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/ Eduardo Sadot /
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE anticipa un problema mayor para MORENA. Sheinbaum se ha distraído de su tarea de gobernar y ha dedicado mañaneras infructuosamente a recomponer el prestigio de su partido y deslindarlo de ese nombramiento. Pero las consecuencias no alcanzan solamente a MORENA: comprometen al Estado de derecho, la credibilidad electoral, los derechos de las mujeres y, sobre todo, a México, cuya democracia no puede quedar sujeta a decisiones partidistas. Taddei fue nombrada bajo el principio constitucional de paridad, conquista legítima de las mujeres. Sin embargo, la paridad no convierte la condición de mujer en privilegio ni en escudo frente a responsabilidades. Los artículos 1.º y 4.º constitucionales reconocen la igualdad; el 41 establece la paridad. Ninguno significa impunidad ni exclusividad.
Ahora la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados impulsa una convocatoria para sustituir a Taddei exclusivamente con mujeres, para preservar una presidencia femenina. ¿Puede un acuerdo parlamentario restringir el derecho de los hombres a participar? El artículo 35, fracción VI, constitucional reconoce a la ciudadanía el derecho a ser nombrada para empleos o comisiones del servicio público si reúne los requisitos legales. La paridad no es exclusión; las acciones afirmativas corrigen desigualdades, no crean privilegios.
Al excluir de antemano a los hombres, quienes acrediten una afectación directa podrán impugnar la convocatoria mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, previsto en los artículos 79 y 80, numeral 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los artículos 35 y 99 constitucionales. Si el Tribunal declara fundados los agravios, podría ordenar reponer etapas o afectar la validez de la designación. Un acuerdo político no está por encima de la Constitución. Hay algo más preocupante: en un proceso electoral en desarrollo, un pronunciamiento del Tribunal Electoral que respalde la continuidad de un procedimiento cuestionado proyectaría desconfianza.
Su función no es convalidar decisiones políticas, sino verificar su apego a la Constitución y las leyes. La percepción de parcialidad debilitaría la confianza ciudadana y la legitimidad electoral. Los señalamientos sobre posibles irregularidades y conflictos de interés alrededor de Taddei deben investigarse. Los artículos 108 y 109 constitucionales establecen el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Renunciar no borra responsabilidades ni cancela investigaciones. ¿Dónde estuvieron las voces que dicen defender los derechos de las mujeres cuando se cuestionaban la independencia y conducta de quien encabezaba una institución fundamental? Defender a las mujeres no significa defender incondicionalmente a una funcionaria por ser mujer: significa exigir igualdad y responsabilidad ante la ley.
La renuncia de Taddei debe abrir el esclarecimiento y la rendición de cuentas. MORENA no puede deslindarse de su responsabilidad política ni Sheinbaum pretender que las decisiones de su partido le son ajenas. El INE no es patrimonio de un partido ni de una persona: es una institución de los mexicanos. Lo que está en entredicho o no es solamente un nombramiento, sino la confianza en las instituciones, la imagen de las mujeres un cargo público, la honestidad de MORENA, la imparcialidad de la JOCOPO, la legitimidad electoral y el futuro democrático de México. De ese tamaño es el daño y de la irresponsabilidad.
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