Crisis de Derechos Humanos en México es insostenible: Examen Universal ONU 2024

*Escrito por Arantza Díaz.

08.07.2024/Cimac Noticias.com/Ciudad de México.- Un total de 115 países emitieron 318 recomendaciones hacia el Estado mexicano durante el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se infirió que la crisis de derechos humanos en México es insostenible y además, se evidenció una serie de inconsistencias en torno a las decisiones y justificaciones en asuntos de militarización y derechos migrantes presentadas durante la comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos (ONU).

Esta comparecencia internacional se realiza cada cuatro años y es conocida como Examen Periódico Universal, el cual tiene por objetivo, realizar un ciclo informativo y de indagación sobre el historial en materia de derechos humanos de los países que conforman la ONU.

Cada país, comparece ante el Consejo de Derechos Humanos y se entabla una conversación que busca asentar una serie de recomendaciones que velen por la integridad de los derechos humanos alrededor del globo.

Este año, países como Chile, China, India, Camboya, Irán y otros, externaron su preocupación por lo sucedido al interior de nuestro país y recomendaron una serie de acciones estratégicas en favor de mujeres, infancias, adolescencias, migrantes, personas desplazadas y en condición de desaparecidas.

Esencialmente, México mostró una respuesta positiva en la mayoría de estos compromisos (al igual que en las ediciones pasadas celebradas desde el 2012), sin embargo, una serie de justificaciones ante la ONU que tuvieron por objetivo pasar de un total de 14 recomendaciones, produjo el movimiento de colectivas y organizaciones civiles que han pedido reconsiderar la postura del Estado mexicano.

En conferencia de prensa, activistas y personas pertenecientes al EPU (Examen Periódico Universal: México 2024) explicaron que, a pesar de que México aceptó la mayoría de las recomendaciones (304 de 318), se han dejado afuera temas que resultan apremiantes y que anuncian hacia dónde se perfila el Estado mexicano, pues de estos 14 compromisos de «toma de nota», 5 tienen que ver con militarización y 3 con personas migrantes o víctimas de desplazamiento forzado interno.

Según explicó Zoé Valenzuela del EPU, México no rechazó estos 14 compromisos de manera esencial, sino que utilizó el recurso de «tomar nota», con esta herramienta, el Estado puede pasar de dichas recomendaciones, no sin antes, justificar su decisión.

Asimismo, se señaló que como no existe un descarte absoluto, la posibilidad de acatar estos compromisos puede suceder, especialmente, con este cambio de gobierno.

De esto último, deviene la importancia de no quitar el dedo del renglón y de recordar que, en México, faltan posturas afirmativas pues con un país que se enfrenta crisis migratorias, violación a los derechos humanos y violaciones de las fuerzas armadas, lo último necesario son las medias tintas.

Militarización y migrantes: México va para atrás con sus compromisos ante la ONU

Por parte del Centro de Derechos Humanos, Zeferino Ladrillero, se contó con la participación de Hugo Arreola, quien señaló que esta «toma de nota» sobre asuntos de militarización, deja ver que tenemos un serio problema, pues no solo se trata de compromisos establecidos que tomen o no tomen, sino de por qué no lo hacen y qué nos permite entrever esto.

«El estado argumentó que no tomaría estas recomendaciones porque es un tema que se encuentra en conversación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación».

Hugo Arreola

Asimismo, en materia de espionaje, México afirmó que, en nuestro país, no se vigila, ni se espía a nadie que no sea con fines de combate contra el crimen organizado.

Sobre esto, Hugo Arreola señaló que se tiene registro de que el Estado mexicano ha adquirido tecnología de espionaje y se cuentan con, al menos, 25 casos de vigilancia con estas herramientas llamada pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

«La comunidad internacional reconoce que el país atraviesa un estado de militarización y que la llamada guerra contra el narco ha dejado una crisis de derechos humanos. El diseño institucional de las fuerzas armadas es un punto focal de la problemática dada la opacidad con la que se manejan», atajó.

Es importante señalar que una de las justificaciones clave, fue señalar que la llamada Guardia Nacional posee un carácter civil y se encuentra a disposición del pueblo mexicano, mientras que, por otro lado, se entrará en proceso para anexar a la Secretaría de la Defensa Nacional y es bien sabido que la GN posee características militares que han permeado en la construcción de una vida libre de violencia, especialmente, de mujeres y migrantes.

De esto último, se desprenden otros 3 compromisos de los que el Estado mexicano pasa de largo: Derechos migrantes. Se conforman de la siguiente manera:

  • Panamá sugirió ratificar la Convención de Apatridia de 1961: Esta convención es indispensable, pues los estados que deciden ratificar esta convención están obligados a atender la apatridia (no nacionalidad, ni identidad jurídica) a través de campañas de prevención y estadísticas. Esto pone en riesgo a las personas que se encuentran en esta circunstancia de vulnerabilidad.
  • Kazajistán demandó reformar la ley de migración para eliminar la privación de la libertad de personas migrantes en estancias migratorias, Dinorah Arceta del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) refirió que en estos espacios se llevan a cabo acciones de tortura y reclusión en contra de la voluntad y recordó, el siniestro sucedido en la estación de Ciudad Juárez y que resultó en la muerte de 38 migrantes que se encontraban recluidos.
  • Nueva Zelanda exigió el retiro gradual de las fuerzas armadas en los procesos migratorios

«No quieren desmilitarizar la política migratoria, hemos documentado una serie de violaciones a los derechos humanos a manos de la Guardia Nacional que van desde separación de familia, encarcelamiento, abuso físico, encapsulamiento e incluso, casos de ejecución extraoficial de personas migrantes. Instamos al estado a rectificar su postura».

Dinorah Arceta, IMUMI.

Entre buena parte de los compromisos que México sí pautó, se encuentra la violencia de género, sin embargo, queda expuesto que la idea de la interseccionalidad aún está fuera del radar del estado mexicano, pues las recomendaciones de las que optó por pasar de largo son catalizadores indiscutibles de la violencia en contra de mujeres, sector que resiente con mayor violencia la migración y el poderío de las fuerzas castrenses.

México no puede refrendar que hará uso de su cabalidad y fuerza para erradicar la violencia contra las mujeres, intentando desarmar solo algunas estructuras de poder y no un sistema que se articula de manera conjunta.

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