medio de tres oficios que Ramos envió en mayo y junio del año pasado, al secretario general de Gobierno del Estado, Héctor Joel Villegas: en ellos especificaba que el 27 de mayo del 2023 le habían quitado en diciembre de 2022 la escolta que había recibido, meses antes.
En esos escritos Noé Ramos reclamaba el regreso de su seguridad, porque había recibido amenazas de muerte, e incluso advertía que si algo le pasaba a él o su familia, sería responsabilidad del gobernador Américo Villarreal y de su secretario de Seguridad, Sergio Chávez. Las denuncias fueron ignoradas. En otro texto revelaba amenazas en actos públicos, y por esa razón el 14 de diciembre del 2022 acudió al Congreso para pedir protección al gobierno estatal.
Por supuesto, lo que hicieron primero fue quitarle la custodia y luego ignorar sus solicitudes. El alcalde asesinado decía que sus riesgos mayores provenían de su principal rival política local, la ahora candidata de Morena, Patty Chío de la Garza, una candidata que había sido impuesta directamente por el gobernador Villarreal, en una decisión que no fue tomada por la militancia en El Mante, sino por las oficinas de gobierno de Ciudad Victoria.
No hay detenciones por el homicidio de Noé, pese a que fue asesinado a puñaladas en un acto público. Si hubiera tenido seguridad, por lo menos el agresor hubiera podido ser detenido. Pero alguien había decidido que, pese a todo, ese candidato no tendría protección, aunque estuviera amenazado, y haber solicitado durante un año, por medio de tres oficios, esa seguridad al gobierno del estado, al operar en una zona de alta incidencia del crimen organizado. ¿Por qué? Porque era enemigo político del gobernador.
Es un crimen producto directo de la negligencia y el desinterés gubernamental por proteger a los candidatos. De poco sirve que hasta el presidente López Obrador diga que se dará protección a los candidatos que lo soliciten, incluso sin hacer el correspondiente análisis de riesgo, si después de solicitarlo durante un año las autoridades deciden no proteger a un aspirante que, sin duda, requería esa protección.
Si sumamos el asesinato de un candidato en Oaxaca, secuestrado junto con su esposa, la actual alcaldesa municipal, ocurrido también este fin de semana, tenemos ya por lo menos a 17 aspirantes asesinados desde que comenzó la campaña electoral, si ampliamos el círculo a dirigentes, aspirantes no registrados y familiares directos tenemos más de 50 y los actos de violencia suman más de 150. Todos los casos, rigurosamente, han quedado en la impunidad. De los 17 asesinatos de candidatos hay un solo detenido, que todavía no es procesado. En ningún caso se tiene a los asesinos intelectuales y, mucho menos, se saben los móviles de esos crímenes. La seguridad prometida es tan escasa que ninguno de ellos tenía protección, la hubieran solicitado como Noé Ramos o Gisela Gaytán, la candidata de Morena en Celaya, cuyo crimen muchos consideran que pudiera tener origen en los sucesores del cártel de Santa Rosa de Lima, pero por el impulso de opositores internos de Gisela dentro del propio partido Morena, donde sectores locales no querían su candidatura, impuesta, decían, por Ricardo Sheffield.
En el caso del candidato oaxaqueño Alberto Antonio García, tesorero y candidato de Morena a la presidencia municipal de San José Independencia, tanto él como su esposa, Agar Cancino, actual edil de ese municipio, fueron secuestrados. Dos días después del plagio, el candidato fue asesinato y su esposa hallada con vida, aunque no se han dado mayores detalles sobre su situación en la fiscalía del estado y en Tuxtepec. Poco antes había sido asesinado el exdiputado del PRI y tres veces presidente municipal, Heriberto Ramírez. Ese crimen también sigue impune.
En Baja California Sur, donde estuve este fin de semana, fue secuestrado Rogelio Núñez Drew, asesor político de la candidata a diputada del partido Fuerza por México, por el distrito IV en Baja California Sur, Yusahara Dahiren Álvarez Manríquez, el viernes 19 de abril en la ciudad de La Paz. Fue localizado un día después, severamente golpeado. Ahí está también el caso del secretario de organización del PAS en Sinaloa, secuestrado varios días, quien, al haber sido tan agredido, decidió dejar la vida política.
¿De qué seguridad a los candidatos pueden presumir las autoridades? No sólo no se brinda, sino que los crímenes después quedan sin excepción alguna impunes y eso alienta a ejercer aún más violencia, provenga ésta del crimen organizado o de venganzas políticas, tan cotidianas como las acciones criminales y alimentadas en muchos casos unas con otras.
